El candidato peronista “en ejercicio” del gobierno, Sergio Massa, designado formalmente a dedo por la vicepresidenta Cristina Fernández vda. de Kirchner para disputar las próximas elecciones entre burgueses, sacó un decreto sobre el pago de un bono de $ 60.000,00. El mismo, luego de una semana de anuncios y cabildeos, fue publicado el día 30-08-23 en el boletín oficial, firmado por el presidente “en reposo” Alberto Fernández y todo el gabinete de ministros.
Según dice textualmente el decreto, la particular decisión se tomó para “mitigar la caída de los salarios reales” a consecuencia de la devaluación del 22% decretada ¡por el mismo “mandatario”..! Te pego el tiro y luego te pongo las curitas.
Pero el ministro presidente candidato, pensó que con las espaldas que le daba el reciente acuerdo con el FMI, mediante el cual ingresaron al tesoro nacional unos US$ 7.500 millones de dólares para afrontar los pagos al propio organismo mencionado, podría ser él el instrumento de interpretación de los intereses de toda la burguesía y así atemperar los efectos de la inestabilidad creciente de un pueblo laborioso sumamente descontento con su gobierno.
La idea le parecía brillante y ensamblaba perfectamente con sus intenciones de mejor posicionarse en el proceso electoral al que está abocado.
Pero la respuesta de la burguesía en su conjunto no se hizo esperar. Los grandes monopolios le respondieron que, en las negociaciones paritarias, el “bono” que anticipa salarios ya estaba incluido dado lo cual se liberarán de su pago anticipado en los meses de agosto y setiembre.
Por su lado las cámaras de pequeñas y medianas empresas pusieron el grito en el cielo ante lo cual, la medida previa a la publicación del decreto en el Boletín Oficial, debió ser modificada a pesar de que se había proclamado como obligatoria y sancionable (al decir de la ministra de trabajo), para aquellos que no cumplieran con la misma. En consecuencia, se dispuso un subsidio especial para MIPYMES, parte del cual (Microempresas) se lo liberaba del 100% de las cargas patronales frente al Estado y, al resto, del 50% de la misma imposición.
En síntesis, del salario de los trabajadores, en forma de subsidio estatal, sale el recurso a favor de las mencionadas empresas.
Por su parte, la mayoría de los gobiernos provinciales (incluidos los del mismo signo peronista del gobierno) se negó a pagar dicho bono por “falta de fondos y porque en las paritarias estatales se habían previsto los mecanismos de actualización de índices inflacionarios sobre los salarios” (cláusulas gatillo y de revisión).
Al final, el ministro de economía en “ejercicio del poder ejecutivo”, sin comentario alguno de su electora a dedo, la vicepresidenta Fernández de Kirchner, y con la única voz de apoyo del “retirado” presidente Fernández, quedó expuesto sin escudo mostrando una debilidad política evidente que produce el efecto contrario que quería provocar para posicionarse mejor en el camino electoral.
La expectativa del bono interruptus y la ausencia de una recomposición inmediata para el serruchado salario de muchos trabajadores e ingresos populares que finalmente no recibirán nada, traerá más resistencia y descontento y agudizará la lucha de clases.
Es que su burguesa y peregrina visión de Massa y compañía no los deja ver una de las leyes que rigen el sistema capitalista más aún en esta fase regida por el poder de los monopolios transnacionales: el poder autocrático ejercido en las industrias por los dueños del capital es inversamente proporcional al poder de los gobiernos de turno. O, lo que es lo mismo: la planificación minuciosa de la producción fabril, se contradice con el caos social generado por la producción social no planificada, generalizándose un “sálvese quien pueda” y una actitud de voracidad creciente que profundiza el interés particular sobre el general alimentado por la propiedad privada capitalista y su violenta competencia monopolista. Lo cual quiere decir que las resoluciones de los gobiernos son cada vez más débiles frente al poder real de la burguesía concentrada.
A ello debemos agregarle que, en particular, en nuestro país, la lucha de clases que se manifiesta en el descontento social creciente, en luchas y conflictos de la clase obrera, trabajadores en general y reclamos de sectores desplazados del sistema, hace tambalear aún más el pulso que maneja “la lapicera” (al decir de la vice presidenta) del ocasional gobernante y sus instituciones estatales profundizando la crisis política de la burguesía que se hunde más y más en el barro de su descomposición e impotencia para doblegar a su gusto a su oponente la clase obrera y demás sectores populares oprimidos.