Ya es por todos conocido que lo que se viene es más ajuste, con todo lo que ello implica en las ya deterioradas y angustiantes condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y el pueblo.
Padecemos ajustazos como el de hace una semana atrás –en pleno marco electoral- de la mano del gobierno actual (es decir, del peronismo) pero a la vez convalidados por Cambiemos y el Pro.
Independientemente de las facciones monopolistas que los candidatos de los partidos burgueses representen, todos tienen al ajuste como el agua bendita que beben a diario, saborizada por la inflación galopante y las devaluaciones permanentes, haciendo aún más penosas las condiciones de vida y trabajo.
No hay dudas que el ajuste es el programa político de la clase dominante y que las ofertas electorales de unos u otros candidatos son variantes del mismo programa de las facciones monopolistas.
Sin embargo, están condiciones de opresión de clase en términos económicos y políticos llevadas adelante por el sistema representativo burgués (“la llamada democracia burguesa”) no hacen más que profundizar el divorcio entra la clase dominante y los trabajadores y el pueblo. Divorcio que se viene acentuando al compás de la lucha de clases que pone en vilo las preocupaciones de la clase dominante.
Pues la gobernabilidad, es decir el aval para profundizar el ajuste con el consenso político de nuestro pueblo, no es tal. Por el contrario, si en este marco de aguda crisis capitalista las ganancias del gran capital monopolista y el sostenimiento del sistema político que avala esas ganancias a costa de explotación y miseria son las dos caras de la democracia representativa burguesa, el divorcio entre los de arriba y los de abajo es una realidad inevitable para la propia clase dominante.
De allí su desesperación y el marco represivo que asume y que pretende llevarse puesto todo el andamiaje de derechos políticos que la propia democracia burguesa ha venido sosteniendo como derecho pero que pisotea a cada paso.
El derecho burgués, monopolista, derecho a la explotación, derecho a la opresión social, derecho a la apropiación privada de la producción social, al saqueo, al despojo, se lleva puesto los derechos de la clase obrera y el pueblo.
Como contrapartida, los derechos políticos y sociales que se asientan en las metodologías de lucha de la clase obrera y el pueblo trabajador, en donde comienza a despuntar la democracia directa y asamblearia, expresan un marco de acción práctica que condiciona los engaños electorales de la burguesía.
Cuando en una asamblea de trabajadoras y trabajadores se vota a mano alzada por tal o cual medida, por tal o cual demanda y se resuelve su ejecución práctica, este derecho va expresando el ejercicio de la democracia. Cuando estos mismo trabajadoras y trabajadores repudian con la abstención al sistema electoral burgués denigran a la propia clase dominante, porque el voto que reclaman los diversos representantes burgueses son precisamente el derecho de su clase a todo lo que la clase obrera y el pueblo repudian.
Por lo tanto, no es verdad que el pueblo “pisotea el voto”. La democracia se comienza a ejercitar en algunas fábricas, en los lugares de trabajo, en las barriadas, afirmándose como un derecho político frente a los representantes burgueses -como por ejemplo las cúpulas sindicales traidoras- que solo aspiran al voto para seguir sosteniendo los intereses de la clase explotadora.
Por lo tanto, subyace en todo esto el derecho a considerar a la democracia burguesa y su andamiaje electoral e institucional como lo opuesto a lo que se aspira como democracia y derechos políticos que forman parte de las aspiraciones de vida digna que la clase obrera y el pueblo demanda.
La realidad es que habiendo conciencia o no de todo ello confrontan dos derechos: los de los monopolios y los del pueblo trabajador.
Por lo tanto, la abstención no solo es un repudio a la democracia burguesa con todo el ajuste que trae puesto, sino que expresa un contenido de clase que se va abriendo camino frente al sistema social putrefacto que es el capitalismo.