¿Y mi expropiación? ¿Dónde está mi expropiación?

El día de ayer el presidente Alberto Fernández derogó el DNU 522/2020 que ordenaba la intervención de Vicentin. En su Twitter y en diversas declaraciones se sigue contradiciendo: cuando hizo el anuncio él hablaba directamente de expropiación, días después ya empleó el término intervención y al poco tiempo salió a aclarar por todos lados que lo que pretende hacer el gobierno es un rescate a los acreedores. El presidente no deja de caer en contradicciones al declarar, hoy mismo por Radio El Destape “Yo no quiero estatizar deudas privadas ni salvar accionistas” cambiando el discurso de acuerdo a la audiencia, una argucia poco útil en este siglo XXI donde todo trasciende por las redes.

Como para lavarse las culpas aprovecha y responsabiliza al poder judicial de impedir la correcta intervención y la investigación del pasivo de la empresa, metiendo cuña en la interna del gobierno respecto a la reforma en el poder judicial.

Desde ya, de la situación de los trabajadores de Vicentin, así como de los obreros de Algodonera Avellaneda –forma parte del mismo grupo económico- que hace más de 50 días están en conflicto, ni una palabra. Con respecto a los acreedores, nuestro partido ha dejado en claro en sus investigaciones que la abrumadora mayoría de la deuda no es a “pequeños productores” sino a grandes capitales trasnacionales[1].

LAS CONCLUSIONES POLÍTICAS

Todo el espectro del progresismo ahora va a salir a decir que Fernández da marcha atrás por la “derecha asentada en el poder judicial”, que las movilizaciones en “defensa de la propiedad privada” le impidieron al gobierno avanzar, en fin, que la “derecha” está “muy fuerte” y que ello impide avanzar sobre la estatización/intervención/rescate (porque ya ni el kirchnerismo sabe que verbo utilizar para describir lo de Vicentin).

¿La conclusión del progresismo? “Somos un pueblo ignorante y de derecha”. Pero detrás de ese discurso se esconde una desilusión profunda sobre las expectativas de algunos sectores respecto a la caracterización del gobierno como “representante de los intereses del pueblo”. Si bien no es determinante, este es un elemento más que agudiza la crisis política de cara al pueblo trabajador.

Por su parte, la izquierda parlamentaria saldrá a vociferar que el gobierno “capitula” ante las patronales, entrega el Banco Nación –como si ambos pertenecieran al pueblo argentino, y no a la burguesía dueña del Estado- y permite la injerencia de los capitales trasnacionales, como si Vicentin fuera una empresa “nacional” y como si el origen de los capitales pudiera mitigar la explotación a los trabajadores, o el carácter de clase del Estado.[2]

¿POLÍTICA “POPULAR” O LUCHA INTERMONOPÓLICA?

No. Nuestro partido ha sido muy claro desde el principio en lo referente al tema Vicentin. Lo que hay atrás de esto es una interna entre grandes grupos económicos trasnacionales, en medio de una gigantesca crisis económica mundial que acelera los procesos de concentración capitalista. En este acelerado proceso de concentración los distintos capitales van tomando iniciativa para ganarle mercado a sus rivales. Ni bien se dio a conocer la intervención del gobierno advertíamos que detrás de la supuesta “expropiación” lo que se estaba negociando era el rescate a una serie de grupos monopólicos trasnacionales, ligados al FMI y al fondo de inversión BlackRock, es decir que la intervención a Vicentin formaba parte de la negociación con los acreedores de deuda externa, o sea, de una disputa entre grupos económicos multinacionales.

Pero en el vertiginoso devenir de la crisis económica mundial, las cosas van cambiando. Luego de la supuesta intervención del gobierno, los principales bancos acreedores acudieron a la justicia en Nueva York, donde iniciaron un pedido de investigación sobre el vaciamiento de la empresa (el famoso “Discovery”) para iniciar el correspondiente juicio.

En paralelo a esto surge el Consejo Agroindustrial Argentino, una nueva organización que nuclea 40 entidades agroexportadoras, quienes presentaron un plan productivo a distintos actores del gobierno, entre ellos, a la mismísima Cristina Kirchner, quien aplaudió la iniciativa agroexportadora.

