Meses y meses hablando del impuesto a las grandes fortunas. Burgueses de todo el mundo salen a hablar diciendo que “debería existir tal impuesto extraordinario”. Hace unos días se dio a conocer el proyecto de ley del Frente de Todos, buscando dar un paso hacia adelante con esta zanahoria del sistema.
Nuestro Partido no se opone por principio a tal impuesto ¡desde ya! Pero otra cosa es levantar las banderas impositivas como si se tratase de una medida anticapitalista. Una cosa es no oponerse, y otra cosa ensalzar al Estado de la burguesía. Es que la misma medida económica tiene distintos significados de acuerdo al momento histórico en que se aplique: no es lo mismo un préstamo internacional o un impuesto a las fortunas para financiar una guerra imperialista que para financiar una revolución democrático-burguesa a mediados del siglo XIX o principios del siglo XX. No es lo mismo un impuesto en el marco de un proceso revolucionario que en el marco de un Estado capitalista en manos de los monopolios trasnacionales, como sucede con Argentina. Si el Estado es una herramienta de dominación de la oligarquía financiera –es decir, del capital monopólico trasnacional- sobre el conjunto de la sociedad, entonces la utilización de los fondos del Estado van destinadas a generar ganancias extraordinarias para determinadas facciones del capital trasnacional.
Hace algunos meses decíamos que uno de los grandes problemas a los cuales se enfrenta la burguesía en la actual crisis capitalista radica en la enorme deuda pública que se ha ido acumulando desde la crisis del 2008 –síntoma de la crisis estructural del sistema- que disminuye el margen de intervención estatal para rescatar empresas, como sucede ante cada crisis de superproducción, y como en particular ha sucedido desde el 2008 hasta la actualidad.
La gigantesca deuda privada viene a empeorar esta situación: el capital necesita quién lo rescate, pero los Estados nacionales ya no dan más. Es en este contexto que la burguesía a nivel planetario lanza la consigna del impuesto a las grandes fortunas, una iniciativa que muy lejos está de ser “nacional”. El propio proyecto de ley demuestra que se trata de una política a nivel mundial impulsada incluso por el FMI y los acreedores de deuda del Estado argentino, quienes miran con buenos ojos la iniciativa del gobierno como garantía al cumplimiento de los pagos de deuda previstos.
Pero la burguesía no es homogénea como clase. Existen distintas facciones del capital que se disputan la administración de los Estados para beneficiarse y aventajar a la competencia. Así, el mismo impuesto promovido por el gobierno de Fernandez beneficia una facción del capital trasnacional, y si el gobierno fuera de Macri, beneficiaría a otra facción diferente, enfrentada. Pero no dejan de ser disputas interburguesas. Por eso un sector de la oposición se opone: porque se trata de una disputa de rapiña por la plusvalía.
Por lo tanto, un primer elemento del impuesto está dado por la necesidad del sistema capitalista de evitar profundizar la crisis garantizando ciertos compromisos de pago y el subsidio para algunos sectores de la producción. Así, el proyecto plantea destinar un 20% de lo recaudado a subsidio a PyME’s. Le recordamos al lector que existe mucha manipulación bajo el concepto de PyME. Por ejemplo, empresas como Vuteq –autopartista- figuran como medianas empresas por su volumen en Argentina, pero forman parte de grandes grupos monopólicos mundiales. En este caso, la abastecedora de Toyota emplea menos de 100 personas en Argentina, pero a nivel mundial suma 13.000 trabajadores y factura 1,47 billones de dólares anuales. Otro caso es el de JTEKT, quien emplea unas 100 personas en su planta de Escobar para bastecer de cajas de dirección hidráulica a Toyota. Esta “PyME” en realidad está controlada a nivel mundial por Toyota Motors Company.
Así, bajo el discurso de las PyME’s una partida del impuesto a las grandes fortunas va a ir redirigido como subsidios al gran capital trasnacional.
Otro 20% va a ir dirigido, supuestamente, para la compra y/o elaboración de equipamiento médico y vacunas. De más está decir que aquí el beneficio irá para las grandes empresas farmacéuticas, donde el Grupo Insud (Hugo Sigman, amigo de Alberto Fernandez) por poner un ejemplo, recibirá una partida jugosa. El verso político es invertir en más hospitales, pero la realidad es otra. Si algo ha demostrado esta pandemia es la imposibilidad absoluta del sistema capitalista, en su actual fase imperialista de completa descomposición, de desarrollar fuerzas productivas en beneficio de la humanidad, inclusive ante una crisis como ésta.
Muy, muy lejos quedaron aquellos discursos que se dieran por marzo del 2020 donde se proponía a la industria automotriz a nivel mundial fabricar respiradores para acelerar el equipamiento de hospitales. Si en un momento de la historia del capitalismo las propias guerras interimperialistas funcionaron como acicate para el desarrollo de fuerzas productivas –durante la segunda guerra mundial, por ejemplo, se produce el descubrimiento de la mayor cantidad de polímeros utilizados hoy en día- hoy, las crisis capitalistas son incapaces siquiera de desarrollar fuerzas productivas en favor de la humanidad inclusive hasta en esta situación. La disputa pasa por ver qué sector de la industria farmacéutica mundial logra concertar contratos con los Estados para la compra de la vacuna. Es decir, se reduce todo a una rapiña intermonopólica por expoliar el erario público.
