Días atrás durante una operación de la policía en Río de Janeiro arrestaron a 13 personas vinculadas a un grupo que controla la favela Rio das Pedras en el norte de la ciudad. Lo curioso es que al menos cinco de ellos son sospechosos de haber participado en el crimen de Marielle Franco y su chofer Anderson Gomes. Entre ellos se encuentran dos ex miembros de la policía militar: el mayor Ronald Paulo Alves Pereira; y Adriano Magalhães da Nóbrega, un ex capitán de la BOPE,[1] premiado en 2003 por Flávio Bolsonaro por sus servicios prestados y luego expulsado en 2014 de la fuerza por verse involucrado en asuntos de corrupción y tentativa de homicidio. Señalado además como el líder del brazo armado del grupo que controla la favela, denominado “Escritório do Crime”, dedicados a realizar asesinatos por encargo.De este grupo –así como del asesinato de Marielle- forman parte, según informes de la Policia Civil, al menos otros dos agentes retirados de la BOPE.
Pero las conexiones entre Adriano Magalhães y el hijo mayor del presidente brasileño no se limitan a la entrega de un premio hace más de 10 años. Resulta que la esposa del ex BOPE, Danielle Mendonça da Costa da Nóbrega y su madre Raimunda Veras Magalhães eran funcionarias de la Asamblea Legislativa de Rio en el gabinete del entonces diputado provincial Flávio Bolsonaro. La madre trabajaba directamente para un asesor y ex chofer de Flávio Bolsonaro, un tal Fabrício Queiroz –ex compañero de trabajo de Adriano Magalhães en la Policía Militar-, el cual hasta hace poco estaba siendo investigado por movimientos bancarios irregulares, que involucraban a Magalhães, y que estallo como todo un acto de corrupción en el que se veía involucrado Flávio Bolsonaro. Ante el escándalo nacional que suscitó la investigación, el poder en Brasil la suspendió… no vaya a ser cosa que la imagen del nuevo presidente se vaya a ensuciar tan rápido –justo con el tema de la corrupción, eje fundamental de la campaña electoral-.
Ahora bien, la noticia en los grandes medios de comunicación es ésta: los fondos irregulares que involucran al hijo mayor de Jair Bolsonaro y el caso de un ex policía detenido, ligado a un íntimo asesor del mismo. Pero detrás del telón de corruptela al que estamos acostumbrados se esconde una política más siniestra aún que no sale a la luz de los medios internacionales de comunicación. Este ex Bope, Adriano Magalhães da Nóbrega, decíamos, es responsable de una organización paramilitar denominada “Escritorio do Crimen” ¿de qué se tratan estas organizaciones paramilitares (milicia en portugués)?
Se trata de organizaciones paramilitares, formadas e integradas por policías o ex policías, que aparecen con fuerza inusitada desde el año 2000 como supuestos grupos de “autodefensas comunitarias” que, en principio, reclamaban un salario a la población de un barrio o favela para garantizarles protección contra los carteles del narcotráfico eliminando los puestos de venta de droga en las barriadas por ellos controladas.
En principio avanzaban sobre las zonas no plenamente “colonizadas” por los grupos del narcotráfico. Con la excusa de la protección comienzan a crecer y a desarrollar una base de negocios basada en la extorsión y explotación clandestina de servicios para la población tales como el gas, la luz, la televisión, el acceso a internet y el transporte público no regulado y, en la medida en que crece su poder, a la toma de viviendas (grilhagem).[2] A medida que fue creciendo su poder político, no solamente permiten la instalación de nuevos puestos de venta de droga, sino que ahora son ellos mismos los que los controlan, desplazando así los históricos grupos narcotraficantes como el “Comando Vermelho” que entraban en permanentes disputas con el Estado.
Las “milicias” no son otra cosa que una estrategia de los monopolios para desplazar los antiguos carteles de las favelas y adueñarse del negocio, al tiempo que controlar, mediante una cruenta represión, a las masas empobrecidas. Corría el año 2008 cuando Jair Bolsonaro, como diputado federal, declaraba que las “milicias” “ofrecen seguridad y, de esta forma, consiguen mantener el orden y la disciplina en las comunidades. Es lo que se llama una milicia. El gobierno apuesta a ellas, ya que no consigue combatir los traficantes de droga”.[3]
El cruce de intereses con el Estado es total. Para conquistar nuevos territorios en manos de los grupos narcotraficantes, la policía libera la zona, los paramilitares la conquistan y luego se le suman las fuerzas de la Policía Militar para evitar cualquier tipo de contraofensiva de los tradicionales carteles del narcotráfico.
El poder que han ido adquiriendo los grupos paramilitares es sorprendente, así como el silencio de los medios de comunicación al respecto, que siguen dirigiendo sus cañones (como en la campaña de seguridad con motivo de mundial de fútbol o de las Olimpíadas de Rio) hacia los grupos narcotraficantes que no se encuentran directamente ligados al poder político. De 6.475 llamadas anónimas para denunciar casos de narcotráfico entre 2016 y 2017, el 65% corresponde a denuncias hacia las “milicias” y cerca de dos millones de personas viven en áreas dominadas por ellas en la región metropolitana de Rio de Janeiro, lo que corresponde a 1/6 del área. [4]
El crecimiento de estos grupos es toda una política de los monopolios en Brasil, es una forma de retomar el control de vastos negocios –incluyendo el jugoso narcotráfico- y de monopolizar la represión en los barrios disminuyendo las querellas entre grupos. Paramilitares con íntima relación con el poder político, asociados a la Policía Militar y los gobiernos municipales; Bolsonaro con su discurso ultra reaccionario apoyando estos grupos en forma abierta. La muerte de Marielle Franco fue porque estaba poniendo en juego una serie de negociosos de estas bandas paramilitares con respecto al grilhagem, a la toma de propiedades. No solo la investigación de su muerte se lleva a cabo en ese sentido, sino que hasta el propio Secretario de Seguridad Pública de Rio, Richard Nunes, así lo afirma.
El asesinato de Marielle Franco y la corrupción del clan Bolsonaro son el hilo de una misma trama: la política represiva, paramilitar, desde hace más de 15 años hasta la fecha. Esa no es una política de gobiernos de turno, es política del Estado de los monopolios.
[1] “Batallon de Operaciones Policiales Especiales”, tropa de elite de la Policía Militar de Rio de Janeiro.
[2] El término en portugués es grilhagem que no se refiere a la toma de terrenos para construir una vivienda, propia de los sin techo, sino a la extorsión, falsificación de documentos, expulsión de sus moradores, etc., con motivos de lucro para estas bandas. El término “grilhagem” proviene de una técnica utilizada para envejecer en forma acelerada documentos, consistente en colocar los papeles en una caja cerrada con grillos, de manera tal que los papeles adquieren una coloración amarillenta debido a los excrementos de los insectos, de manera tal que parezcan papeles antiguos. Como puede observar el lector, no se trata de la “toma de tierras” a la que estamos acostumbrados en nuestro país, sino un método mafioso con connivencia del poder.
[3]https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/22/politica/1548165508_401944.html
[4]https://theintercept.com/2018/04/05/milicia-controle-rio-de-janeiro/