Lenin decía, con claridad meridiana, que la democracia burguesa no es otra cosa que la envoltura política del sistema capitalista. La libertad, uno de los valores esgrimidos en la Revolución Francesa, se traduce en definitiva en libertad para hacer negocios y explotar a las grandes mayorías que trabajan. Así, se instaura la nueva esclavitud del trabajo asalariado, la esclavitud moderna. El Estado, organismo de dominación de clase, va a intentar garantizar, en tanto Estado burgués, la perpetuidad de esa dominación, a través de sus aparatos ideológicos y represivos. Por ello, la dictadura de los monopolios se impone a través de las urnas y el Parlamento, o a través de los gobiernos de facto, resultantes de golpes de Estado que apuntan a continuar la tarea en relación a la cual la democracia burguesa se ha mostrado débil e impotente en su realización, dificultad que surge siempre en virtud de la resistencia del pueblo trabajador. Como expresamos habitualmente, lo que no se logra con los votos se busca imponer a palos.
Sin embargo, debemos tener cuidado con esa expresión. Porque en tiempos de democracia parlamentaria, también es cierto que el Estado burgués recurre y ha recurrido históricamente a los métodos directos y llanos de represión, en todos los gobiernos llamados democráticos de nuestra historia. Así, y para tomar sólo un ejemplo entre tantos, el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen ha sido impulsor y partícipe de la represión de revueltas, huelgas y protestas populares a lo largo de su mandato, en especial entre los años 1919 y 1922. La Semana trágica, tristemente célebre para la historia del movimiento obrero, ha dejado marcas indelebles en el seno de las masas, y significa un hito en la historia de la lucha de clases en nuestro país. El Estado burgués no dudó en reprimir con toda la fuerza de sus aparatos, incluido el ejército, a los trabajadores de los talleres Vasena, represión que se extendió al resto de una ciudad al borde de la insurrección popular. Claro ejemplo de un gobierno elegido por el pueblo por primera vez después de la hegemonía del Partido Autonomista Nacional y su sistema de gobiernos electores, que suspendió sus pretendidas funciones de Estado árbitro entre lxs trabajadorxs y la patronal para ejercer, cuando resultó necesario y en función de la escalada en la lucha de clases, una represión lisa y llana, recurriendo inclusive a los servicios de la Liga Patriótica, organización para-militar de la época, integrada por jóvenes provenientes de los sectores más acomodados de la sociedad y armados por el propio gobierno yrigoyenista.
Hoy nos desayunamos con la noticia referida a la reglamentación, por parte del Ministerio de Seguridad, el uso de armas electrónicas llamadas no letales, conocidas como pistolas Taser. La medida fue publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra Patricia Bullrich. Estas armas, utilizadas en más de 150 países en todo el mundo, disparan dos dardos unidos al arma por unos cables que, al impactar en el cuerpo, emiten una descarga eléctrica que genera un fuerte dolor e inmovilización por incapacitación neuromuscular, paralizando temporalmente al afectado por la descarga. Según la definición y los argumentos del gobierno, se trata de “armas no letales”, sosteniendo la idea de “causar el menor daño posible”, para la “utilización de la fuerza sin el empleo de armas de fuego”. El diario Ámbito Financiero, en su edición de hoy, señala que:
En tanto, en el anexo de la resolución del Ministerio de Seguridad se determina que se hará uso de las armas electrónicas no letales en los siguientes casos: «para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública».
Claramente, se habilita su uso para la represión de las protestas sociales. Sin embargo, estas pistolas no son tan “amigables” como las quieren mostrar. Amnistía Internacional, en su informe del año 2016, revela que sólo en Estados Unidos 43 personas murieron tras la aplicación de este armamento, en el marco de un uso excesivo de la fuerza por parte del personal policial. Similares informes surgen de distintas observaciones de otras partes del mundo. Es decir que en dos o tres meses, siendo que muy probablemente estas armas estén en las calles, lxs trabajadorxs tendremos que estar preparadxs para enfrentar este nuevo recurso del Estado burgués, desesperado frente a la agudización de la lucha de clases, la protesta social y la clara tendencia a ganar las calles que se manifiesta desde las bases y sus organizaciones. Estas pistolas, junto con otras “novedades” que están en carpeta, tales como bastones paralizantes y escudos eléctricos, forman parte del arsenal novedoso que planea poner en funcionamiento el gobierno de la burguesía. Recursos que bordean la desesperación de una clase que ve cómo las masas organizadas le disputan palmo a palmo los espacios de poder, dispuestas a sostener sin tregua esta lucha por la dignidad.