Las denuncias de cortes de luz de la empresa Edesur (al igual que Edenor, la otra distribuidora) no son novedad. Desde la privatización de la estatal Segba, estos monopolios, que no sólo distribuyen sino que están asociados y/o controlan también la generación y transporte de la energía eléctrica, han actuado y actúan con una impunidad absoluta. En los 90 subsidiadas para realizar inversiones; de 2003 a 2015, subsidiadas para no aumentar las tarifas; de 2015 a 2019, con tarifas dolarizadas que provocaron aumentos de hasta un 3500%. El resultado es que en pleno siglo XXI los cortes de luz, en cualquier época del año, no son una excepción sino la regla.
Note el lector de lo que estamos hablando: El Estado de los monopolios en la Argentina no es capaz de garantizar la provisión de luz.
En las últimas semanas las protestas de vecinos, sobre todo en el Gran Buenos Aires, se multiplicaron. En el medio de la pandemia el slogan “quedate en casa” olvidó agregar “pero sin luz”; lo que en muchos casos se amplía también quedarse sin agua. Entonces se empiezan a mencionar sanciones que nunca llegan, revisiones de contrato que nunca se realizan, y hasta pedidos de estatización de las empresas como si ello fuera a garantizar la solución del problema.
Pero resulta que esta cuestión debe verse enmarcada en las oportunidades que el capital monopolista aprovecha, en medio de la crisis capitalista mundial y de la pelea entre monopolios por ver quién queda en pie en el colosal proceso de concentración y centralización de capitales que está en marcha.
En referencia a eso, en el día de hoy se conoció que directivos del monopolio de origen francés Vinci Energies se reunieron con el presidente Fernández para ofrecerse como reemplazante de otro monopolio, de origen italiano, la empresa Enel.
En la página web de Edesur se informa que Enel posee el 99,46% de las acciones de la compañía; 43,097% a través de Enel Argentina S. A. y 56,363% a través de Distrilec Inversora S. A., en esta última compartiendo parte del paquete accionario de esa empresa con Hydro Distribución S. A. y RPE Distribución S. A. en la que participa Nicolás Caputo.
Vinci Energies es una multinacional que opera en 56 países de los cuales el 60% se encuentra fuera de Europa.
Como vemos el probable cambio en la concesión de Edesur apunta no a resolver la provisión de energía para el pueblo, sino a terciar en las disputas intermonopolistas por los mercados de producción y servicios a nivel mundial. Porque si de mejorar el servicio se tratara, el gobierno de Fernández debería actuar con el mismo criterio con la otra empresa que no garantiza la luz, Edenor. Pero claro, esa empresa la controla Pampa Energía S. A. cuyo titular Marcelo Mindlin hoy es un gran amigo del gobierno actual como hasta hace poco lo fue del anterior.
Todo esto demuestra que las discusiones histéricas que venden los medios burgueses sobre expropiaciones, estatizaciones, ataques a la propiedad privada y otras yerbas (como lo fue también con Vicentín) lo que encierran son la disputa en el poder de negociación y control sobre el Estado que cada grupo monopolista pueda o no ejercer.
Claro que lo está en juego es la propiedad privada entre monopolios y de allí sus peleas, que no son las de la clase obrera y el pueblo. Por lo que esperar ilusorias soluciones producto de estos enjuagues entre trasnacionales es como esperar que el zorro cuide de las gallinas.
Como dijimos anteriormente, la realidad es que el Estado de los monopolios en la Argentina no es capaz de garantizar la provisión de luz. En ese punto estamos como sociedad. Otro motivo más para luchar por la revolución y destruir ese Estado.