Sin tanta cháchara como con el caso Vicentin, el Estado salió a rescatar a la trasnacional de origen local IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA).
Los medios de comunicación de todo color lo anuncian como una estatización, pero en realidad se trata de un grosero rescate que desnuda la continuidad de la crisis internacional de superproducción que atravesamos, y que poco tiene que ver con el COVID19.
IMPSA representa un claro ejemplo de cómo los Estados son herramientas al servicio de los grandes capitales. Fundada en 1907 formó parte de esos capitales que tempranamente se dedicaron a actividades industriales antes de la Primera Guerra Mundial (primera etapa de industrialización del país). El primer gran salto productivo lo dan en 1928, previo al crack del 29’ y momento de amplia expansión de la industria local. El segundo lo dan durante el primer gobierno de Perón, con quien ya empiezan a currar de la obra pública al obtener varias adjudicaciones[1] y levantan una nueva planta. Finalmente, durante la última dictadura militar experimentó un crecimiento impresionante apalancado nuevamente por la obra pública en generación de energía y la estatización de deuda privada, donde posiblemente se incluyó el capital obtenido para la construcción de su nueva planta (1976-1978). Con la tecnología de punta adquirida y apalancada por la dictadura comienza un fuerte período de trasnacionalización: en 1983 su oficina de Colombia controlaba el 15% de la cartera de negocios del grupo y para 1987 el 40% de las obras contratadas eran para clientes en el exterior. En este período instalan tempranamente oficinas en Shangai.
Como toda empresa trasnacionalizada su grupo controlante (Venti SA) se trasladó a paraísos fiscales (Luxemburgo) con lo cual no se puede afirmar fehacientemente la composición accionaria de la controlante. A partir del 2010 inicia una nueva ronda expansiva con la fundación de IMPSA Brasil e inversiones en Venezuela: estos proyectos resultan en rotundos fracasos ante la cesación de pago de ambos países. La deuda adquirida para la expansión de capital se quintuplicó por la acumulación de intereses y a partir de 2014 ingresa en un abierto proceso de quiebra.
Si bien los intereses del entonces gobierno de Cristina Kirchner no estaban alineados con los de la multinacional de origen local, acontecimiento puesto en relevancia por el propio Pescarmona al salir a denunciar el pedido de coimas de Julio De Vido y la curiosa solicitud de socios a la compañía. Durante estos últimos años de la gestión kirchnerista se realizaron distintos intentos de introducir socios a IMPSA para sacarla del default. Si las declaraciones de Pescarmona respecto a la oferta de De Vido fueron en tono acusatorio (en el marco de la interna judicial durante el gobierno de Macri)[2] más seria fue la oferta del entonces ministro de economía Axel Kicillof y de Débora Giorgi de introducir un consorcio brasilero y la japonesa Toshiba, asociados al rescate estatal, para salvar la deuda de IMPSA.[3] En 2019, con la crisis más avanzada, Pampa Energía también manifestó sus intenciones de adquirir la empresa.
Pero uno de los elementos centrales de esta disputa es la firme posición a no ceder posiciones en el control de la firma, lo que implicó la negativa de cualquier fusión con otros grupos y por consiguiente que el rescate estatal fuera limitado -puesto que la fusión era condición para montos mayores de rescate-. En 2014 el gobierno de Cristina Kirchner subsidió el salario de los obreros mientras el grupo renegociaba deuda, en tanto se iniciaron gestiones institucionales con el gobierno de Brasil y Venezuela, quienes no habían pagado las obras de IMPSA. Hay que remarcar que la crisis de IMPSA no impidió que el mismo Enrique Pescarmona figurase durante 2014 como uno de los 40 argentinos más ricos, y el único de origen mendocino. No confundamos, una cosa es la crisis del capital, otra cosa la del capitalista. Entre tanto, el salario caía y los despidos avanzaban.
Con el cambio de gobierno en 2015 IMPSA se vio beneficiada con el blanqueo de capitales por un monto de $ 108 millones, lo que no impide que en 2017 vuelva a entrar en default y termine renegociando con sus acreedores. Así, en 2018 el 65% de las acciones de la empresa pasan a manos de un fideicomiso constituido por bancos locales y estatales (Banco Nación y Banco de Inversión y Comercio Exterior[4]) y por acreedores extranjeros (Banco Interamericano de Desarrollo, Export Development Canada y Corporación Andina de Fomento entre otros). Al tiempo que cambiaba su composición accionaria bajo garantía de bancos estatales adquiría más deuda con el Inter-American Investment Corporation e Inter-American Development Bank y en 2019 vuelve a recibir subsidios del Estado a través del Programa de Asistencia a Empresas del gobierno de Macri.
La historia reciente de IMPSA es la historia de un grupo trasnacional de origen local, cuya asociación con el capital extranjero no se puede determinar de manera precisa dado que está radicado en paraísos fiscales, que ha amasado su fortuna y trasnacionalización apalancado por la obra pública durante más de 100 años bajo gobiernos de distintos colores (Yrigoyen, Perón, última dictadura militar, menemismo y relación con gobiernos extranjeros) y que se niega a la absorción de la empresa por parte de otras corporaciones. Esa negativa a la absorción -dentro de la cual el Estado ha funcionado como garante e intermediario, sobre todo en 2014- incrementó sus deudas, a pesar incluso de los diversos rescates parciales que el Estado fue realizando bajo dos gobiernos diferentes y enfrentados. Así llegamos al a situación actual.
