Las últimas semanas (en medio de la profunda crisis política que atraviesa la clase dominante y que se expresa claramente en las internas de la coalición gobernante) se destacaron por las idas y vueltas en la «puja» del Gobierno con el campo.
Una mirada superficial nos resume la problemática de la siguiente manera: la administración del Frente de Todos necesita dólares y los grandes productores no quieren vender dado que no los favorece el tipo de cambio. Con lo cual, los granos de soja, por ejemplo, siguen acopiados en los silos.
Por estos días el Ministerio de Economía comunicó la resolución que determina un tipo de cambio especial que favorecería la venta de la cosecha de soja. Explican, desde el oficialismo, que el nuevo régimen implementado por el Banco Central será un fuerte incentivo para que esto se produzca, dado que podrán convertir el 30% de las ventas al precio del llamado dólar ahorro.
La mejora en las ganancias estaría rondando en definitiva un 15% para los productores de la oleaginosa, y mecanismos similares se aplicarán para los restantes cultivos. En definitiva, si esto funciona como quiere el gobierno, entrarían los dólares necesarios para afrontar las necesidades de financiar las importaciones (fundamentalmente de energía), el gasto público y el pago de la deuda externa, a través del cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Esto es lo que te cuentan. Miremos estos entretelones desde una perspectiva de clase.
Aquí, lo que está en juego es una disputa propia de la burguesía, que no encuentra ni la unidad política ni los mecanismos económicos para resolver su crisis.
Y no puede hacerlo porque la lucha de clases dispone que así sea.
La disputa con «el campo» es una refriega intestina de la clase dominante.
Los «pobres productores» no quieren liquidar sus cosechas acopiadas en los silos, sencillamente, porque el tipo de cambio no los favorece, pero bien cierto es que de pobres productores no tienen nada (y es claro que no hablamos aquí de pequeños productores sino de los grandes grupos económicos que manejan el negocio agroexportador).
Tienen ganancias extraordinarias que, en definitiva y como bien sabemos, es el resultado de la explotación del trabajo asalariado (aplicamos aquí la perspectiva de la lucha de clases: la burguesía no produce nada, acumula capital gracias a la explotación del trabajo ajeno).
Recordemos que son 10 las empresas multinacionales que manejan el 90% de los negocios agropecuarios en Argentina. Entre ellas Cargill, y la muy conocida Oleaginosa Moreno Hnos, que pasó hace poco (el año pasado) a llamarse Viterra Argentina, operadora local de Viterra, que es el nombre actual de Glencore Agriculture, poderoso conglomerado económico agroindustrial que había adquirido a la Viterra de origen canadiense.
Entonces, estamos hablando de negocios de miles de millones de dólares, negocios manejados por esas 10 empresas que, en definitiva, vienen concentrando capitales desde hace décadas, explotando el trabajo ajeno y usufructuando el negocio de la tierra (Viterra significa, cínicamente, vitalidad de la Tierra).
Pero en este negocio para pocos, cerca del 60 % de los trabajadores rurales están en negro, cobrando salarios miserables. El resto (trabajadores en blanco) rondan los 70.000 pesos en promedio, cuando la canasta básica está arriba de los 100.000 pesos.
Y el gobierno, en realidad, necesita los dólares para favorecer los negocios de las empresas monopolistas a través de subsidios, exenciones impositivas, y el pago de la fraudulenta deuda externa, que representa la extracción de enormes masas de plusvalía (resultante de la explotación capitalista).
En definitiva, si los empresarios agropecuarios liquidan más o menos de sus cosechas, eso no significa nada para los intereses de la clase obrera y el pueblo.
La inflación continúa desatada, deteriorando cada día más el poder adquisitivo del salario (formidable mecanismo para implementar el ajuste).
La propia ex ministra Batakis dijo en Washington que se van a tomar más medidas para profundizar el ajuste. Es claro que el nuevo «Súper Ministro» Massa va a continuar en el mismo camino, porque ese es el plan de la burguesía explotadora. Y es en esta perspectiva que debemos analizar la relación del gobierno con los monopolios del agro.
Entonces, la «pelea» con el campo no es otra cosa que una disputa interburguesa, muy bien utilizada como mecanismo de distracción a través de los medios de comunicación, como si ahí se jugara el destino de los intereses del pueblo.
Como si el ingreso de divisas fuera un beneficio para el pobre, el desamparado, la gente hambreada.
Como si el Gobierno estuviera defendiendo esos intereses, cuando en realidad, todo lo que ahí se juega pasa por la rapiña capitalista de la cual aquel es cómplice, al gobernar para su clase.
En definitiva, la tierra no debería tener dueños privados y los productos de ese trabajo deberían ser para beneficio de todo el pueblo.
Hoy, mientras “los productores” se pelean con el Gobierno, se producen en Argentina alimentos para cerca de 450 millones de personas. Pero la inmensa mayoría de la población no puede acceder a una alimentación de calidad y gran parte del pueblo pasa hambre.
Esto es lo que importa. Y por esto es que la lucha de clases conducirá de manera inexorable a cambiar este estado de cosas, expropiando a aquellos que sólo piensan en sostener sus ganancias.
Son enemigos de clase, por la sencilla razón de que viven de manera privilegiada, concentrando una riqueza que ellos NO producen.