La “compensación” de las facturas de gas que el gobierno pretende que el pueblo le pague a las petroleras, no tiene ningún sostén legal ni legítimo por varias razones entre las cuales enumeramos las siguientes:
- Porque es una resolución que pretende hacerse retroactiva, lo cual es anticonstitucional porque ninguna ley puede aplicarse antes de la fecha de haberse sancionado.
- Porque las facturas ya fueron emitidas y pagadas por los usuarios, con lo cual se cancela el compromiso asumido a cambio del servicio, tras lo cual no debiera haber reclamo alguno por parte del prestador. (Es como si se compra un bien cualquiera y, un tiempo después de haberse pagado, el comerciante pretende que se le pague un extra).
- Porque las modificaciones del precio del dólar y su relación con el precio del gas a domicilio, con posterioridad al cobro de la factura, no tienen nada que ver con el contrato de hecho entre el usuario y la petrolera, dado lo cual el cliente usuario no debiera verse obligado a pago alguno.
- Porque estamos ante un grave antecedente que se generaría si se paga esa “compensación”, pues nunca sabríamos si lo que pagamos, luego tendría un ajuste retroactivo. Además abre las puertas a que cualquier vendedor de mercancías tenga el mismo derecho sobre ajustes futuros, constituyéndose así una especie de seguro sobre ganancias esperadas.
Desde donde se lo mire, la medida es absurda, artera, violenta y provocativa, y sólo puede “justificarse” con el argumento leonino impuesto por los monopolios en el país, llegando a este nivel de gigantismo ilógico en el que lisa y llanamente se garantiza la ganancia prevista por las empresas gasíferas petroleras a pesar de que los resultados no hayan sido los esperados. Claro es que si el valor del dólar es hacia abajo en relación al peso, esos monopolios no devuelven las diferencias a los usuarios.
Esto nos ubica a los trabajadores y al pueblo en general en situación de frenar en forma revolucionaria este intento descarado, violento y provocador del gobierno al servicio del gran capital.
Qué entendemos por revolucionaria: que la lucha debe ser política, es decir contra una resolución estatal gubernamental, en la calle y con decisión soberana de las masas que la llevan adelante, ejerciendo la democracia directa.
Todas las iniciativas que se están tomando desde abajo en contra de esta medida son legítimas (como las presentaciones que se están haciendo a nivel legal institucional por parte de los organismos de consumidores), pero es necesario que las mismas tengan como norte la movilización y la lucha, para no quedar entrampados en el laberinto del tiempo interminable y que en medio del reclamo se defina por el conocido “pague y después proteste”.
Entendemos que esta es una lucha política revolucionaria más, así como las emprendidas por los casos de las luchas por salarios, educación, vivienda, salud, jubilaciones, derechos adquiridos, etc., que se llevan adelante con la movilización masiva y unitaria de trabajadores y pueblo laborioso.
Y tiene que ser revolucionaria tal como hemos definido dicho término. Esta lucha se inscribe también en el camino de la liberación del yugo de los monopolios y su Estado, contra los gobiernos de turno que le sirven fielmente.
Por eso es necesario tomar iniciativas tales como asambleas en las fábricas y empresas a partir de los sectores de producción y de trabajo, reuniones barriales, en las comunidades educativas, en las escuelas y facultades y entre todos, etc. Provocar cacerolazos, organizar el no pago masivo local, zonal y regional, cortes de calles y rutas, y diversas iniciativas de toda índole con tal de asestar un golpe unitario, masivo y nacional al burdo intento de efectuar un nuevo saqueo al pueblo.