Estamos acostumbrados a escuchar, de parte de los políticos del sistema y de los medios de difusión, que existen dos modelos de gestión gubernamental. Uno sería el modelo liberal: el Estado no regula la economía, respeta el libre juego de la oferta y la demanda, elimina impuestos a la producción y entrega a la empresa privada todas las ramas de la producción y los servicios. El otro, supuestamente, es el modelo estatista: el Estado regula la actividad económica y brinda contención a los sectores más débiles (jubilados, pensionados, discapacitados, desocupados, etc.), arbitra en los conflictos y garantiza la educación y la salud al pueblo.El primero se identifica con el PRO, La Libertad Avanza y sus aliados; el segundo con las distintas variantes del peronismo y organizaciones afines. El llamado progresismo, cierta izquierda parlamentaria y varias tendencias que se autodenominan revolucionarias suelen inclinarse por esta segunda opción, tachando a los otros de “fachos de derecha”. Así instalan la falsa dicotomía entre “Estado ausente” y “Estado presente”.
En el relato, el Estado ausente garantiza impunidad a los poderosos, mientras que el Estado presente actúa como regulador, respeta libertades políticas y derechos conquistados. Pero esta división es funcional a la clase dominante: confunde a sectores oprimidos y explotados, y se utiliza en épocas electorales para diluir las diferencias de clase detrás de un diálogo hipócrita.
En realidad, ambos modelos sostienen la dominación capitalista. Los cambios de color político en la administración estatal no modifican su carácter burgués. Los gobiernos se definen por la clase que representan, no por el discurso con el que se presentan. La lucha entre burguesía y proletariado es concreta y se expresa en el antagonismo entre salario y ganancia: si uno crece, el otro disminuye. Toda la política e ideología gira en torno a esta contradicción.
La burguesía utiliza sus recambios de funcionarios para disimular esta unidad de intereses. Saltimbanquis que hoy son de un partido y mañana de otro, privatistas que estatizan deudas y estatistas que regalan subsidios a privados.
Sabemos de las privatizaciones impulsadas por el peronismo, vetos al 82% móvil, obreros reprimidos, maestros tildados de privilegiados, reformas al código penal, entrega de recursos al capital transnacional; y, por otro lado, los liberales que regulan salarios a la baja, manipulan fondos de jubilados, planchan o disparan el dólar según sus negocios, reprimen la protesta y disponen del erario público para los negocios de clase, con discursos anticomunista, homofóbico y machista incluidos.
Todo ello, de uno y otro bando, avalado por el Congreso, el aparato de justicia y el criterio de continuidad sobre lo hecho por gobiernos anteriores sean de una camiseta política o de otra.
No existen diferencias entre ellos. Ambos sostienen el sistema y tratan de perpetuarlo, a excepción de las disputas de negocios, las cuales también son antagónicas y los hunde en crisis permanente (el capitalismo no tiene otro destino).
El Estado responde siempre a la clase dominante. Sin embargo, la lucha de clases persiste y se abre paso por todos los resquicios, con avances y retrocesos, pero siempre avanzando.
Hoy, en este período histórico, las masas proletarias deben tomar en sus manos, junto a los demás oprimidos, la resolución de sus problemas vitales, que son políticos por definición. Deben superar la formación ideológica burguesa y su rutina de liderazgos impuestos y asumir su propio protagonismo.
Es un momento de transición, un pasaje que puede durar más o menos tiempo, con la apariencia de que nadie se hace cargo, presentándonos la situación actual como irresoluble hasta que se produzca la irrupción y protagonismo directriz de la clase que transforma la naturaleza y la vida social.
La fuerza revolucionaria existe, aunque debe robustecerse y expandirse. El partido de la clase obrera, aún no visible para las mayorías, pero gigante en su aspiración, con su programa táctico y estratégico, constituye la herramienta necesaria sin la cual el proletariado no puede avanzar, en unidad con los demás oprimidos, hacia la toma del poder y la revolución socialista.
En esta fase de resistencia, la acción política debe apuntalar el protagonismo irrenunciable de las masas movilizadas, su rebelión, el enfrentamiento a la clase burguesa y fomentar el nacimiento de sus organizaciones autoconvocadas que enarbolan las banderas de una vida digna.