Los combustibles acaban de aumentar el 6,5% promedio. Con este incremento, se quebró el “acuerdo” que suscribió el gobierno con las petroleras de mantener los precios durante 60 días.
Aumento y quiebre de acuerdos de parte de los capitalistas son tratados desde todo punto de vista, como una cuestión menor que sólo hay que resolver con una nueva política. Con esa naturalidad siempre se trata el sostenimiento de los porcentajes de ganancia de la burguesía, aunque vulnere las leyes vigentes, constituya delito, rompa la paz social o genere injusticias irremediables. Si se perdió un punto de rentabilidad, la burguesía debe recuperarlo… Pero nunca es así con los salarios o cualquier reivindicación popular. Por el contrario, los reclamos y luchas populares, son tratadas como ilegales, como desestabilizadoras, antidemocráticas y otros epítetos.
Sobre esta base de hierro, injusta de toda injusticia para las mayorías populares, se asienta la “democracia representativa” que le viene como anillo al dedo a la clase dominante.
Economía y política van estrechamente ligadas en cualquier sociedad. En esta sociedad los mecanismos, intereses de sostenimiento de las ganancias monopolistas y la continuidad del propio sistema basado en la propiedad privada capitalista se anticipan a cualquier decisión política. La economía, es decir, el gran capital, determina la política. Es por esa razón que afirmamos que en la fase actual mundial y, en particular, en nuestro país, las decisiones sobre la marcha de nuestra sociedad se toman en los despachos de los monopolios quienes deciden sobre el mantenimiento y sostenimiento de la tasa de ganancia y luego bajan como una catarata insoslayable de mandatos sobre las cabezas de funcionarios y ámbitos institucionales estatales. Así, el llamado sistema democrático representativo se adapta permanentemente a los dictados de los monopolios y baja con fuerza dictatorial a toda la sociedad, aunque para ello viole sus propias leyes y la constitución que ellos mismos redactaron.
Los supuestos representantes del pueblo, en realidad son representantes de los intereses monopolistas y ejecutan, hacen enjuagues y refuerzan en forma institucional, ya sea desde el parlamento, el ejecutivo, la justicia, los gobiernos provinciales o municipales, todos los mandatos de los monopolios, a cambio de jugosas “comisiones” que en realidad constituyen gigantescos sobornos.
Para el sostenimiento de este estado de cosas, es muy funcional la figura del “representante” que es elegido para que una vez en su cargo haga lo que quiere (léase lo que los monopolios deciden), con impunidad absoluta mientras dure su mandato, abjurando de todas sus promesas y mentiras propaladas para ganar los votos que lo llevaron a su sitial.
La política sirve a la economía capitalista. O sea la política está en relación con el poder económico y, mientras dure este sistema eso no se modificará por sí mismo. Para torcer ese mecanismo se requiere, como lo hemos comprobado en la práctica, de una fuerza social en movimiento que lo enfrente con decisión. Es decir el pueblo movilizado por sus reivindicaciones.
Por eso las luchas populares con sus asambleas y las organizaciones en donde se practica la democracia directa, son el enemigo del sistema actual. Poniéndose en marcha, institucionalizándose la democracia directa con la elección de personas sobre las que recaigan ciertas responsabilidades pero con el derecho a ser revocados esos mandatos, es prácticamente nula la existencia de chanchullos y sobornos. Las asambleas que deciden sobre los puntos fundamentales en forma colectiva y con la participación de las mayorías movilizadas y organizadas en cada sector de las fábricas, en toda la planta, en cualquier empresa, lugar de trabajo, estudio o barrio, desde las bases, garantiza que todo el mundo no sólo se una detrás de sus intereses reales y genuinos sino que además esté enterado de lo que se hace, con qué recursos, a dónde se destinan los mismos, quienes nos representan ocasionalmente para tal o cual función y, además, con esa metodología se garantiza también el control no sólo de los bienes materiales sino del cumplimiento de los planes y acciones que lleven a buen puerto lo que se decidió previamente en forma colectiva.
La producción de un país es obra de masas de trabajadores organizados, en consecuencia, las decisiones también deben ser de las mismas masas. No se garantiza una felicidad colectiva si no hay participación colectiva (y no sólo en el voto), sino en la planificación, la ejecución, el control y el seguimiento de lo que se resolvió. En una palabra, el protagonismo activo de la producción y desarrollo del ser humano.
Las luchas en contra de los aumentos de tarifas y precios, por la reapertura inmediata de las paritarias y/o aumentos de salarios, para que el Estado vuelque los recursos que recauda en la satisfacción de las necesidades populares y no en el sostenimiento de la ganancia de los monopolios, por mayor acceso popular a una educación de calidad, científica y popular, a la salud pública, mejoramiento de las jubilaciones y pensiones, viviendas para el pueblo, etc., deben ir acompañadas de la práctica en la calle y en cada lugar de trabajo, estudio, barrio, etc., del ejercicio de la democracia directa como preanuncio de la eliminación de la propiedad privada capitalista y su democracia representativa que ayuda a su sostenimiento.
Las luchas populares con su democracia directa dan vuelta y revolucionan todo. En el actual sistema la economía de los monopolios determina la política, mientras que en las calles, con la democracia directa como bandera, la política a favor de los intereses populares abre las puertas para las conquistas económicas, políticas y sociales y, además, sienta las bases para el desarrollo de una nueva formación económica basada en la producción social y la propiedad social de lo producido: el socialismo.