Represión desenfrenada; órdenes directas de disparar a matar sobre manifestantes; más de 40 muertos; 471 detenciones ilegales, de las cuales todavía quedan 379 detenidos desaparecidos; 11 denuncias oficiales de violaciones por parte de las fuerzas policiales fuerzas policiales y paramilitares en camionetas de civil disparando sobre la población por las noches; militares haciéndose pasar por miembros de la cruz roja para marcar manifestantes; expropiación por parte del gobierno de automóviles, camiones y otros medios de transporte que se encuentren bloqueando rutas. Tal es el cuadro de situación represivo en Colombia, que estos días ha estremecido al mundo. Pero ni con todo esto han logrado doblegar la movilización de masas que viene desarrollando el pueblo colombiano, que, al contrario, se ha organizado para hacerle frente a la represión y ha ganado las calles.
Con el 42,5% de la población bajo la línea de pobreza, una desocupación que trepa el 17% y el Estado al borde de la quiebra, el gobierno de Iván Duque envió un proyecto llamado “Ley de Solidaridad Sostenible” que consistía centralmente en una reforma tributaria para elevar los impuestos sobre bienes y servicios a los consumidores finales, es decir, un ajuste directo sobre servicios públicos, alimentos y otros bienes de consumo masivo (se estima que el 73% del impuesto recaería sobre los consumidores finales).
Se trata de un paquete de ajuste para incrementar la recaudación estatal y hacer frente al pago de deuda externa. Ese fue el motivo detonante del paro nacional convocado para el 28 y 29 de abril por el Comité Nacional del Paro (una mesa que nuclea las tres principales centrales sindicales colombianas).
La respuesta del proletariado al ajuste del gobierno fue masiva; la represión solo empeoró la situación para el gobierno. La huelga se extendió al viernes 30 de abril. El sábado 1 de mayo el gobierno anuncia modificaciones en el proyecto presentado pero las movilizaciones y enfrentamientos de masas continúan. El domingo 2 de mayo Duque anuncia que retira el proyecto de ley y al día siguiente renuncia el Ministro de Hacienda, declarando que su “continuidad en el gobierno dificultaría la construcción rápida de los consensos necesarios”.
Así y todo, el retroceso económico del gobierno y el aumento represivo no fueron suficientes para que el pueblo colombiano abandone las calles.
La lucha de calles encarna una profunda lucha política que va más allá de una reforma tributaria, mucho más allá.
Deberíamos remontarnos a la huelga general del 21 de noviembre de 2019, que desató una serie de manifestaciones de masas como Colombia no había vivido desde 1977.
Aquella huelga, y sus posteriores manifestaciones, se desatan en contra de medidas de flexibilización laboral, reforma educativa, de jubilaciones, y por la implementación del acuerdo de paz firmado con las FARC que, en lugar de traer la mentada paz, desembocó en una persecución y asesinato a dirigentes políticos y sociales.
La paz, para la burguesía en Colombia, es el aniquilamiento total de toda fuerza política de oposición, sean guerrillas, movimientos campesinos o sociales. La “paz” para la burguesía es derrotar todo intento de protesta social.
En 2019 la respuesta del pueblo a la represión encontró un hilo conductor con la experiencia chilena, y rápidamente se empezaron a organizar primeras líneas de combate para enfrentar la represión y así garantizar la movilización del conjunto del pueblo.
En el medio estalló la crisis de superproducción mundial, y comenzó a desarrollarse la pandemia. En el medio, las condiciones de vida del pueblo trabajador empeoraron, y con la excusa de la pandemia también empeoró el despliegue represivo.
Por eso, los acontecimientos que “arrancaron” el 28 de abril pasado son producto de una crisis política inédita en los últimos 60 años.
La continuidad de las movilizaciones apunta ya no sólo a derrotar una iniciativa más de ajuste del gobierno, sino a salir a luchar por la conquista de profundas libertades políticas: el cese a la persecución y asesinato de dirigentes políticos; el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), y una reforma integral de la Policía Nacional, que tiene carta libre para desarrollar cualquier tipo de atropello sobre la población con la eterna excusa del conflicto armado interno.
Este cúmulo de reclamos se sintetiza como la lucha por el cumplimiento de los acuerdos de paz, cuyo principal paso hoy consiste en la renuncia del presidente Iván Duque.
Pero el proceso que atraviesa la lucha de clases en Colombia es toda una señal que las y los revolucionarios no podemos dejar de señalar.
En primer lugar, por el carácter de masas que adquieren las movilizaciones. Una irrupción abrupta, que sorprende a aquellos que piensan solo en procesos electorales –como sorprendió a la izquierda electoral en el octubre chileno-.
En segundo lugar, los niveles de enfrentamiento: la rápida organización de los jóvenes proletarios -sí, jóvenes proletarios, porque no es “la juventud” así, en abstracto, señores- conformando primeras líneas, que tuvieron su ensayo en 2019 y hoy se han generalizado formando no solo la fuerza de choque de masas, sino también la verdadera red de noticias mediante la cual se denuncia la represión y se supera la censura impuesta no solo por los medios de comunicación tradicionales, sino también por las propias redes sociales como Instagram y Facebook.
Vencer esa censura sin la conformación de una verdadera red de masas, es imposible.
Un portal de noticias se censura rápidamente, una red infinita de difusión, imposible.
Estas formas de organización son un hilo conductor que nace, por ponerle una fecha, con el estallido social de Ecuador y luego pasan a tomar forma más estable durante el octubre chileno, ambas expresiones en 2019, meses antes que explote la actual crisis de superproducción.
El tercer elemento que queremos mencionar es la profunda ruptura con los parámetros ideológicos establecidos: miles de trabajadores y trabajadoras van descubriendo la movilización y el enfrentamiento como la verdadera forma de lucha, van aprendiendo al calor de la lucha y adquiriendo consciencia del inevitable choque entre el capital y el trabajo; de la lucha de clases y la necesidad de organizarse para elevar el enfrentamiento.
Los propios ciudadanos de Cali declaraban que, desde que el pueblo ganó las calles, se acabó la delincuencia. Estamos hablando de una de las ciudades cuna del narcotráfico.
La inevitable conclusión que sale de allí es que sólo con el pueblo en la calle se puede construir una vida digna.
Por último, remarcar una vez más que el enfrentamiento pasó a ser netamente político, elemento central para conquistar, inclusive, mejoras económicas en el transcurso de la lucha.