El debate parlamentario sobre la ley de humedales avanza sobre el terreno que más conviene a los monopolios, sobre la base la de defensa de la democracia burguesa, o sea, del capitalismo.
No es intención de este articulo ventilar las discusiones que se vienen dando. A medida que se discute esta ley es más evidente quienes obtienen las mayores ventajas de misma.
Cada etapa de la discusión, desde hace casi 20 años, trae aparejado modificaciones en las propuestas de sus artículos que, lejos de contrarrestar el dominio de los monopolios globales sobre la apropiación y el saqueo de nuestros recursos, los atempera, incorporándoles nuevas revisiones y planteamientos que terminan legitimando desde una ley sus políticas de saqueo en los hechos.
A lo largo de las últimas dos décadas este saqueo se ha hecho más patente.
Despiadado y hasta descontrolado. O, mejor dicho, controlado por los monopolios.
Como ocurre en la industria petrolera o la minería del litio con el uso de los recursos hídricos, -también en base a una ley- los hechos se van imponiendo al compás de la desesperación por las ganancias.
Todo esto en un marco de crisis de súper producción, de anarquía y despilfarros a costa de niveles de productividad cada día más acelerados que requieren y demandan más y más recursos naturales disponibles, y más fuerza de trabajo intensiva y explotada.
Sobre la base de estas condiciones, donde el capital monopolista se mueve más allá de cualquier ley burguesa, se asienta la ley de humedales.
Es decir, la discusión de esta ley que tanta controversia trae desde hace más de 20 años, cada vez que se ventila en los fueros del parlamentarismo se acopla en la letra a las políticas que de hecho el capital monopolista practica a costa de saqueos, destrucción y apropiación privada de los recursos de nuestro pueblo. Es decir: se adecua a las necesidades de la clase dominante. Primero el hecho después el derecho.
Esta discusión puesta delante durante el 2° gobierno K en función de otras facciones monopolistas que pujan por posicionarse dentro de la estructura de dominación, cancelada durante el gobierno macrista y vuelta a reeditar en la actualidad, solo ha servido para estirar un escenario basado en las propias disputas intermonopolistas que no se resuelven por una ley y que al mismo tiempo -producto de la crisis política imperante- no están en condiciones de establecer un marco de estabilidad en el discrecional manejo de los recurso naturales.
Las demandas por la preservación de estos recursos naturales, de diversivas expresiones populares afectadas directamente por la abierta destrucción que llevan adelante en localidades, pueblos y provincias, son pasadas a segundo plano.
Porque expresan la abierta confrontación contra todo este escenario destructivo. Demandas que el oportunismo del actual gobierno y partidos reformistas de izquierda, inclusive las facciones monopolistas que abominan esta ley, utilizan en función de darle un manto de representatividad y legitimidad a la desmoronada democracia burguesa. Y con ello a supuestos representantes del pueblo que pretenden lavar sus culpas
Sin embargo, esta ley cada vez más reaccionaria, aparece en manos de toda esta orquesta de oportunistas férreos defensores del capitalismo como una lucha contra sus desmanes y usos desmedidos.
Buscando desunir lo que de hecho esta unido intentan divorciar la estrecha relación entre el Estado y sus instituciones con el capital monopolista. Quieren disimular el carácter subordinado del Estado respecto del capital monopolista y junto con ello los mecanismos de representatividad y la propia democracia burguesa, tan dolorosamente ajena a las necesidades de la clase obrera y el pueblo.
Hay corporaciones que son respetuosas con el medio ambiente -se llega a decir y sobre la base de esta falacia- que hay un capitalismo que puede acogerse a una ley que consensuada entre las demandas sociales con las empresas “serias” y establecer un equilibrio para el uso de los humedales.
Con ello se ventila también ese contrabando ideológico que trata de oponer un capitalismo bueno de otro malo, y a las instituciones como el Congreso separadas de las diversas facciones de la clase dominante.
Si la aprobación de esta ley es luchar contra el desmanejo de estos recursos (contra el capitalismo), la democracia seria aprobar una ley que basada en la “sustentabilidad” y un “equilibrio” que sirvan para unos y otros. O sea, que concilien la sustentabilidad de la naturaleza, sus ecosistemas y sus poblaciones con la ávida sustentabilidad de recursos naturales y sociales en función de las ganancias privadas de los monopolios.
O sea: conciliar la destrucción y el saqueo con el empeoramiento de las condiciones de vida. Esa sería la traducción real de toda esta verborragia… ¿Y a esto le llaman luchar contra el capitalismo?
Frente a todo ello están las necesidades de las y los trabajadores y el pueblo, la posesión de los recursos naturales y las necesidades vitales de los seres humanos solo se pueden armonizar cuando la propiedad privada sobre el medio ambiente y los defensores de todo este régimen sean despojados de su poder por una revolución social.
En él mientras tanto, la organización de base por fuera de toda institucionalidad burguesa no puede ser otra que encaminarse a un proyecto revolucionario para enfrentar desde el propio terreno –el terreno del poder local- a toda esta podredumbre.