En la madrugada del miércoles pasado, esos siniestros personajes sentados en las cómodas bancas del Congreso, que se dicen «representantes» del pueblo, votaron a favor de una reforma tributaria. La misma forma parte del plan de la burguesía monopolista en contra del pueblo y a favor de los grandes capitales, en donde el gobierno les transfiere a las empresas de manera progresiva alrededor de 150 mil millones de pesos hacia el año 2022.
Esto no ocurre en cualquier momento sino en la semana en que esa misma Cámara ya había perpetrado un nuevo robo a los jubilados con la llamada Reforma Previsional, en una jornada en donde la masiva movilización popular dejó claro qué opinaban las enormes mayorías que estos delincuentes dicen representar.
En esencia (y como era de esperarse), esta nueva ley no apunta sobre el capital; por el contrario, baja las alícuotas de las contribuciones patronales y del Impuesto a las Ganancias… a las empresas.
Los elementos principales pueden sintetizarse en los siguientes tres puntos:
1.- Reduce aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Este es uno de los cambios que más beneficios traerá a las empresas. Implementa un mínimo no imponible (MNI) para las contribuciones patronales a la seguridad social que subirá desde los $ 2.400 en 2018 hasta alcanzar los $ 12.000 en 2022, más la actualización del IPC – Indec. Es decir, por los salarios brutos mayores a $ 12.000, las empresas sólo pagarán las contribuciones por el monto que exceda el MNI.
Introduce además una reducción gradual de la alícuota de contribuciones patronales que termina unificándose en el 19,5% hacia 2022, hoy entre el 17% y 21%, dependiendo de la actividad y la región en que actúa el empleador. Todo esto con el vago argumento de «favorecer el empleo», también se eliminan las reducciones por zona geográfica y el tope máximo a los aportes personales a la seguridad social.
Esta medida sin dudas agudizará el desfinanciamiento del Anses, elemento que se suma a la quita de la parte del Impuesto a las Ganancias que ya le sacaron a los fondos de la Seguridad Social por el reciente pacto fiscal entre Gobierno nacional y los gobernadores.
2. Menor impuesto a las ganancias de las empresas. Reduce la tasa de 35 % a 25 % para las utilidades no distribuidas: 35 % en 2018, 30 % en 2019 y 2020 y 25 % en 2021.
El argumento en este caso es «incentivar la inversión» en tanto las utilidades no distribuidas pagan menos por el impuesto a las ganancias. Otro engaño: los trabajadores ya sabemos que las utilidades no distribuidas van a engrosar los capitales y beneficios personales de los capitalistas.
Una de las promesas de la campaña presidencial de Macri en 2015 era que los trabajadores no pagarían más el mal llamado impuesto a las ganancias que se aplica sobre el salario. Claramente, esa promesa terminó siendo una estafa más: los que pagarán cada vez menos son los empresarios.
3. Renta financiera. Con la idea de «decorar» de alguna manera esta nueva ley, se incluyó un gravamen menor a la «renta financiera»: 15 % para activos en dólares o indexados; y 5 % para activos de renta fija en pesos no indexados. Cabe decir que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los que el gobierno dice mirarse, las alícuotas promedio son de 42 % para los dividendos, 37 % para las ganancias de capital por acciones y 28 % para los intereses ganados.
Respecto al Impuesto al Valor Agregado habrá una devolución del crédito fiscal para empresas que realicen inversiones en un plazo máximo de 6 meses; el Impuesto al cheque se podrá aplicar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias; además de algunos otros cambios en Impuestos internos, ambientales y a la transferencia de inmuebles.
Como decíamos al principio, la esencia de la ley sobre la Reforma Tributaria aprobada en el Congreso, solo traerá nuevos beneficios a los grandes capitales, beneficiándolos de las más diversas maneras y postergando -una vez más- las necesidades y la resolución de los problemas que atraviesan millones en nuestro país.