El juicio a Cristina Fernández de Kirchner y el pedido de condena del fiscal que lleva adelante la acusación, llega en el momento más “oportuno” para la burguesía en el poder.
Mientras se prepara la implementación de una vuelta de tuerca más en el ajuste contra la clase obrera y el pueblo (ver nota aparte en esta misma página), pareciera que a partir de ayer el gran tema nacional debiera ser si la vicepresidenta es culpable o no de los delitos por los que se la acusa.
Es en vano y superfluo entrar en consideraciones técnicas porque, por supuesto, el juicio tiene connotaciones políticas como lo tiene todo asunto que se trate en la justicia del sistema.
Sin embargo, una cosa debe quedar clara; estamos ante un ajuste de cuentas entre distintas facciones de la burguesía monopolista. Por lo tanto, la clase obrera y el pueblo no deben tomar partido ni dejarse arrastrar por esta cuestión, pues allí no radica ni el más mínimo resquicio por el que se pueda determinar que la lucha de clases tome un curso favorable a los intereses de las mayorías.
Que la corrupción existe y atraviesa a todas las fuerzas políticas del sistema es irrefutable. Que la justicia va hacia el lado para el que sopla el viento según qué facción burguesa la controle, también. Que hay cientos y cientos de hijas e hijos del pueblo que cumplen condenas injustas o, peor aun, que han sido víctimas fatales de las instituciones del sistema y que allí la justicia nunca llega, es otro hecho incontrastable.
Entonces, lo que se pretende en última instancia es que, también en este tema del pedido de condena a CFK, tomemos partido por una u otra facción de la burguesía y, más todavía, que nos embrollemos en discusiones interminables sobre los mecanismos de la justicia.
La justicia siempre es de clase. También en este caso.
Lo que no se puede soslayar ni dejar de afirmar es que ese carácter clasista se comporta de muy distinta manera cuando se trata de condenar a un representante de la clase en el poder o cuando se trata de un hijo o hija del pueblo.
Ya hoy mismo sale la versión de un indulto presidencial, en el caso que el pedido de condena quede firme. Y hay representantes de la oposición, como Miguel Ángel Pichetto, que han manifestado que los juzgamientos a presidentes o ex presidentes deben cesar.
En definitiva, lo que se manifiesta es que los mismos que cometen los delitos de corrupción son los que manejan la justicia a su antojo. Y que esta es una institución de las más representativas de ese manejo espurio que realiza la burguesía.
La corrupción es inherente al sistema capitalista. Está fundada en el primer acto de injusticia que se comete para sostener este modo de producción retrógrado e inhumano. Un sistema que se funda sobre la explotación del trabajo asalariado de las mayorías por parte de una minoría parasitaria, tiene que erigir entonces todo un andamiaje institucional que le dé un marco jurídico y “legal” a esa base material.
Las absurdas declaraciones a favor y en contra del pedido del fiscal (incluso de las denominadas fuerzas de izquierda) son todas parte del juego institucional al que el enemigo nos quiere llevar, mientras tanto ellos avanzan en el ataque a nuestras condiciones de vida.
No debemos dejarnos desviar ni por un momento de nuestras aspiraciones e intereses de clase.
Nuestro presente y nuestro futuro no dependen de una condena o no condena a la vicepresidenta.
Cualquier debate político que soslaye un punto de vista de clase independiente termina haciéndole el juego, no a la “derecha”, sino a la burguesía en su conjunto.