El 25% de lo recaudado iría para financiar proyectos gasíferos para la exploración, desarrollo y producción de gas natural en asociación con YPF. Recordemos que YPF de empresa estatal no tiene nada –dicho por el propio Guillermo Moreno-. Es una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York y por lo tanto está sujeta a la legislación de Estados Unidos. Además posee un acuerdo secreto con Chevron desde el 2013, ratificado por el gobierno de Macri y el actual de Alberto Fernandez. La realidad es que YPF funciona como una herramienta de financiación estatal para distintos proyectos con distintas facciones del capital. Así, la sección de YPF Agro fue propuesta para asociarse con Glencore si se concretaba la intervención a Vicentin (de la cual Glencore es socia). Recordemos además que, en plena crisis internacional del petróleo, el barril argentino se encuentra subsidiado por el gobierno. Así, el llamado “barril criollo” sostuvo el precio del barril en 45 US$ en nuestro país, cuando los precios internacionales se desplomaban por debajo de los 30 o los 20 US$. Al día de hoy, y dependiendo el mercado, el precio del crudo oscila en torno a los 40 US$, con lo cual, es el pueblo trabajador quien está financiando las ganancias de las petroleras, y el “impuesto a las grandes fortunas”, desde el vamos, pasaría a engrosar esas ganancias extraordinarias. Ni hablar que, barril criollo mediante, y con YPF “estatal” el precio de los combustibles sigue aumentando en Argentina, a pesar de la caída de entre un 20% y un 30% interanual[1].
Acaso la más popular de las medidas propuestas por el proyecto de ley es la asignación de un 15% de lo recaudado a la urbanización de barrios populares –negocio con contratistas mediante- pero lo hacen con tan poco tino político que declaran avanzar en la “regularización del estado de dominio de terrenos y viviendas”. Esta frasecita podría ser insignificante si no fuera porque la última semana estuvo signada por declaraciones de personajes como Berni o Sergio Massa avalando la represión hacia las tomas de tierras y saliendo a defender la propiedad privada –al mejor estilo “banderazo pro Vicentin”-.
Desde el punto de vista económico se trata de una “vaquita” que realiza la burguesía para evitar quiebras mayores; pero como el dinero de la “vaquita” lo administra un sector de la burguesía… el que reparte se queda con el mejor pedazo de la torta. Lo que nos presentan como “lucha de ideas” desde el poder, en realidad es una lucha por la maximización de las ganancias y el mantenimiento del sistema capitalista. Tan así es esta situación que el proyecto presentado afecta solo bienes personales, es decir que no toca las ganancias de las empresas, y por lo tanto, no afecta las regalías de los grandes capitales a sus casas matrices, por poner solo un ejemplo.
Después está el muy importante elemento político. La zanahoria del impuesto viene a crear la ilusión de un “capitalismo bueno” que “lucha” para que la crisis no la paguemos los trabajadores. Políticamente la burguesía tiene un problema, y es que ante el ascenso de las luchas anticapitalistas –todavía no socialistas, pero si abiertamente antisistema- a nivel mundial (Francia, Chile, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, etc.) no da mucho margen para profundizar el saqueo a los pueblos sin alternarlo con algunas concesiones parciales. Así, medidas como el IFE que la burguesía presenta como una dádiva, en realidad son muestra manifiesta de su debilidad política: la IFE es una conquista del pueblo trabajador, porque la burguesía sabe que, si no toma algunas medidas como ésta, su relativa estabilidad política podría sacudirse y desembocar en nuevos octubres chilenos.
El proyecto de ley del impuesto a las grandes fortunas es una manifestación de la debilidad política de la burguesía, quien busca fortalecerse por un lado para implementar más ajustes por el otro. De hecho, los monopolios que tangan que pagar el impuesto lo van a transferir a los precios.
Pero como no puede ser de otra manera, en la propia iniciativa populista ya aparece la propia disputa interburguesa entre bambalinas.
Los revolucionarios no nos oponemos por principio a un impuesto de tales características. Pero bajo ningún punto de vista podemos generar expectativas con respecto a que esto signifique “redistribución de la riqueza” ni mucho menos. Ninguna expectativa en el Estado burgués, de sancionarse la ley, al otro día los grandes capitales ganadores de la contienda estarán repartiéndose los dividendos del impuesto. En el mejor de los casos, algunos pocos sectores del pueblo recibirán algunas pocas migajas con el único fin de la burguesía de justificar políticamente sus disputas y de tratar de sostener su gobernabilidad.
Si sancionen el impuesto –si es que la burguesía llega a un acuerdo al respecto-, los revolucionarios tenemos la obligación de denunciar que, en esencia, esto no modifica absolutamente nada para la economía doméstica del pueblo trabajador.
[1] Cotización Brent tomando el precio de apertura mensual para septiembre.