Como venimos sosteniendo en diferentes notas, el rechazo a las reformas en el plano laboral y previsional que intenta llevar adelante el gobierno nacional aumenta cotidianamente y se expresa en multiplicidad de formas; en las calles, en los lugares de trabajo, de estudio, en las barriadas.
Pero además, hay un ámbito que muchas veces no es tenido en cuenta que es el ámbito familiar; en el seno de cada familia trabajadora, a la par de sufrir los aumentos de los precios y la pérdida del poder adquisitivo del salario, se debaten los efectos de las reformas propuestas. Si bien aun se debe seguir esclareciendo sobre el tema la percepción general y hasta diríamos el “olfato” popular, comienza a concluir en forma generalizada que las propuestas gubernamentales no auguran mejores tiempos para los sectores populares.
La lucha de clases, en todas sus manifestaciones, hace tambalear por arriba los “acuerdos” de las últimas semanas. Votada la ley de reforma previsional en el Senado (que dejó memorables frases como las del senador Pichetto: “Tuvimos la ingrata tarea de votar esta ley«; o la del diputado Tonelli: “los jubilados recibirán menos plata pero no perderán poder adquisitivo») los bloques de la oposición en la cámara de diputados ya anticiparon que la ley es inconstitucional y que así no se puede votar. La reforma laboral sigue trabada en el Senado y ya se habla que hasta el año próximo no se podrá tratar en el recinto.
Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones los acuerdos por arriba deben pasar luego por la situación que se presenta por el abajo, que nunca deja de moverse y de manifestarse.
Porque esto es lo que realmente pasa. No se trata que los diputados y senadores ahora se hayan vuelto considerados con los efectos de leyes que apuntan a deteriorar aun más el nivel de vida de trabajadores y jubilados; ni que la “billetera que consigue votos” no se ofrezca generosa. Oficialistas y opositores querrían que fuera un mero trámite administrativo votar estas leyes, pero la crisis política lo tiñe todo y se agrava en la medida que los sectores obreros y populares no brindan un consenso generalizado y, más aun, comienzan a expresar un rechazo cada vez más abierto a las medidas de ajuste.
Esta semana se conoció que las bases metalúrgicas en Tierra del Fuego rechazaron masivamente el acuerdo firmado por la cúpula del ese gremio, en el que aceptaban resignar aumentos salariales por dos años.
Pero atención, la burguesía monopolista no descansa en su intención de dividir al pueblo; por el contrario, esa política es congruente con su necesidad de conseguir un mínimo consenso a las medidas que quieren llevar a cabo. De allí que todas las iniciativas en contra de los planes del gobierno deben apuntar a lograr la más amplia unidad de los sectores trabajadores y populares.
Esa amplia unidad es imperiosa dado que, como ya lo hemos dicho, las leyes impulsadas y su implementación sólo podrán ser frenadas imprimiendo un carácter eminentemente político a la movilización y a la lucha.
El enemigo de clase nos pone en la misma línea de fuego a los trabajadores y pueblo en general cuando impulsa sus planes, al mismo tiempo que intenta meter cuñas para confundir y dividir al movimiento de luchas.
Es por eso que las políticas revolucionarias deben tejer esa unidad desde lo más profundo de la lucha. Hay que seguir adelante con campañas de esclarecimiento, charlas informativas, actos y movilizaciones en todos los niveles, siempre apuntando a la participación activa de las masas obreras y populares.
La estrategia de la unidad política del pueblo está muy lejos de cuestiones partidarias y/o sectoriales y debe enmarcarse en la necesidad de frenar los planes de la burguesía monopolista y su gobierno, al mismo tiempo que se siguen solidificando las bases de una unidad política que haga nacer una propuesta que incluya y aglutine los intereses de las mayorías.