El marxismo leninismo acepta que es necesario luchar por reformas. Las luchas del proletariado y el pueblo por mejoras en su situación, sin cuestionar el poder de la clase dominante, no sólo debe ser aceptada sino además acompañada por los revolucionarios. Al mismo tiempo que presentamos una abierta lucha política e ideológica contra los reformistas, aquellos quienes limitan la lucha a las reformas. Contra quienes, en definitiva, adhieren al engaño que construye la burguesía ya que el reformismo es una política avalada y promovida por la clase en el poder para evitar o retrasar la lucha del pueblo organizado contra su dominación.
Una característica distintiva de la política reformista que llevan adelante partidos y agrupaciones, la mayoría de las veces acompañada de una verba revolucionaria y de inflamadas consignas en defensa de los intereses del pueblo, es que «el Estado es un terreno que está en disputa entre la clase dominante y el proletariado y el pueblo». De esta manera se intenta alimentar fantasías por las cuales sería posible que, desde el propio Estado de la burguesía monopolista, se promuevan cambios que favorezcan a los de abajo.
Los revolucionarios tenemos la convicción que no hay terreno que disputar en ese sentido. Luchamos por barrer la edificación construida sobre ese terreno, el Estado de la burguesía, y construir un Estado proletario en alianza con los sectores populares. No existe posibilidad alguna de disputar, tal como si fuera un botín o un cofre lleno de tesoros, el Estado que, por definición, existe como expresión organizada del dominio de la clase explotadora sobre el conjunto de los explotados.
Por estos días ha tomado estado público una resolución del gobierno nacional tomada en noviembre de 2020. La misma designa como Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, del Ministerio de Trasporte de la Nación, a Esteban Cabrera Domínguez, CEO de Dreyfus, una de las transnacionales que dominan el negocio agroexportador de nuestro país.
No es la primera ni la última designación de un hombre de los monopolios en una función estatal estratégica. Ello por sí mismo ratifica el dominio del capital monopolista sobre SU Estado. Sin embargo, la denuncia y poner a la luz una decisión que fue tomada hace varios meses y pasó desapercibida para la mayoría de la población (como tantas que cotidianamente realiza el gobierno nacional) es muy saludable.
A partir de la denuncia viene detrás la conclusión que tal decisión dista enormemente de la tan cacareada soberanía con la que se llena la boca el actual gobierno. Sin embargo, luego confirmamos que el reformismo, una vez más, mete la cola. En varios artículos que desgranan la noticia la conclusión es que “es necesario volver a la presencia del Estado” para recuperar dicha soberanía. Se llega así al absurdo absoluto de negar que, precisamente, la presencia del Estado esta determinada por la presencia de los monopolios que lo controlan.
¿Alguien en su sano juicio puede afirmar que es posible que el Estado pueda tomar otra decisión que no sea la conocida? Es como pedirle al patrón dueño de una fábrica que deje de explotar a sus obreras y obreros. O, lo que es lo mismo, pedir que los monopolios que controlan absolutamente la comercialización y el control de los puertos y vías navegables del país designen allí a alguien que no esté de acuerdo con ese grado de concentración y centralización y se disponga a “recuperar la soberanía”. Un disparate infinito.
Pero bien, así piensa y actúa el reformismo. A caballo de la mentira de que la revolución es imposible, se atreven a afirmar que sí sería posible que desde el Estado de los monopolios se pueda llevar adelante otra política que no favorezca a los mismos.
Esta formulación sirve para sostener que «el actual gobierno es una administración que querría hacer las cosas de una manera diferente, pero que no puede». Lamentamos afirmar, para desazón de los reformistas que creen estar acompañando un gobierno que puede “disputar” el Estado de los monopolios, que Alberto Fernández avaló la designación del hombre de Dreyfus en pleno ejercicio de sus facultades como representante fiel de los monopolios. La única disputa que pudo haberse presentado para esa designación es si la misma recaía sobre un representante de Dreyfus, de Cargill, o de cualquiera de los otros monopolios que controlan el comercio exterior. Y que controlan el Estado.