El aumento en la resistencia activa del proletariado y sectores populares genera mayores resquebrajamientos políticos en la burguesía y repercute en sus contradicciones internas.
Para demostrar que tiene razón en cómo encarar en Argentina el paso de la crisis internacional que se intenta esconder tras el escudo de la pandemia, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue trazando un paralelo entre el discurso de Biden y las decisiones políticas por las cuales fue criticada y es criticado actualmente su gobierno a cargo de Alberto Fernández.
Del discurso de Joe Biden toma su llamado a la aprobación de la sindicalización de los trabajadores, el impulso a la obra pública para la que necesitarán la mayor cantidad de trabajadores que se haya requerido después de la 2ª guerra mundial y un incremento impositivo para los más ricos para financiar tal cosa.
Orgullosa de su coincidencia con Biden, parece decirle a la burguesía monopolista: ¿Ven que yo tengo razón?
Y… sí. La vicepresidenta la habla a los monopolios. Mientras tanto, su gobierno ha disminuido el déficit fiscal a costa del pueblo. La consultora PxQ nos ofrece el detalle en una nota aparecida en el diario digital Bae Negocios: “Las erogaciones asociadas al COVID-19 se redujeron prácticamente a cero. La suma de asistencia a beneficiarios de AUH y monotributistas de las categorías más bajas y la ampliación del programa Repro y un bono extraordinario para empleados de salud, representan ¼ de una sola ronde de IFE (es decir que se ahorra en ayuda social). El gasto en salarios públicos y jubilaciones también arroja una caída en términos reales: el acumulado del primer trimestre marca una caída de 6,9% en jubilaciones y pensiones y de 63% en salarios públicos”.
Pero el informe se completa con el dato de que, por su parte, los subsidios económicos pegaron un salto de 25,8% respecto al primer trimestre del 2020.
En suma, menos recursos destinados a beneficio del pueblo laborioso y más recursos para la burguesía.
Por su parte, el periodista Alfredo Zaiat, publicó la semana pasada una nota en el Página 12 comparando la gestión del gobierno de Macri con el de Alberto Fernández y, para ello, toma como ejemplo tres monopolios de la alimentación: Molinos, Arcor y Ledesma y, con datos de sus súper ganancias, respalda la afirmación de que en el corto período del gobierno actual los resultados de los beneficios de estos grupos financieros son superiores a la era Macri.
Un orgullo burgués para estas productoras de alimentos que concentran y centralizan capital en medio de la crisis de superproducción y se benefician de las políticas que utilizan a la pandemia de escudo a costa del pueblo laborioso.
Pero, como decíamos al principio, lo que no pueden controlar tanto gobierno como oposición política, es el crecimiento de la lucha de resistencia que hacen la clase obrera y sectores populares a las que ahora se han sumado, los choferes de colectivos de Buenos Aires, cosecheros autoconvocados del limón (producción que explota Ledesma entre otros) quienes luchan por aumento salarial y mejoras en las condiciones de trabajo cortando rutas en Villa Quinteros y León Rougés en Tucumán.
Por su parte los trabajadores de la salud de Neuquén continúan con sus reclamos de aumento salarial y mejora en condiciones de trabajo habiendo modificado sus metodologías por el desgaste que ello significaba y sosteniendo únicamente el corte de ruta en Villa La Angostura.
Estos hechos más otras luchas que ya hemos mencionado en distintas notas anteriores, dan la pauta que la tendencia es al crecimiento con la metodología de la autoconvocatoria y la democracia obrera que se viene poniendo en práctica y, en varias de ellas, las ideas revolucionarias como rectoras de la dirección del movimiento hacia los cambios profundos que nuestro pueblo necesita.
En el permanente error al que los hace caer la lucha del proletariado, el gobierno y la oposición intentan desviar la atención pretendiendo confundirnos con discusiones falsas sobre una supuesta preocupación por la salud y la educación de los niños y adolescentes.
Ambos sectores que disputan los cargos para servir mejor a la burguesía monopolista tienen, como se dice, cientos de “muertos en el placard” para sacarse los trapitos al sol, pero el pueblo no come vidrios y, a través de ese engaño, se les abre otro frente de batalla a cargo de gran cantidad de padres, docentes y comunidad educativa que desaprueba y comienza a movilizarse indignados de que tomen a los niños como rehenes para justificar sus cálculos políticos.
Porque para el pueblo, la salud no es un negocio y, menos, un trampolín político para posicionarse en las próximas elecciones.