Todos los medios masivos dan cuenta de la acusación de la fiscalía a Cristina Fernández de Kirchner debido a la causa que se le sigue por asociación ilícita con el fin de apropiarse de fondos del Estado para beneficio propio y de un círculo reducido de funcionarios y burgueses.
Se ha disparado el tema y se fomenta con amplia cobertura nacional.
El mismo se presenta como el problema más importante que sacude la vida de todos los argentinos y como el centro de atención de todas las miradas y oídos que tenemos por delante para resolver.
El mensaje es que la continuidad de la “democracia” depende de esta cuestión. Nuestro futuro como país está en juego y, el mismo, está sujeto a cómo se resuelva este conflicto.
Todos los partidos de la burguesía e instituciones del sistema han tomado posición respecto del ventilado caso. La izquierda electoralista también lo hizo, aceptando dócilmente el mandato implícito, tal como siempre lo hace, de inclinarse (siempre se inclina y se hinca de rodillas) por alguno de los sectores políticos burgueses enfrentados, preocupada en que se cumplan los dictados de la legalidad burguesa. Y la mencionamos particularmente porque es la pata necesaria de la burguesía en que esta clase se apoya para engañar a algunos sectores del proletariado.
A la gran burguesía no le importa el destino que tenga particularmente Cristina Fernández de Kirchner respecto de las acusaciones que se le siguen porque sabe que la corrupción estatal es parte del trabajo asignado a los funcionarios políticos que defienden sus intereses, mientras el gobierno avance con las medidas que le ayudan a sostener sus ganancias.
Mientras tanto, vía inflación del 100% anual (según estimaciones basadas en el crecimiento que ha tenido la misma en lo que va del año), se han reducido a niveles bajísimos los salarios, a lo que hay que agregar que el aumento de tarifas ya decidido por el ministro Massa y su gobierno más los recortes del presupuesto aplicados sobre el llamado “gasto social” que representa, según lo informado, unos $ 500.000 millones (equivalentes a unos US$ 3.450 millones al cambio oficial), van a impactar en las condiciones de vida de proletarios (incluidos jubilados, pensionados y desocupados) y sectores populares.
Ejemplo de esto son los anuncios del día de ayer, en donde “se destacan descuentos” en el presupuesto para educación (-$50.000 millones), para salud (-$10.000 millones), para Viviendas (-$50.000 millones), Obras Públicas (-$20.000 millones), Transporte (-$10.000 millones), Desarrollo Productivo (-$70.000 millones) o el planchazo en el salario mínimo vital y móvil.
En este marco la vida cotidiana de las amplias mayorías va hacia niveles insoportables y el descontento crece expresándose en paros y medidas de lucha por aumento de salarios y reapertura de paritarias que se dan en distintos puntos del país (neumáticos, vitivinícolas, empresas de servicios de agua, docentes, salud, estatales, y otros), inquietud y estado deliberativo en fábricas metalúrgicas y otras empresas.
La resistencia del proletariado y las masas populares se concentra en las cada vez peores condiciones de vida entre las que destaca el salario e ingresos en general.
Lo que es indudable y se expresa a todas luces es que el aparato institucional utiliza el tema como cortina de humo para tapar la profundización del ajuste que se ha decidido implementar.
Contra este show montado y aprovechado por la clase dominante para ahondar el ajuste que consideran fundamental para sus planes, el proletariado irá incrementando sus acciones de resistencia.
En ese marco, los revolucionarios y, principalmente nuestro partido, deberemos avanzar con mayor compromiso y audacia en las iniciativas de acción y organizativas que conduzcan a las masas a frenar los ajustes y generalizar la lucha del proletariado y sectores populares con el fin de lograr conquistas que nos permitan una mejor condición de existencia al tiempo que les restamos tiempo y espacio para el logro de mayores ganancias a costa de la degradación de nuestras vidas.