Tal como lo hace siempre, tras un objetivo que perjudica a las y los proletarios, la burguesía y sus funcionarios estatales construyen una mentira a fin de ir creando la idea de que las leyes, decretos y decisiones políticas son beneficiosas «para toda la sociedad».
Han avanzado mucho sobre la quita de beneficios laborales ganados con luchas, sangre y persecuciones, pero aún así quieren que el despojo sea mayor, porque desean recuperarse de la crisis económica que han provocado ellos mismos.
Nuevamente ponen sobre el tapete el tema de la “flexibilización laboral” expresión que esconde una mayor explotación.
Argumentan al respecto que las leyes laborales datan de muchas décadas atrás y que ya son viejas para las exigencias de la moderna producción. A ello le agregan que el empresariado es víctima de “la industria del juicio” por parte de las y los trabajadores; que la legislación laboral tan rígida como la actual «no ayuda a atraer capitales que se necesitan para producir y generar trabajo “genuino”.
Lo que omiten decir es que, habiendo más de 21 millones de trabajadores en el país, sólo poco más de 10,8 millones están registrados, con un promedio de salarios que no alcanza a cubrir la canasta básica y, por ende, están lejos de llegar a la canasta familiar la cual se encuentra hoy en más de $ 220.000,00 según el cálculo que realiza en cada paritaria el gremio de aceiteros.
Por su parte, el resto de trabajadores que supera la cantidad de 10,6 millones (el 50% del total), son informales. Una parte de esos 10,6 millones está compuesta por monotributistas u autónomos, donde se mezcla trabajo asalariado y cuentapropistas (profesionales, pequeños patrones, etc.), y otra parte es abiertamente reconocida por el propio Estado como trabajo asalariado no registrado (5,1 millones). Se estima que en realidad cerca del 40% de la fuerza laboral está en la informalidad (una parte como monotributistas, otra parte sin ningún tipo de formalización). Se trataría entonces de unos 8,5 millones de trabajadores que no perciben ni siquiera esos magros salarios del empleo formal, y que tampoco tienen ningún tipo de obra social, ni protección laboral de la poca que da el pertenecer a un gremio.
Tanto unos como los otros están también presionados por el enorme ejército de desocupados que tiende a tirar abajo los salarios de los ocupados dada la competencia por conseguir un puesto de trabajo.
La clase empresaria y gobernante (incluida la oposición parlamentaria, en una palabra, la burguesía) también omite decir que la Constitución Nacional que ellos mismos aprobaron mediante el acuerdo Menem – Alfonsín, establece que todo trabajador o trabajadora debe percibir un salario que le permita cubrir sus necesidades de alimentación, vestimenta, vivienda, educación, salud y futura jubilación con tiempo para el esparcimiento y descanso suficiente.
Esos señores empresarios monopolistas en armonía con el coro de funcionarios gubernamentales, e institucionales que incluye a los tres poderes del Estado y a la totalidad de los medios masivos de difusión, tampoco dicen que las actuales condiciones de trabajo, de vida y salarios de los trabajadores es anticonstitucional. En una palabra, a pesar de ser gobierno, legisladores, funcionarios judiciales o empresarios atildados y muy “respetados” socialmente, son todos delincuentes que infringen la ley que ellos mismos crearon para su propio beneficio.
Y ahora aparecen como víctimas de las y los trabajadores que cuando sufren algún accidente de trabajo, se enferman por las terribles condiciones laborales o son echados, acusados de cualquier cosa, les hacen juicio. ¡A esto le llaman la industria del juicio!
En suma, pretenden reducir aún más los salarios de hambre, incrementar los ritmos de trabajo, alargar las jornadas laborales (obligando a las horas extras), degradar más aún las condiciones laborales y dejar con menores defensas aún a los trabajadores. A eso se resume el reiterado intento de implementar una nueva reforma laboral que les dé un marco legal.
Así pretenden, como dijimos, resolver el tema de sus porcentajes de ganancias deteriorados por las crisis. Varios dirigentes de la CGT, incluso, ya han manifestado que están dispuestos a sentarse a discutir esa modificación legal con empresarios y gobierno.
Lo que les va a ser más difícil resolver es la crisis política profunda que tienen no sólo como gobierno sino como Estado en el que cada vez menos personas confían ya que ante cada resolución, en cada paso que dan, va apareciendo con creciente nitidez que está presente para beneficiar a la gran burguesía en contra de las mayorías laboriosas.
Allí está el tendón de Aquiles de la burguesía y es allí en donde las y los trabajadores debemos darles batalla. Hacia ese fin, la clase obrera industrial tiene el papel fundamental ya que ella tiene el poder suficiente para pegar los golpes certeros que ellos no pueden aguantar y de influenciar a otros trabajadores por fuera de la propia rama de producción en la que actúan.
Esto se vio claramente en el conflicto del neumático en donde no sólo las empresas de dicho sector estuvieron realizando cabildeos con el gobierno sino también los de la industria automotriz, las autopartistas, las empresas de transporte tanto de mercancías como de pasajeros, preocupando a todo el espectro político e institucional.
El poder de las y los trabajadores de la industria es inconmensurable, de ello hay que hacer conciencia a través de la lucha organizada con las ideas revolucionarias y la unidad de clase. Ese poder nos abre un horizonte de dignidad que podemos conquistar.