Siete de la tarde un día de semana. Varias personas se ubican en las puertas de un hospital público de CABA, o de provincia de Buenos Aires, o de Santa Fe o de Río negro. Para las 22 hs., ya entrada la noche, la fila va cobrando su fisonomía. Para las 24 hs. la fila tiene varias decenas de personas; a las 4 de la madrugada se ha extendido a casi una cuadra y media.
Las personas que llegan pasadas las 5 de la madrugada ven el amanecer en los últimos lugares sin ninguna certeza de poder obtener un turno para atención médica. La mayoría de todas ellas jubilados y pensionados y personas de diferentes edades, entre mujeres y hombres.
Entre las 7 y las 8 salen los empleados a repartir turnos de las diversas especialidades. 10 números para el cardiólogo, 20 para traumatología, 15 para neurología y algunos más para alguna otra especialidad. Los pocos que han llegado la tarde del día anterior, o bien entrada la noche, reciben la bendición de la ansiada y necesaria atención médica, pero para ello han tenido que pasar varias madrugadas con largas esperas, en pleno desamparo, sin recibir el turno tan deseado y volviendo a sus casas con una tremenda angustia.
Tanteando al destino con los horarios cada vez más tempraneros, la incertidumbre domina la escena. Los pobres empleados administrativos reciben las quejas y los insultos cuando salen a decir “no hay más turnos”.
Esos turnos no se dan todos los días, sino una vez a la semana. Por lo tanto, quienes han hecho varias colas han pasado por el periplo de más de un mes para conseguir ese indispensable “premio” que es el turno.
Con el agravante que después de la ansiada atención ese mal llamado “paciente” debe pedir otro para un análisis, una radiografía, un estudio de sangre, una ecografía, etc. Y de vuelta la burra al trigo, otra vez a la aventura de hacer colas a la madrugada o el día anterior.
Así se devora casi un año completo hacer, por ejemplo, un estudio cardiovascular para una posible operación de corazón o una audiometría para la colocación de un dispositivo auditivo. Ello siempre y cuando las condiciones estén alineadas como los planetas, para que las cirugías o los tratamientos, los medicamentos, los dispositivos, las propias demandas y luchas salariales y laborales de médicos enfermeros y auxiliares -sometidos a otra serie de calvarios no menos extorsivos- converjan para que esto sea posible.
La numerosa fila se transforma con el correr de las horas en un lugar de deliberación, de canalización de la bronca y del hartazgo, donde está presente -de una u otra manera- la comprensión de toda esta maquinaria de negocios, anarquía y desamparo que atenta contra los más elementales derechos humanos.
“En la provincia de Buenos Aires estamos tratando de sostener una situación complicada del sector privado, que ya venía mal por las fallas del sistema.”. “La pandemia puso al rojo vivo que tienen problemas”. Esto nos dice el Señor Gollán, ex ministro de salud de la provincia. El acento puesto en lo mal que la está pasando la medicina privada pinta de cuerpo entero por donde viene la cosa. Con esta frase desnuda el verdadero fondo de la cuestión.
La crisis de superproducción puso al descubierto la superabundancia de prestadoras privadas de salud que competían en un mercado donde tercian laboratorios, bancos y obras sociales en manos del empresariado sindical. Mercado donde la concentración de las ganancias está en disputa.
La pandemia, además de exponer el colapso de la salud, catalizó la oportunidad para desencadenar una feroz ofensiva permitiendo que fueran borradas de un plumazo muchas prestadoras.
Por lo tanto, es el telón de fondo que facilita que queden en el juego un reducido número de monopolios seguido de una serie de empresas de menor porte y satélites de las más grandes.
La concentración de los negocios de atención médica es desenfrenada durante estos últimos años. A modo de ejemplo hoy, apenas a poco menos de tres meses de decretar el fin de la cuarentena, 6 empresas concentran el 70% de los afiliados de las prepagas: Swiss Medical, Medife, Galeno, Sancor Salud, y Omint son por lo tanto resultante de la ofensiva de concentración desatada en la cuarentena.
Ello significa que en la provincia de Buenos Aires la salud en general se vea subordinada al dominio de estas empresas en cuanto a subsidios, al tipo de prestaciones y los costos de las mismas, con respecto a las obras sociales de sindicatos, en relación a la atención que brinda PAMI, incluido.
Además, está el costo de los medicamentos donde intervienen grandes compañías farmacéuticas. Cabe agregar que todo lo que tenga que ver con ART y medicina laboral queda enteramente subsumido a estas condiciones, más aún cuando tercian burocracias sindicales prendidas en ambas patas del negocio. Si la vida de un anciano vale una atención rudimentaria, con más razón la de un obrero.
