El día de ayer se anunció un principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Es la “noticia” de la semana, para bien o para mal, ningún medio de comunicación habla de otra cosa.
Eso sí, pasamos de la amenaza de no pagarle al FMI a un avivado festejo por el arreglo ¿En qué consiste el principio de acuerdo? ¿Cómo nos afecta a las y los trabajadores? ¿Modifica en algo el curso de la economía?
¿Cómo se implementa el acuerdo y qué significado tiene?
En primer lugar, hay que decir que todavía no hay nada firmado. Esto es un principio de acuerdo que sienta la plataforma base, que todavía debe ser discutida con los equipos técnicos del FMI, para luego ser aprobada por el Directorio del organismo, y por el Congreso Nacional de nuestro país, elemento democratizante que introduce el peronismo para más adelante lavarse las manos y convertirlo en trilladas frases del tipo “así funciona la democracia”, seguido de un “hay que votar bien de cara al 2023”. Además, se trata de una medida necesaria para darle seguridad al plan del Fondo, un acuerdo general de toda la burguesía que opera en el país.
Dicho esto, veamos algunas cuestiones del acuerdo.
En primer lugar, el FMI realiza un préstamo a la Argentina equivalente al monto de deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri, con el mismo organismo.
Sí, estamos pidiendo un crédito para pagar el crédito anterior. Para el gobierno de Alberto Fernández este nuevo crédito tiene una ventaja: cubre todos los vencimientos de deuda, brinda un pequeño superávit, y quita al país del default inmediato.
El nuevo crédito se empieza a pagar recién en el 2026, y se estima que se abonaría en 10 años –aunque esto sale del discurso de Martín Guzmán, todavía no hay nada firmado y el FMI en su comunicado oficial tampoco hace mención al asunto-.
El crédito obtenido por Macri se pagaba en 3 años, este, en teoría, sería en 10. Sin embargo, no está definido tampoco la tasa de interés aplicable al nuevo préstamo, lo cual constituye algo insólito: se llega a un arreglo de deuda sin discutir el monto de la tasa de interés.
Pero el nuevo préstamo no se otorga de una, como una inyección de dólares al Tesoro, sino que se desembolsa en cuotas sujetas a una revisión trimestral del FMI.
Es decir, el FMI auditará las Cuentas Nacionales cada tres meses para evaluar si se están cumpliendo las metas estipuladas.
De ser así, desembolsa una parte del préstamo equivalente al vencimiento respectivo de la cuota correspondiente a la deuda contraída durante el gobierno de Macri. O sea que el préstamo se encuentra en auditoría permanente, y en la práctica el FMI interviene las Cuentas Nacionales fijando la política económica.
En el caso que no se cumplan las metas, el Fondo se retira del acuerdo y Argentina entra automáticamente en default. Se trata de un acuerdo vinculante, que le quita al gobierno local capacidad de gestión.
Esto es lo que el progresismo denomina “pérdida de soberanía” y que sectores de la izquierda reformista abrazan conceptualmente. Dese el PRT partimos de la base de que el poder está en manos de la oligarquía financiera internacional, por lo tanto, hablar de soberanía no tiene sentido teórico.
En primer lugar, porque no existe una disputa real entre una burguesía nacional y una burguesía trasnacional: ambas se encuentran entrelazadas; en segundo término, porque el poder está en manos de esa clase, la burguesía trasnacionalizada, por lo tanto, no existe una política nacional específica en un mundo trasnacionalizado.
De más está decir que para las y los revolucionarios, tampoco resulta relevante si el poder está en manos de una burguesía trasnacional o una nacional, puesto que la explotación sobre la clase obrera sigue existiendo. Pero inclusive desde el punto de vista burgués y reformista, la consigna de la soberanía no tiene razón de ser.
Lo que significa el acuerdo con el FMI es el triunfo de una facción del capital sobre las demás.
La política económica pasa a estar virtualmente en manos del organismo internacional, de eso no caben dudas; pero también es cierto que ese organismo cumple un papel específico en la disputa intercapitalista a escala internacional, representa los intereses de determinadas facciones del capital, por oposición a otras. Se agudizarán en este sentido algunas disputas interburguesas, por ejemplo, en los sectores energéticos.
Por ahora, lo que sí se puede anticipar en cuanto a las disputas capitalistas, es que de aquí a las elecciones presidenciales de 2023 el gobierno estará intervenido por el FMI; y que el próximo gobierno entrante deberá afrontar pagos con acreedores privados en 2024 y 2025, para en 2026 empezar a pagar la deuda recién adquirida. Es decir que lo que se firmó es un default diferido, que va a reventar con el próximo gobierno. Una nueva burbuja de deuda pública.
¿Cuáles son las metas económicas?
Los objetivos de la plataforma económica enunciados por el Ministro de Economía son los siguientes:
- Meta fiscal: reducción escalonada del déficit fiscal del 2,5% para el 2022; 1,9% para el 2023 y 0,9% para el 2024. Supuestamente dicha reducción se obtendrá “atacando la evasión fiscal y el lavado de dinero”, algo que no se la cree nadie. Cabe destacar que el presupuesto elaborado por el oficialismo para el 2022 contemplaba un déficit fiscal del 3,5%, por lo que ya se espera un ajuste grande para el año presente, lo cual contradice los dichos del ministro de que “es la primera vez que llegamos a un acuerdo con el Fondo sin ajuste fiscal”. Por otro lado, afirmó que no se modificaría la política de subsidios a la energía, lo cual contradice el comunicado emitido por el FMI donde textualmente se dice que “Acordamos que una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público”. Por eso anticipábamos que en éste ámbito probablemente se de una disputa interburguesa ¿A quién le quitarán los subsidios? ¿A las distribuidoras, a las generadoras, o a las petroleras? El sector está plagado de subsidios para garantizar una alta tasa de ganancia, de hecho, el famoso Plan Gas.Ar que tanta “soberanía energética” promete, consiste justamente en subsidios a la producción de gas.
