Decíamos en muchas notas publicadas en esta misma página, que el Estado no es un instrumento imparcial ni árbitro de los conflictos sociales, sino que está moldeado para la defensa absoluta de los intereses de la burguesía monopolista, lo cual quiere decir, a la vez, que es un instrumento de sojuzgamiento y dominación para los trabajadores y el pueblo. Esta doble característica (útil para las ganancias de la burguesía y sostenimiento de su sistema capitalista de explotación y agresivo para el pueblo), expresa los intereses contrapuestos e irreconciliables entre unos y otros, en suma lo que se denomina lucha de clases.
Los gobiernos de turno que administran ese Estado, no hacen más que cumplir los mandatos de la clase dominante, claro que lo hacen esgrimiendo distintas recetas según los intereses particulares que dentro de la misma clase disputan los grandes capitales que se pelean por negocios que todos quieren y que sólo pueden obtenerse venciendo al contrario. Eso hace que gobierno tras gobierno, las luchas entre los mismos capitales se intensifiquen para dirimir quién toca la música que todos bailarán. Y esas contiendas se dan en el marco de la lucha con los trabajadores y el pueblo que es la que les quita el sueño, los debilita y hace profundizar aún más sus disputas, condicionando todas sus decisiones y negocios.
Pero veamos cómo, a la hora de velar por los intereses de clase, se comporta el gobierno de turno.
Hace unos días veíamos que delegados y algunos trabajadores del subterráneo de Buenos Aires, eran reprimidos y detenidos por la policía, acusados de delincuentes por hacer un paro reclamando una nueva paritaria del sector, ya que el 15% de aumento de salarios acordado entre el gobierno y la UTA, no llega ni siquiera a igualar (muy lejos está de hacerlo) la inflación y el brutal aumento de precios y tarifas operado en estos últimas semanas.
Previo a dicho paro, los delegados solicitaron audiencia con el ministerio de trabajo llevando adelante otras medidas. El gobierno no los atendió y durante semanas, mientras solicitaban dicha audiencia, incrementaban la intensidad de las medidas hasta llegar al paro que fue reprimido.
La actitud del gobierno administrador del Estado fue clara. No tenemos nada de qué hablar. El aumento está decidido (entre UTA y gobierno) por ambas instituciones de la burguesía. Los trabajadores deben aceptar esa situación y no hay nada que revisar. La medida es “ilegal” y está en contra de la Constitución y de las instituciones del Estado. Otro mecanismo que tiene el Estado para que el gobierno de turno pueda imponer su voluntad a favor de la burguesía aunque la mayoría del pueblo hubiera manifestado su voluntad en contrario, es el veto presidencial que practicó la ex presidenta en contra del 82% móvil para jubilados y que ahora amenaza con aplicar Macri, respecto de las tarifas.
Esa misma actitud intempestiva ha sido tomada en cada conflicto de trabajadores: azucareros, aceiteros de Cargill, colectiveros, INTI, mineros de Santa Cruz, jubilados, docentes quienes acaban de hacer una marcha enorme, y muchos etc. que tienen que ver con los múltiples reclamos populares. Sólo retroceden cuando la masividad e importancia política de la lucha se los impone.
Pero cuando se trata de la burguesía, la actitud del gobierno es otra.
En estos días se evaluó que el programa de reducción del 0,5% a las retenciones por exportación de soja iba a suspenderse momentáneamente para contribuir a la reducción del déficit fiscal y que, por la misma razón, se iba a retener un 10% sobre las exportaciones de trigo.
Rápidamente, las cuatro organizaciones empresariales (Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro, y Federación Agraria), salieron en conjunto a declarar que estaban en contra de tal medida y pedían una audiencia inmediata para tratar el tema con el gobierno.
Al día siguiente, fueron recibidos por el ministro de agroindustria y la medida no se tomó. Es decir que en junio se reducirá ese 0,5% a las retenciones y el dinero que se preveía recaudar por ese aplazamiento saldrá de otro lado. Es muy dable pensar que se intentará captar de los ingresos del pueblo a través de nuevos recortes a los fondos de educación, salud, vivienda o los llamados gastos sociales, o bien, directamente a los salarios.
Y esto es sólo un ejemplo reciente de todas las medidas que toman los gobiernos de turno frente a los reclamos populares y a las “preocupaciones” de la burguesía. Es que el Estado y todas las instituciones que lo integran (leyes, aparato judicial, fuerzas de seguridad, funcionarios, etc.), están para sostener la explotación de la fuerza de trabajo popular para enriquecimiento de la burguesía. Mayorías esclavas trabajando para beneficio exclusivo de una súper minoría parásita.
Por todo lo anterior, queda claro que la lucha por los derechos y conquistas de los trabajadores y el pueblo no sólo debe ser contra los gobiernos de turno que administran el Estado a favor de la burguesía sino también contra el propio Estado que fundamenta sus acciones en el interés particular y minoritario de esa clase.