Como es de conocimiento público, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza con un proyecto de ley que comenzará a tratarse el 7 de diciembre del corriente año en la Legislatura, referido a la creación de una universidad de formación docente que ya tiene un nombre: UniCABA.
De aprobarse dicho proyecto, lo cual es casi un hecho dada la composición política de la legislatura porteña, se producirá el cierre de los 29 Institutos de Formación Docente o Profesorados de gestión estatal, algunos de ellos de reconocido prestigio en lo que hace a la formación académica y la trayectoria institucional.
Llamativamente, los profesorados de gestión privada no serían alcanzados por la reforma propuesta. La justificación del gobierno es simple: se trataría de jerarquizar la formación docente al otorgarle el estatuto de formación universitaria, es decir, el título universitario reemplazaría, para los futuros egresados, al actual título terciario de los docentes.
Un dato interesante nos orienta acerca de las verdaderas razones de la propuesta: el Rector de la Universidad docente, de aprobarse el proyecto, será designado por el poder ejecutivo de la Ciudad. Con lo cual, se torna evidente la intención de delinear las políticas educativas desde el aparato ideológico de la clase dominante.
Otro argumento que esgrime el gobierno para defender su proyecto señala que, al tratarse de una oferta educativa de nivel universitario, resultará más tentadora para los futuros docentes, ya que faltarían docentes en la Ciudad. Falso. Existe alta demanda en los Institutos de Formación Docente. Lo que ocurre es que la carrera docente requiere de prácticas casi desde el inicio de la formación y este hecho torna difícil sostener las cursadas y a la vez los horarios laborales. Lo cual podría solucionarse con un adecuado plan de Becas para los alumnos de los Institutos, porque plata, en la Ciudad, es lo que sobra.
Otra cuestión bastante controversial resulta del hecho de que el proyecto de ley se ha elaborado de manera totalmente inconsulta. Los rectores de los Institutos se enteraron del proyecto por la televisión, como el resto de la población. Existió recién ayer 6 de diciembre una reunión para trabajar la iniciativa, con los rectores de los 29 Institutos y la presencia de la Ministra Soledad Acuña. De la misma se desprende que no hay ningún tipo de justificación teórica y científica para el proyecto de UniCABA.
El mismo, además y según se sostiene, se financiaría con un préstamo-subsidio del BID por un monto de 35 millones de dólares. Uno se pregunta si ese dinero no alcanzaría para financiar un sistema de Becas que facilite el recorrido de la carrera para los docentes, como se señaló un párrafo más arriba.
Otro tema que se deriva de este proyecto es el de la estabilidad laboral de los docentes que dictan horas cátedra en los Institutos de Formación Docente que desaparecerían si esta iniciativa se concreta. Se dice que habrá una transferencia total de recursos económicos -léase presupuesto- y humanos, cuando sabemos que eso resulta inviable al unificarse la formación en una única Universidad.
El proyecto del Gobierno de la Ciudad no se desprende de las reformas impulsadas por el Estado de los monopolios: las mismas, laboral, previsional y tributaria, pero también la educativa con la Secundaria del Futuro y la eventual creación de la UniCABA, apuntan a generar más ganancias para los grupos concentrados de la economía y más empobrecimiento para la clase trabajadora y el pueblo laborioso. Y esta cuestión de fondo tiene su arista también en el proyecto de creación de la Universidad docente: al concentrarse toda la enseñanza de los 29 Institutos de Formación Docente en una sola Universidad, resulta evidente que la misma no va a poder dar respuesta a la demanda de formación por parte de aquellos que deciden iniciar una carrera docente. Por lo tanto, es muy claro que dicha demanda va a ser absorbida por los Institutos privados, es decir, por los dueños del negocio.
Los Institutos de Formación Docente son autónomos, autárquicos y fundamentalmente democráticos. La propuesta del Gobierno de la Ciudad es inconsulta, arbitraria y atropella los derechos adquiridos por dichas instituciones. Lo que quieren garantizar es la “bajada de línea” ideológica que les resulta tan necesaria como la arremetida política y económica. Por todo eso le decimos NO a la propuesta de crear la Universidad Docente. Para cualquier iniciativa de ese tenor, lo primero es consultar y convocar al conjunto de la comunidad educativa.