- Meta monetaria y financiera: Reducción de la asistencia monetaria (emisión) del Banco Central al Tesoro. En 2020 la emisión representó el 7,3% del PBI; en 2021dicha asistencia fue del 3,7% y se prevé bajarla al 1% en 2022, 0,6% en 2023 y 0% en 2024. Para llegar a esta meta se proponen fortalecer las herramientas financieras del Tesoro, es decir, emitir más deuda pública en pesos y llevar las tasas de interés a valores superiores a la inflación. En definitiva, que el Tesoro se “financie” mediante la especulación financiera. Además, el ministro agregó el fortalecimiento de los incentivos a las exportaciones. Nos preguntamos de qué manera se van a incrementar las reservas aumentando las exenciones impositivas a los sectores exportadores ¿no? Aprovechamos para recordar que estas exenciones no se refieren solo al agro, sino a la exportación de hidrocarburos, minería, automóviles, etc., es decir, todos sectores que ya vienen siendo beneficiados con distintos “estímulos a la exportación”.
- Respecto al bloque externo y cambiario, repitió los argumentos anteriores, donde se destacó el énfasis colocado a profundizar el desarrollo del mercado de capitales, es decir, financiación en moneda local.
- Por último, en torno a la inflación, se espera disminuirla mediante los elementos antes mencionados, sumado a una política de control de precios.
El problema político para la clase obrera
El gobierno anunció que el acuerdo no implicaba condicionamientos de flexibilización laboral, reformas previsionales, privatización de empresas públicas ni ajustes.
Al margen de que los anuncios fueron contradictorios en muchos de sus puntos –empezando por el de energía, siguiendo por el ajuste fiscal- lo cierto es que la reforma laboral y la previsional ya están siendo implementadas hace rato: tras la movilización de diciembre del 2017 contra la reforma previsional, quedó claro que tratar una reforma laboral integral, vía parlamentaria, traería un costo político muy importante. Por ello la burguesía decidió avanzar rama por rama, empresa por empresa.
El primer caso explícito que aparece es la adenda al Convenio Colectivo de Trabajo que firma el Sindicato de Petroleros de Neuquén, Rio Negro y La Pampa para Vaca Muerta, acompañada de paz social. Luego dicha adenda se extendió para todos los petroleros.
Así fueron avanzando empresa por empresa: recientemente implementaron una reforma en TOYOTA, orquestada por el SMATA con la promesa de efectivizarían de trabajadores. Avanzan allí donde pueden, en otros lugares encuentran resistencia de la clase obrera: en otras empresas automotrices, como Ford o Volskwagen no pudieron meter la reforma laboral abierta, como en TOYOTA.
En otros sectores no metieron una reforma formal, sino mediante la saturación de puestos y aumento de los ritmos de trabajo. Esto involucró a todas las ramas, incluidas las de servicios.
En educación de CABA, por ejemplo, metieron una fuerte flexibilización laboral mediante el uso de plataformas virtuales que elimina puestos de preceptorías, secretarías y otras tareas administrativas para descargarlas sobre docentes. Así mismo aumentó la cantidad de horas trabajadas en todas las ramas: en la industria se exigen cada vez más horas extras, y en los sectores de servicios el homeoffice no conoce de fines de semana ni de límites en la jornada laboral. Muchas veces, sin reconocer siquiera las horas extra. Con la misma excusa las empresas se han ahorrado costos de capital en edificios, transporte, alimentos, etc.
A todo esto hay que agregar la caída del salario: para estatales la pérdida del poder adquisitivo ha llegado al -40% tomando como base diciembre del 2016, y la de asalariados del sector privado del -30%[1]
El anuncio de ayer es la formalización de este ajuste, y el anuncio de su profundización.
Por eso Martín Guzmán le dedico unas palabras de agradecimiento también a los sindicatos, que “actuaron con mucha lucidez en momentos críticos”. Le faltó decir que ese aporte fue reprimiendo a la clase obrera en resistencia, que busca organizarse.
Para nuestra organización el problema del acuerdo con el FMI no radica en los números en sí: el problema no es si ajustan gasto público, si limitan la emisión monetaria, es decir, el problema no es si las medidas son buenas o malas, porque partimos de la posición de clase del Estado argentino.
Ese gasto público que está en disputa va destinado mayoritariamente a subsidios al capital para garantizar y ensanchar su cuota de ganancia.
Tampoco podemos ponernos a discutir –como si lo hacen las organizaciones de la izquierda reformista- si las metas del acuerdo son alcanzables o no, si favorecen o limitan el “desarrollo” capitalista, el crecimiento económico, o vaya uno a saber qué indicador macro.
Aquí lo que queda claro es que un sector del capital trasnacional se ha impuesto sobre otro; que se ha pateado un default para que el próximo gobierno se haga cargo; y que en esa disputa interburguesa la variable de ajuste es el pueblo trabajador.
Lo más claro para definir el pre-acuerdo anunciado ayer, son las propias palabras de Martín Guzmán, Ministro de Economía del gobierno “nacional y popular”: «Lo que pasa es como con el Stand By de Macri, el programa se termina y después queda la deuda”
Al ajuste que quieren profundizar, no se lo enfrenta en el parlamento, se lo enfrenta en cada puesto de trabajo.
[1] Tomando como referencia la Canasta Básica.