Toda sociedad dividida en clases requiere del Estado como fuerza de coerción y, por lo tanto, éste se va construyendo a imagen y semejanza de la clase dominante. En nuestro caso, el Estado es de la burguesía.
A su esfera corresponden la administración central del país en lo político, los económico y lo social. En síntesis, interviene en todas las áreas de la vida social. Las fuerzas de seguridad, el ejército, el parlamento con sus leyes, el poder judicial con sus leyes y códigos de procedimiento y, obviamente, el poder ejecutivo o gobierno. También otro tipo de instituciones como el Banco Central y otros, la Casa de Moneda, los efectores de salud pública, escuelas públicas, fondos de jubilación, medios de difusión públicos, institutos de ayuda social, empresas estatales, etc.
La clase dominante, la burguesía, y más precisamente la gran burguesía altamente concentrada u oligarquía financiera, necesita como los vegetales el agua, que el Estado funcione adecuadamente, porque a través de esa maquinaria, ejerce su dominio, pues el ejercicio y sostenimiento de éste sobre toda la sociedad dependen del papel coercitivo del Estado.
El gobierno de turno debe cumplir el papel de administrador del Estado, ejecutor de las decisiones políticas, económicas, educacionales, sanitarias, etc. y, para ello, en relación con el poder legislativo, elabora las leyes que rigen las vidas y destinos de los habitantes del país. Para dirimir los conflictos está el poder judicial que basa sus decisiones en las leyes que fueron aprobadas a favor de los intereses de la clase dominante, con excepción de las que el proletariado y sectores populares lograron conquistar a través de arduas luchas pero que, en muchos casos, se transforman en letra muerta, salvo que por fuerza de la lucha obliguen a la burguesía a cumplirlas. Claro ejemplo de ello es el Art. 14 bis de la Constitución Nacional vigente[1]. Aquí conviene aclarar que la mayoría de los conflictos se dirimen a favor de los intereses de la clase burguesa.
Para que toda esa maquinaria funcione, deben procurarse enormes recursos económicos, entonces el Estado recauda impuestos y otras contribuciones compulsivas (tasas, aranceles de importación, retenciones a los bienes de exportación, multas, sellados, etc.). Frente a esto, la burguesía se debate entre la necesidad de recaudar para el funcionamiento del Estado, y la intención de que el Estado gaste lo menos posible a fin de obtener esos recursos para sus negocios. Entonces trata, por todos los medios, de transferir la carga impositiva a los sectores populares y presionar para que los gastos estatales se reduzcan a lo mínimo.
El impuesto estatal que más recauda es el I.V.A., pero es el que paga fundamentalmente la clase obrera, trabajadores activos y pasivos, y sectores populares. La masividad es el éxito de esta recaudación de la que no escapa nadie ya que, al consumir cualquier producto o servicio, dicho impuesto viene incluido en el precio de los mismos.
La recaudación del total de impuestos alcanza niveles de acumulación que son muy tentadores a los ojos de la burguesía que ve con fruición esas masas de dinero a las que desea para sus negocios. Ni lenta ni perezosa la burguesía acude al Estado para que ese dinero, que la burguesía considera ocioso y con derecho a disponer para sí, sea destinado a ella a través de subsidios, y otros mecanismos que le facilitan capitales ajenos para sus negocios.
Sin embargo, la propia burguesía interesada en sostener el funcionamiento del Estado que defiende sus intereses, no está dispuesta a pagar impuestos y otros aportes compulsivos. Pretende que sus ganancias queden netas y en aumento.
Por esa razón, cada impuesto que el Estado le asigna a la clase dominante, ésta lo traslada a los precios de las mercancías y servicios. Desde la extracción de los recursos naturales, la elaboración de las materias primas, de insumos y del producto final, toda la cadena productiva y de intercambio va transfiriendo los porcentajes correspondientes a los impuestos hasta llegar al precio final de los productos y servicios que termina pagando el consumidor. Aquí es dable repetir que la gran masa de consumidores está formada por el proletariado, trabajadores activos y pasivos en general y sectores populares. De tal forma, quienes terminan pagando los impuestos asignados a la burguesía somos nosotros.
Debido a ese mecanismo de traslado de las cargas impositivas a los precios, la burguesía nos dice, repite y martilla permanentemente que los impuestos encarecen los productos. Pero, en verdad, lo que encarece los productos es que ningún burgués resigna un ápice de sus porcentajes de ganancias trasladando todo al pueblo.
No les basta con que el Estado esté a su servicio y sea una herramienta propia de explotación del trabajo ajeno, de apropiación de la riqueza social y de manejo de las ideas y conceptos que aseguran su poder mediante la educación y medios masivos de difusión. Quieren más… que lo paguen los que no tienen capital, y lo consiguen transfiriendo los costos impositivos a la masa mayoritaria de la población que carece de recursos y de propiedad más que su propia fuerza de trabajo la cual se ve obligada a vender a la burguesía para poder subsistir.
Pero, si bien el mecanismo de transferir los impuestos a los precios con el fin de eludir esa carga y hacerle pagar el mantenimiento de su Estado a los sectores populares, beneficia a la burguesía, termina incidiendo en los precios finales de sus productos y servicios, haciendo que sus productos pierdan competitividad en el mercado. Por esa razón es que protestan permanentemente contra los mismos.
Poniéndose en el lugar de simples y humildes “contribuyentes” individuales, valiéndose de una cuota de gran sentido común (burgués) propalan a todo quien quiera oír que los impuestos encarecen los productos y no permiten el desarrollo de la producción. Entonces presionan a los gobiernos y legisladores para que los liberen de semejante carga y la suban a espaldas del pueblo en forma directa sin pasar por ellos, para evitar cargarlos a los precios finales que los hace perder competitividad.
Tal como hacen permanentemente con todo lo que refiere a la cosa pública, los burgueses manifiestan a coro su acuerdo con la disminución de los gastos estatales al tiempo que presionan para no pagar los impuestos que mantienen a su propio Estado, presionan por otorgamientos de subsidios, pretenden saquear los fondos recaudados para otros fines (por ejemplo, los aportes jubilatorios y otros fondos, etc.). Aplican el concepto de “ajustemos gastos” pero no con la mía.
Esto se ha visto toda la vida, pero ahora, en plena discusión del DNU y la ley ómnibus del gobierno de Milei, se ve con claridad palmaria en el acuerdo manifiesto de todos los capitalistas respecto de las medidas que apuntan a la reducción del déficit fiscal, al tiempo que cada sector burgués protesta por la cuota que debe pagar. El “clamor” se resume en: “ajustemos…, pero al pueblo” que es precisamente lo que está haciendo el gobierno en forma más profunda de lo que los gobiernos anteriores hicieron, no por falta de vocación de éstos, sino por circunstancias de la profundización actual de la crisis mundial y nacional (estructural) que actualmente campea en el mundo capitalista.
En conclusión, los impuestos, inventos de la clase dominante para sostener su poder, no son los que encarecen los productos y dificultan el desarrollo de la producción, por el contrario, lo que encarece el precio de los bienes y no permite el desarrollo de la producción es la ambición de ganancia de la burguesía incluidos los impuestos que sostienen su Estado.
[1] Resaltamos este artículo, pero existen múltiples leyes ganadas: igualdad de la mujer, ley del aborto, derechos humanos, educación laica y gratuita, y muchas más.