En apenas un mes y medio de este 2022 el FFCC Sarmiento tuvo varias medidas de fuerza; tres en enero y ahora la del día de ayer, más masiva. Ello sin nombrar varias escaramuzas y los anuncios de paros que fueron frenados por las burocracias. Es un marco de resistencia que habla de un mar de fondo en el seno de la clase obrera, y no sólo en los ferroviarios, que pone el acento en el hartazgo.
La huelga de los trabajadores se resolvió en asamblea, pero lejos de ser sólo referida a los protocolos como dicen algunos medios, o incluso el comunicado de la directiva de Zona Oeste, está condimentada por un estado de hartazgo y por la acumulación de reivindicaciones no resueltas y ninguneadas referidas a condiciones laborales pisoteadas y por imposiciones que fomentan un grado de opresión más agudo.
Todos estos hartazgos precipitaron la decisión de realizarla. La cúpula de la bordó, con Sobrero y la izquierda que lo acompaña, se vio forzada a llevarla adelante impotente frente a la presión de abajo.
De nada sirvieron las presiones ni los paños fríos que quisieron ponerles algunos burócratas con comunicados de prensa totalmente formales y lavados. Las cartas fueron echadas y no había marcha atrás. La paz social no es una situación permanente.
De inmediato salieron las declaraciones y los juicios condenando la legalidad de la medida. Se amparan en la legalidad los responsables de un servicio en el que todo el mundo viaja como ganado. Hacinado y sin protocolos.
“La medida de un paro la tiene que pedir el propio secretariado nacional, entonces no fue un paro legal, sino lo que hacen es no cumplir su tarea”; así se expresó el señor Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, al referirse a la huelga de los trabajadores de la seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento que, según él, no es legal porque el propio secretariado general de la Unión Ferroviaria no les pidió autorización a ellos -los directivos de Ferrocarriles Argentinos- para su realización. ¿Acaso el Señor Marinucci les pidió permiso a los trabajadores para descontarles de sus salarios los días no trabajados por tener contacto estrecho por covid? O ¿acaso les pidió permiso para no atenderlos cuando solicitaban atención de la obra social? ¿Acaso le preocupa a este señor que los servicios sanitarios de las secciones del ferrocarril sean obsoletos, antihigiénicos e inhumanos? ¿Acaso la unificación de convenios que la secretaría general de la Unión Ferroviaria vocifera como una gran batalla ganada se cumple? No, no se cumple. Sólo una parte trabaja 40 horas semanales, como afirma el convenio, mientras la gran mayoría trabaja 48 horas semanales. ¿La secretaría general de la Unión Ferroviaria, con Sergio Sasia a la cabeza, les pidió permiso a los trabajadores para ningunear sus demandas de protocolos, de salarios dignos, de condiciones edilicias como corresponde, de condiciones laborales dignas, de pase a planta de mercerizados, etc.? No, absolutamente no! Se la pasan tomando decisiones intempestivas ilegales, tanto las cúpulas sindicales como la directiva del ferrocarril, al margen de cualquier legalidad, y se llenan la boca con esa palabra.
Hay una lista interminable de ilegalidades, de acumulación de condiciones laborales y salariales que no cumplen con las necesidades de los trabajadores, todas fomentadas desde los monopolios con la institucionalidad empresarial y sindical a su servicio. Frente a todo ello los trabajadores y trabajadoras reclaman sus demandas y reivindicaciones con iniciativas y por medio de la huelga. ¿Acaso eso es ilegal, hacer una huelga cuando se descargan sin cesar políticas que apuntalan la flexibilidad laboral, que rebajan salarios, que limitan las libertades políticas, que atacan de frente a los trabajadores? NO, absolutamente no.
Por un lado, para hacer una huelga no hay que pedirle permiso a nadie; la propia organización asamblearia de base lo decide, en cada sección y mayoritariamente. En segundo lugar es un derecho históricamente adquirido, un medio de lucha tan válido como cualquier otro que viniendo de la mano de las propias iniciativas obreras pone la lucha en un marco de enfrentamiento franco y abierto, porque la situación no da para más. Es la mejor forma de expresar un escenario donde quedan expuestas las traiciones y los posicionamientos del capital y su runfla de secuaces frente al trabajo. En tercer lugar el derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional por lo tanto a legalidad de los monopolios les oponemos la legalidad de las decisiones de las bases y sus lucha por sus reivindicaciones. Porque una cosa es la legalidad de la burguesía y su Estado, otra cosa la legalidad de los trabajadores y su democracia.
Por abajo se discute el cuestionamiento a todo el andamiaje putrefacto montado sobre las espaldas de la clase obrera para seguir chupándole la sangre a costa de su propia vida. Entonces, nada mejor que estas iniciativas para ventilar lo que tan escondido tienen la burguesía y sus acólitos.
El carácter y el contenido de clase y la fuerza con que los trabajadores y trabajadoras llevan adelante sus iniciativas determinan la legalidad. Es una situación que se ve en los hechos y no en las declamaciones de un burócrata o gerente, que se ve en la dualidad de las formas que adquiere este enfrentamiento irreconciliable cada vez más expuesto. Las gerencias y burocracias se sostendrán en sus firmezas, negándose a conceder nada. El trabajador y trabajadora deben ampliar sus iniciativas dispuestos a ir por todo. Aquí la masividad es la mejor medicina.
Hablar de balances redundaría en más de lo mismo. Más aun cuando aparecen exponentes de la bordó con su oportunismo a flor de piel tratando de limar las asperezas de esta lucha e intentando sacar brillo a su propia opacidad.
De lo que hay que hablar es de profundizar el enfrentamiento por medio de la organización independiente. Este es el camino. Organizar la resistencia, para avanzar por lo nuestro.