Esta asociación –verdadero sindicato de empresas- promete elevar las exportaciones argentinas y crear 700.000 puestos de trabajo en un contexto de incremento de la generación de valor agregado de los productos alimenticios. Quitando estas previsiones y promesas incomprobables, lo objetivo es que estos sectores empresarios están buscando una disminución de costos de producción mediante lo que llaman estabilidad fiscal a 10 años[3], planes de “fomento a la inversión” –es decir, exenciones impositivas y créditos blandos- e incentivar la exportación de tecnología y conocimiento ligado al agro –o sea, facilidades para la exportación de servicios de soporte agropecuario-. La formación de esta asociación responde directamente a las necesidades del capital de generar cierta estabilidad en los mercados frente a la incertidumbre mundial generada por la crisis vigente, así como a la obtención de beneficios a través del Estado para disminuir costos. Aunque salgan a gritar a los cuatro vientos que este plan “no implica subsidios de ningún tipo”, como afirmara también Cristina Kirchner, la realidad es que todas estas medidas propuestas por el Consejo Agroindustrial son formas de subsidio indirecto a la exportación.

Al frente de este sindicato empresarial se encuentra José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales quien el día de hoy realizaba dos declaraciones curiosas en AM750: la primera que “La crisis puede generar muchas Vicentin más” reafirmando la necesidad de estos capitales de generar cierta estabilidad en los mercados. Por otro lado decía que el problema Vicentin debía ser resuelto por la justicia, y no por la intervención directa del gobierno.[4] Esta declaración, por más que parezca insignificante, expresa el pensamiento de este sector de la burguesía, que no quiere hacer olas políticas y necesita avanzar con sus negocios.

En definitiva, el caso Vicentin está cruzado por múltiples factores donde conviven los problemas políticos y económicos en plena crisis económica mundial. Desde el plano económico el proceso iniciado en la justicia de Nueva York por los principales acreedores, esos mismos que se verían beneficiados por el rescate del gobierno; a ese proceso se le suma la negociación con los acreedores de deuda externa (que está compuesto por los mismos grupos económicos) y el miedo generalizado que existe en el mercado financiero mundial a que no se produzcan defaults nacionales, tanto en nuestro país como en el resto del mundo, que podrían agudizar la crisis capitalista global. A esto le tenemos que sumar que, en caso de default en Argentina, se podría activar el swap con China, lo que significa, en criollo, que en lugar de deberle al FMI Argentina le debería al Estado chino, es decir, una transferencia en la hegemonía económica sobre la deuda Argentina en el marco de la disputa mundial capitalista.

A este aspecto económico global se le suman los intereses del Consejo Agroindustrial Argentino. Y todos estos elementos económicos profundamente atravesados por la lucha de clases: al anuncio de intervención/estatización/rescate/salvataje de Vicentin el gobierno esperaba que “el pueblo saliera a festejar” y se encontraron un escepticismo generalizado, un grupo minúsculo que salió a “defender a Vicentin” y una abrumadora mayoría del pueblo argentino que no se dejó embaucar en el verso de la soberanía alimentaria. A este fenómeno político el progresismo lo llamará “avance de la derecha”; los revolucionarios lo denominamos “crisis política” de la burguesía, en un camino de incipiente, pero firme avance de la conciencia de los trabajadores.

[1] Ver nuestro “Informe especial. La deuda de Vicentin y el papel del Estado”.

[2] Ver por ejemplo http://www.laizquierdadiario.com.uy/Vicentin-Alberto-Fernandez-tira-la-toalla-ante-la-patronal-estafadora aunque en el transcurso del día no tardarán en aparecer declaraciones como ésta.

[3] Se trata del impulso de una Ley que buscaría congelar las retenciones. La Ley todavía no es pública y se está elaborando el proyecto.

[4] https://750.am/2020/07/31/jose-martins-sobre-vicentin-no-era-prudente-que-el-gobierno-interviniese-porque-nunca-ibamos-a-saber-que-paso/

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