En un fallo más que escandaloso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se pronunció de forma negativa contra una familia que había recurrido a la justicia para reclamar una vacante en sala de dos años. ¿Argumentos? Hay “grupos prioritarios” definidos en el Artículo 17 de la Constitución de la Ciudad y, quienes no pertenezcan a esos grupos vulnerables, no podrán solicitar su admisión en la educación pública si las vacantes no alcanzan.
Literalmente, lo que sostiene este fallo reaccionario y fascista, es que, si las vacantes no alcanzan, habrá que demostrar prioridad, es decir, presentar una suerte de “certificado de pobreza” que autorice el acceso a la educación pública. Realmente, uno puede esperar cualquier cosa de la justicia de la burguesía explotadora, pero a veces se cruzan límites insospechados.
Cabe señalar, al respecto, que el mismo Artículo 17 antes referido, sostiene en su letra que “La Ciudad desarrolla políticas sociales coordinadas para superar las condiciones de pobreza y exclusión mediante recursos presupuestarios, técnicos y humanos”. Con lo cual, el fallo resulta en un lamentable contrasentido, puesto que las vacantes deberían, según el espíritu del Artículo, alcanzar para todo el mundo, pudiendo incluir a todos aquellos que soliciten vacante para la educación pública.
En realidad, estamos discutiendo la cuestión sobre la base material que demuestra de manera clara que el Gobierno de la Ciudad hace años que viene desfinanciando la educación pública, aprobando la Legislatura porteña uno de los presupuestos más bajos de la historia para el año 2021.
Es en la misma Legislatura donde de manera sistemática se frenan todos los proyectos que apuntan a avanzar en la construcción de escuelas: no es que confiemos en el Parlamento burgués, solamente mostramos las incongruencias y los verdaderos intereses que allí se ponen en juego, y que apuntan con claridad a cercenar el derecho a la educación pública, a beneficiar los negocios de la educación privada, y a restringir las libertades políticas de docentes y estudiantes, en connivencia con los gremios cómplices que juegan el papel teatral de opositores para los medios de comunicación, pero que se horrorizan cuando la comunidad educativa se organiza de manera espontánea, y se desesperan cuando se realizan asambleas por escuela a las que, presurosos, corren para intervenir con sus aparatos, aborreciendo de la democracia directa y la libertad de expresión.
Como ya hemos expresado en varias notas y es de público conocimiento, la administración de Larreta y su Ministra Soledad Acuña han hecho y hacen todo lo posible por destruir la educación pública: quisieron cerrar las secundarias nocturnas, avanzan con el proyecto Uni Caba para cerrar los profesorados docentes, cerraron dos Institutos de Formación Técnica Superior y quisieron cerrar otros, pero la resistencia de la comunidad educativa lo impidió y se llevó puesto a un Director del área y a toda una subsecretaría. Pero lo más importante es que se logró construir un espíritu de unidad en la acción, a partir de la práctica de la democracia directa en asambleas autoconvocadas. A eso le tiene terror la burguesía: claramente, se trata de un problema político.
La escuela pública, a partir de este fallo, deja de ser “para todos”: claramente, el Estado No somos todos, y con ellos se refleja la falsedad del argumento que, en realidad, pauperiza aún más al sistema educativo. Porque ello dicen: las vacantes son para los más necesitados, pero la realidad es que lo que falta, justamente, son vacantes, porque la intención es verdaderamente la de transferir matrícula hacia el sector privado. Construir escuelas no, pero favorecer la privatización de tierras para desarrollar negocios inmobiliarios para los amigos del poder, todo bien. El derecho al acceso a la educación pública, gratuita, y laica se ve severamente vulnerado con este fallo que va en consonancia con las políticas del Gobierno: claramente, la justicia es otra herramienta de la burguesía, al igual que los ejecutivos de turno.
La comunidad educativa tiene que tomar las riendas del asunto para defender a la escuela pública, en todos los niveles: resulta necesaria la organización por escuela, la realización de asambleas donde los problemas queden expuestos, y se voten resoluciones por mayoría, tanto para exigirle al Gobierno que dé marcha atrás con las medidas abusivas, como para resolver de manera local los problemas que aquejan al colectivo de estudiantes, docentes y vecinos.
Y de ahí, camino hacia la unidad con otros establecimientos, en el mismo distrito escolar, para que la fuerza de la lucha se torne masiva. Si no avanzamos en esa construcción, siempre estamos expuestos a este tipo de arbitrariedades como la que resulta motivo y excusa de esta nota: cinco imbéciles que ostentan el cargo de jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (completamente vendidos a los intereses del Gobierno de turno) deciden por todo un pueblo.