No es justicia, es lucha de clases

Según los medios locales, un grupo de matones al servicio del sindicato de petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa; especializados en oficiar de patotas al servicio de las empresas y contra los trabajadores, entraron a la fuerza en instalaciones de la firma Petróleos Sudamericanos, en el área Medanito (si, ahí mismo dónde Oldelval derramó 2.000 m3 de petróleo por falta de inversión) el día 21 de julio de 2020 y, siempre según los medios, están imputados por los delitos de coacción y de impedir el normal funcionamiento de los transportes por tierra y el servicio público de electricidad o de sustancias energéticas.

Más allá de lo llamativo que resulta que un hecho de tales características no fuera difundido por estos mismos medios cuando sucedió, no deja de llamar la atención también que la supuesta “medida” se llevó a cabo en una empresa de menor envergadura en cuanto a su porción de negocios local, que explota convencional y maduros (pozos agotados que pueden ser reactivados por nueva tecnología); cuando, por esa misma época, YPF avanzaba con los despidos disfrazados de “retiros voluntarios”, descuentos salariales, baja de la adenda, flexibilización laboral, reducción salarial vía productividad, etc., lo que también hicieron Schlumberger, San Antonio, Halliburton, Weatherford, Pecom, entre otras y, por supuesto, con repercusión en toda la cadena productiva y actividades dependientes, con salarios en cuotas, suspensiones generalizadas y todo con la complacencia del sindicato quien, entre otras “perlitas”, pagó sicarios para convencer de aceptar el retiro a los trabajadores; lo que recuerda la táctica del tero, graznando acá para desviar la atención cuando el nido lo tiene en otro lado.

Y si bien no pudieron avanzar tanto como quisieron en el apriete económico a la clase; ello fue producto de la bronca y la lucha por abajo, a veces incluso silenciosa e individual; y no del acto político que hizo Pereyra en Rincón, al que tuvo el descaro de llamar asamblea cuando todos sabemos que los trabajadores y trabajadoras allí no tienen ni voz ni voto.

Es que, salvo alguna persona desprevenida, a esta altura de las circunstancias, nadie puede negar que el poder político, tanto del sindicato como del Estado, se encuentra sometido al mando del poder económico; en particular al del capital monopolista que, a través de esos resortes, logra imponerse sobre otros monopolios y obtener las medidas necesarias a sus negocios, por un lado; y por otro somete a la clase obrera, pretendiendo que no tenga otro motivo en su vida que producir ganancias que luego se apropian los capitalistas.

Y por eso parecería extraño que los matones del mismo sindicato que ha entregado sin sonrojarse las condiciones de vida de los trabajadores petroleros, sean “juzgados” por el mismo estado que guarda silencio de tumba ante las políticas de pauperización, ante los asesinatos laborales, ante las matoneadas del sindicato que ha llegado a golpear a quienes “osaron”, por las propias vías legales burguesas, disputar la conducción gremial. Es que las leyes se aplican depende a quien le convenga, y entre bueyes no hay cornadas.

Y este juicio les conviene a los que mandan.

Este hecho hay que enmarcarlo en la situación política actual: una economía altamente transnacionalizada, que atraviesa una crisis económica cíclica, sin superar la de 2008; lo que por un lado exacerba la competencia intercapitalista -la guerra en Ucrania es una muestra de ello- y, por el otro requiere un brutal ajuste sobre el pueblo trabajador, y destrucción de fuerzas productivas.

Por otro lado, los trabajadores y el pueblo laborioso venimos resistiendo este espanto al que pretenden someternos; creciendo en organización propia, en unidad, y con independencia política de sus instituciones, sindicales y estatales. Y eso no les permite avanzar tanto como quisieran sobre nuestras vidas, dificultando sus negocios que, aclaremos, se sostienen con el hambre del pueblo trabajador.

El poder monopólico y sus servidores de turno en el gobierno y en el sindicato, tienen perfecta memoria de los hechos ocurridos hace un año, cuando los trabajadores y trabajadoras de salud, en unidad con otros sectores obreros y populares, con democracia directa, le pusieron un palo a la rueda de sus negocios y, el estado de las petroleras neuquino tuvo que ceder ante la masividad, unidad y convicción del pueblo trabajador.

Es por eso que no resulta nada difícil pagar el servicio de unos cuantos desclasados para que se acepte sin lucha un juicio que servirá para sentar un precedente en el cual, “impedir el transporte por tierra” del petróleo -y en esto hacemos énfasis-, será castigado por la justicia penal.

Ellos saben perfectamente que las cuotitas de aumento que otorgaron a los estatales, o el “adelanto” de un mes de la última cuota del aumento a petroleros que correspondía a 2021 (¡¿y se paga en 2022?!) no cubren la inflación galopante que viene golpeando los bolsillos trabajadores, que hemos llegado al colmo de tener que endeudarnos para subsistir; y ni hablar de otros sectores trabajadores como el sector rural, que a las condiciones de inclemencia del trabajo deben sumar salarios muy por debajo de la canasta de pobreza que fijan los propios números del estado.

Y vienen abriendo el paraguas. Es claro que, si hubiesen intentado una medida como esta contra la masiva organización de trabajadores que provocó que tuvieran que recular el año pasado, se hubiese agravado su crisis política y se hubiesen producido mayores enfrentamientos.

Pero contra los matones sindicales, no sólo no tendrán oposición, sino que, por el contrario, genera la simpatía del pueblo trabajador, que ve en el juicio un viso de “justicia” contra los corruptos sindicalistas

Es por eso que este “juicio” nada tiene que ver con la justicia, sino que tiene una intencionalidad política de cercar la lucha genuina, la organización obrera; este juicio, expresa cómo se preparan para enfrentarnos ante los reclamos que necesariamente sobrevendrán, si no queremos someternos a una vida de indignidad y miseria aún peor.

Pero este tipo de medidas que pretenden imponer encuentran su límite en la organización de la clase.

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