Este jueves se llevó a cabo una nueva marcha de movimientos sociales. En esta ocasión coincidieron tanto organizaciones de izquierda como otras kirchneristas y ligadas a algunos sectores del gobierno. Los reclamos y/o peticiones eran, entre otros, ser recibidos por la flamante Ministra de Economía, Silvina Batakis, Salario Básico Universal y un bono de $20.000.
En los últimos tiempos, directamente proporcional al aumento de la inflación, han ido creciendo la frecuencia y la masividad de las manifestaciones del movimiento piquetero y de desocupados, siendo, este último, el sector más castigado frente a la remarcación de precios que hoy ya es casi diario.
Porque, si para quienes tienen trabajo se hace cada vez más difícil parar la olla, para quienes no cuentan con un ingreso fijo o apenas cobran un plan (que en el mejor de los casos no supera los 23.000 pesos), es prácticamente imposible.
Entonces es probable que detrás de estas movilizaciones y acampes haya mucha desesperación y urgencia, pero lo que sin dudas no falta es el ventajismo. Desde el sector kirchnerista que participa para presionar al otro sector de Gobierno con el que está en puja, hasta las dirigencias y el punterismo de las demás organizaciones del “progresismo” y la izquierda, para seguir administrando y gestionando la pobreza.
Mientras el gobierno facilita la acumulación de capital a la burguesía, las dirigencias de estas organizaciones sociales (además de ser un parche del Estado) administran la pobreza de los más desposeídos. Deciden quién cobra, cuándo, cómo y a cambio de qué.
Los planes sociales y un gran arco de subsidios a la pobreza de distintos nombres y montos, vienen a cubrir las falencias de este Estado y este sistema desde la etapa de gestación de una persona, durante su educación, por la desocupación y hasta en la tercera edad, “subsidiando” medicación que los jubilados NO pueden comprar porque tienen jubilaciones de miseria. Es evidente que esos planes y subsidios llegaron para quedarse, gobierne el burgués que gobierne.
Desde el punto de vista capitalista, la existencia de una población sobrante responde a las propias reglas del mercado laboral, que genera siempre una oferta de fuerza de trabajo superior a la demanda, como forma de presión sobre las y los trabajadores en actividad para bajar los salarios.
Por otro lado, la desocupación forma parte de la propia crisis estructural del capitalismo. Plantearlo por fuera de ello sería generar ilusiones reformistas.
Insistimos, la pobreza no se discute, la padecemos todos en mayor o menor medida. Las cada vez peores condiciones de vida tampoco, y el derecho del pueblo a exigir una vida digna mucho menos.
Pero NO es mediante el asistencialismo del Estado que vamos a lograr tener la vida que merecemos.
Los planes sociales solo le sirven al gobierno de turno para contener el estallido de un pueblo que no aguanta más, abriendo o cerrando la canilla según le convenga y usándolos de extorsión a cambio de votos. Sus planes sociales se van con ellos y después hay que conseguir la gracia del puntero que ponga el nuevo gobierno.
Pero bien que los acuerdos y subsidios a las multinacionales no se caen, venga el “modelo” que venga. Y también a un puñado de mafiosos que, según la porción de torta que les toque, aumentan sus filas para hacer más fuerza en una pulseada que solo los beneficia ellos, como aparatos, ya sea en lo económico o para acomodar un poco más el traste en la silla del poder.
Y esto que decimos no es una abstracción.
A los ya sabidos porcentajes que los aparatos de los movimientos sociales sustraen de los beneficiarios de planes, se le agregan otros mecanismos.
Por ejemplo: el reciente “enojo” de Juan Grabois viene porque con la unificación de caja anunciada por Batakis el pasado lunes, el Ministerio de Economía pasa a intervenir no solo las cajas de los organismos descentralizados del Estado nacional, sino también los fideicomisos, dentro de los cuales se incluye el Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU) que es administrado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), la organización de Grabois.
La disputa en cuestión es por 70 mil millones de pesos que perderían “libertad de administración” por parte del MTE, siendo que hoy en día se utilizan en vez de construir viviendas, para colocar títulos y obtener renta financiera.
En otras palabras: lo que está en juego es la libre disposición de esa partida no ejecutada, en un marco de creciente empobrecimiento de las masas populares que ejercen presión ante las miserables condiciones de vida a las que estamos sometidos.
Mientras los referentes de las organizaciones determinan movilizar a la trillada Plaza de Mayo, las multinacionales siguen produciendo en un ritmo inalterable y la historia de la explotación sigue su curso cruel.
¿Qué pasaría si en lugar de hacer ochenta mil kilómetros con las y los hijos a cuestas, para perder todo un día en el centro porteño, y sólo perjudicando a otros pobres que en lo único que se diferencian es en que sí tienen quien los explote, se hicieran movilizaciones locales para golpear las ganancias de empresas monopólicas, aunque sea con un bloqueo en las puertas para que no puedan mover sus mercaderías?
Bloqueo de puertos, empresas y parques industriales, eso no se discute. Porque no quieren tocarle los intereses a la burguesía.
¿Qué pasaría si desde las organizaciones sociales generáramos UNIDAD con los trabajadores de los parques industriales para que ellos pudieran exigir sus reivindicaciones, que las tienen? ¡Otro sería el presente y, definitivamente, otro sería el futuro!