El gobierno actual y la “estatización”
Los lazos de IMPSA están muy férreamente enraizados en las distintas administraciones mendocinas, que han contado con hombres del grupo. Actualmente en el gabinete del ministro de economía de la provincia participan Emilio Guiñazú (ex gerente) y hasta hace poco Daniel Chicahuala (ex gerente de IMPSA, de la General Electry Energy y de Oderbrecht). Este último fue quien armó los pliegos de licitación para Portezuelo del Viento, que fue elaborado para que sea adjudicado a IMPSA, lo que desató un escándalo que culminó con su renuncia. Estos fuertes e históricos lazos con las administraciones mendocinas llevan a la participación del gobierno provincial. Finalmente, el rescate anunciado esta semana suma 15 millones de dólares aportados por Nación y 5 millones aportados por la provincia. La composición accionaria queda distribuida de la siguiente manera: 63% para el Estado Nacional, 21% para la provincia de Mendoza; 11% para acreedores privados; 5% para el grupo original.
Algunas conclusiones
- La quiebra de IMPSA arranca como consecuencia prematura de la crisis de superproducción. No es casualidad tampoco que se trate de una empresa de bienes de capital, es decir, que produce infraestructura para la producción. Si la capacidad productiva se empieza a saturar desaparecen las necesidades de inversión en infraestructura a largo plazo. Dicho de otra manera, la infraestructura productiva excede las necesidades de producción actuales (siempre bajo una economía capitalista claro está).
- Además de ser manifestación de la crisis de superproducción, pone de relieve un sector particular del capital que se vio prematuramente perjudicado. En este caso, un sector asociado al Estado brasilero y venezolano, ambos países que vienen sufriendo una desaceleración económica muy aguda dese el 2010, combinada con la negativa del grupo controlante (presuntamente la familia Pescarmona y sus capitales trasnacionales asociados cuya composición no podemos determinar) a ceder posiciones en el control de la empresa.
- El rescate por parte del Estado bajo dos administraciones gubernamentales enfrentadas (Kirchner-Macri) reafirma que los subsidios y préstamos estatales se realizan como política de Estado para rescatar a los acreedores privados con garantías de fondos públicos. El Estado pasa a cumplir una función específica como “interventor” en economía: garantizar las ganancias a los acreedores privados.
- La recientemente anunciada estatización no es otra cosa que el desembolso mayor de capital para rescatar a esos mismos burgueses que venían siendo rescatados desde hace dos gestiones de gobierno (desde el 2014), solo que ahora se agrega su formalización como capitalización de la empresa.
Con esta operatoria finaliza un largo proceso para desplazar al grupo controlante, y a través del Estado no solo garantizar el pago a los acreedores privados (como se quiso hacer con Vicentin) sino eventualmente poder traspasar las operaciones de IMPSA a otros grupos económicos que hace rato se querían quedar con sus operaciones, sobre todo en un contexto internacional que con los cambios en matrices energéticas especula con posibles jugosos negocios. Hasta que la crisis internacional de superproducción aclare, será el pueblo argentino quien financiará los pagos a los acreedores extranjeros de IMPSA, con grandes intereses, mientras Enrique Pescarmona sigue disfrutando de su ampulosa fortuna. En otras palabras, nos acaban de aumentar el monto de la deuda pública con hermosas palabras sobre estatización
¿Cuáles serán los próximos pasos hacia la transferencia a otros capitales privados? El modelo YPF de empresa mixta, donde el Estado se hace cargo de los riesgos y los socios privados de la ganancia, podría ser uno de los mecanismos. El traspaso directo a otras empresas podría ser otro, aunque poco probable desde el punto de vista político. También podría darse la situación de desarrollarse bajo la forma de producción a bajo costo para beneficiar a los grupos económicos que adquieren los productos de IMPSA. Estamos hablando de las empresas generadoras de energía, esas mismas que los últimos años fueron de las grandes beneficiadas por los ajustes tarifarios durante el gobierno de Macri y en la reciente interna entre el Subsecretario de Energía, Federico Basualdo, y el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Esta situación quizás sea menos probable, pero no se puede descartar.
Cualquiera de estos posibles desenlaces está condicionado por la crisis internacional de superproducción y la lucha interburguesa por los negocios; y por la lucha de clases que den las y los trabajadores de IMPSA por sus condiciones laborales. Porque si hay algo de lo que no queda ninguna duda es que la burguesía pretenderá aprovechar la situación para profundizar la flexibilización laboral bajo excusa de la pandemia.
[1] Tuberías de conducción y válvulas complementarias para las instalaciones del dique Uspallata, 10 grandes compuertas planas para irrigación en Mendoza y para el dique de La Rioja.
[2] Ver https://www.perfil.com/noticias/politica/pescarmona-de-vido-amenazo-a-uno-de-mis-hijos-le-dijo-pendejos-como-vos-aparecen-en-un-arroyo.phtml
[3] Ver http://miningpress.com/265801/impsa-en-crisis-como-es-el-salvataje-que-planea-el-gobierno-nacional-default-jaquea-a-uruguay ; https://www.perfil.com/noticias/politica/decidido-a-salvar-impsa-pescarmona-se-acerca-a-kicillof-y-el-mendocino-paco-perez-1113-0055.phtml
[4] Cuyo presidente es De Mendiguren, actual diputado licenciado, ex presidente de la UIA durante el menemismo y el último gobierno de Cristina, y Ministro de Producción durante el gobierno de Duhalde.