En manos de estos núcleos corporativos monopolistas que hacen de la salud un negocio formidable está la salud de la clase obrera y el pueblo.
Aquí la árida disputa entre lo público y lo privado encubre el hecho que es la burguesía monopolista en su conjunto la que arremetió en ambos escenarios y opera según sus intereses de clase usufructuando en beneficio propio todo lo que este negocio representa.
La conformación de la entidad UAS (Unión Argentina de Salud) que nuclea a los 6 monopolios mencionados ya opera como un holding de empresas al que se subordina el Estado y el propio gobierno. Por lo tanto, las declaraciones de Gollán no son más que expresión de lo que estas corporaciones quieren oír de un gobierno a su servicio.
El señor Gollán no dice que estas grandes empresas de medicina prepaga han hecho ganancias fabulosas durante la pandemia recibiendo subsidios por más de 150 millones de dólares anuales durante el macrismo y el Gobierno de los Fernández, y por los aumentos de los aranceles a las prepagas. Menos aún dice que el gobierno atento a estas demandas del capital monopolista ha implementado políticas para reducir el número de prepagas en el país y favorecer la concentración en manos de estos núcleos. De allí que durante la pandemia la atención a la salud por fuera del Covid se haya restringido enormemente.
Sin ir muy lejos, un ejemplo reciente que grafica dicha subordinación del Estado a los monopolios, es la normativa impulsada por la dirección de PAMI hace unos 20 días atrás. Donde se ordena la inhabilitación de una serie de empresas de especialización en cardiología. De un total de 280 existentes quedaron en pie menos de la mitad y, como mencionamos más arriba, varias de ellas satélites de las grandes.
La consecuencia directa de ello, además de la concentración de ese negocio, es el ajuste de quiénes pueden y quiénes no acceder a la atención de esta especialidad y con qué arancelamiento.
Dentro de este combo entra sin duda el arancelamiento de la prepagas, la atención de las obras sociales y el sobreprecio que los trabajadores deben pagar por fuera de los descuentos salariales.
Por supuesto –también- la determinación que impone a los afiliados al PAMI respecto a que no hay atención en una especialidad que no convenga al capital como viene ocurriendo. No es negocio operar del corazón a un jubilado o pensionado porque representa un costo, más lo es financiar la operación por medio de préstamos en prepagas. Desde ya este entramado de condiciones en función de obtener más beneficios a cambio de la atención sanitaria se refleja en las colas, en las puertas del hospital público y en la extensión de los turnos.
“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, formuló Cristina Fernández hace un mes y medio atrás cuando anunció la propuesta de un plan de salud. Para disimular que las disputas por este negocio no terminen de colapsar lo poco que queda del sistema de salud, opera como conciliadora entre estas prepagas monopolizadas y las obras sociales sindicales, que ya son empresas privadas en manos de burocracias empresariales que manejan cajas suculentas.
Es aquí donde la señora vicepresidenta busca encontrar un equilibrio para “optimizar los recursos” apropiados a los trabajadores y pueblo en función de estos núcleos parasitarios.
Pero, en el marco de la crisis económica y política, donde salta a la luz cómo estas llamadas dirigencias muestran las garras por rapiñar ganancias, la propuesta de “optimizar recursos” ¿acaso no suena siniestra? Pregunta que sólo se responde con otra: ¿quién paga las consecuencias de un sistema de salud subordinado a los monopolios?; ¿quién paga las consecuencias de todas las políticas de Estado y de la runfla de parásitos del gobierno y los sindicatos prendidos en las mismas?
La respuesta es obvia. Lo vemos todos los días en la brutalidad con que el sistema de salud no sólo obliga a las y los ancianos a hacer 12 o más horas de cola sino, al despojo que sufre la clase obrera en función de llenar los bolsillos de los mismos capitalistas y sindicalistas que los explotan en las fábricas.
La descripción del inicio de esta modesta nota tiene estrechos puntos de contacto con la segunda parte. Una es consecuencia de la otra.
Por ello aquí, como en todos los aspectos que atañen a la vida de nuestro pueblo no hay lugar para “reformar” nada; todo el que hable de reformas sueña.
El capitalismo no puede reformarse. Lo que hay que hacer es revolucionar todo porque sólo una revolución social pondrá las cosas en su lugar.
Los parásitos, los explotadores, los vividores, los burgueses en el cadalso, y los trabajadores y el pueblo en el lugar de la dignidad que por derecho nos pertenece.