El día martes 16 el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, declaró que “Río Negro es una provincia normal”, en notas que le dan sus medios afines, ya que es incapaz de darle explicaciones a ningún medio que tenga siquiera un poco de pensamiento crítico.
Pero en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes lo que hay es una “normalidad” sin normalización.
La normalización, o democratización universitaria, es un pedido de la comunidad hace ya casi 20 años: la conformación del Consejo Superior, el órgano de cogobierno universitario y la elección del rector de forma democrática, ya que siempre ha sido utilizado el IUPA cómo una caja chica del gobierno provincial de turno. (Ver notas anteriores al pie de página)
Mientras el gobernador tapaba el sol con un dedo, el mismo día, la gestión del autopercibido rector Gerardo Blanes, quién llegó al cargo por la mano del gobernador Weretilneck y quién, tras elecciones que “ganó“ sobre fraude electoral, convocó a una asamblea del Consejo Superior… de forma virtual. En la nueva sesión los temas fueron informados a los consejeros fuera de término, y además corren por vías ajenas a las verdaderas problemáticas de la comunidad universitaria. Esto generó un enorme malestar y se gestó una convocatoria a presenciar la proyección de la sesión en el hall central del instituto, con los consejeros opositores allí presentes.
La virtualidad no es una casualidad ni tampoco había nadie enfermo: Blanes no quería encontrarse con toda la comunidad que lo enfrentó en aquella jornada histórica del 30 de marzo dónde se autoproclamó rector en la cocina de un hotel privado, luego de haber enviado matones a golpear estudiantes y trabajadores de la casa de estudios.
Lo que se encontró la comunidad en ésta sesión fue que la gestión había aprobado, a espalda de la comunidad y de forma oculta, meses atrás, inclusive antes de “ser elegidos gestión” (recordemos que fueron partícipes de una fraude electoral escandaloso dónde no respetaron ni sus propias leyes, reglamentos y estatutos), un reglamento dónde constataba que podían sesionar de forma virtual y que la gestión se tomaba la potestad de “apagar las cámaras o silenciar los micrófonos” en caso de que no se atuvieron a “a la orden el día” o que hubieran carteles y pancartas; hecho para cercenar y censurar a la oposición, confeccionado a espaldas de la comunidad con la intención de reprimir y disciplinar la lucha.
El conflicto ya lleva tres meses desde entonces, y la gestión de Blanes y su séquito continúa, de forma ilegal, usurpando la dirección de la universidad, con una justicia que está al tanto pero mira para otro lado y operadores mediáticos libertarios ensuciando la justa lucha. Claramente el gobernador les ha dado tiempo, logrando que su propia justicia adicta patee la situación entre el fuero provincial y el federal, dejando la institución en manos de una calaña de paracaidistas siniestros e inescrupulosos.
Contra todo pronóstico de que “NO PASA NADA”, la comunidad organizada en asambleas resolvió rápidamente acciones contundentes: la situación no se soporta más. Es demasiado el manoseo por parte de todo el poder político y judicial de la provincia.
Por supuesto ésto sólo generó una explosión: automáticamente después de la sesión, de la que los consejeros de la oposición se retiraron, se resolvió hacer una permanencia en el rectorado de la institución.
Allí habían trabajadoras, que la gestión ¡dejó encerradas! para que no se abra la puerta y no puedan ingresar estudiantes. Las trabajadoras fueron obligadas a salir por un balcón que conecta con la Fundación Cultural Patagonia que se encuentra, prácticamente, en el mismo edificio (una especie de salvoconducto cuando la situación se pone tensa). Estuvieron encerradas por al menos una hora.
Para preservar las instalaciones, estudiantes y trabajadores procedieron a cerrar las aulas que tenían llave (porque hubo quienes se llevaron las llaves a su casa por órdenes de la gestión, dejando aulas abiertas con equipamiento valioso), y a colocar un candado en uno de los ingresos, y dejando una comisión de seguridad en la otra. Se organizaron relevos para sostener la permanencia permitiendo el descanso de quienes habían pernoctado allí. Y ante la decisión de la gestión de decretar asueto, se decidió en asamblea administrar las llaves para que quienes lo desearan pudieran continuar con sus clases y prácticas.
Al día siguiente la gestión declaró asueto porque, según ellos, “no estaban garantizadas las condiciones de seguridad del personal”, y la organización declaró el contra asueto, con permanencia en la universidad todo el día y cortes de calle intermitentes en la aledaña a la universidad. Durante la permanencia se organizaron comisiones, se taparon todas las cámaras que la gestión utiliza para controlar a la comunidad y se intervinieron, por primera vez en la historia de la universidad, todas las paredes de la misma; con dibujos, frases e inclusive pintadas de denuncia con aerosol: se puso con nombre y apellido a todos los cómplices del fraude electoral y de la gestión de facto. Lamentablemente esto no se pudo sostener el jueves, ya que el miércoles por la noche se levantó el corte de calle y la permanencia, y las autoridades dejaron el edificio cerrado.
El día 17 un fiscal logró convocar una mediación en Ciudad Judicial con la gestión para llegar a un acuerdo. Allí se levantaron las medidas de fuerza y se movilizó toda la comunidad a Ciudad Judicial, dónde se apersonó Blanes y cia dos horas tarde, y no dieron respuestas. La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el martes 23 con acuerdo de no agresión entre las partes hasta entonces.
El próximo martes 23 a las 10:30hs., la comunidad de IUPA en lucha está convocando a movilizar a Ciudad Judicial.
Ahora la gestión está intentando ver cómo criminalizar la protesta a partir de la “vandalización” de las paredes de la universidad, que rápidamente se apresuró a tapar con pintura gris.
Se trata de una gestión corrupta que tampoco asiste a las mesas paritarias a pesar de que las convoca la Secretaría de Trabajo, por lo cuál ya les han abierto un sumario y multas ¡que pagan los contribuyentes!
La recomposición salarial es urgente: las familias de los y las trabajadoras no pueden llegar a fin de mes sin endeudarse. Se recurre al crédito para cubrir necesidades básicas cómo la alimentación. Mientras tanto, las autoridades universitarias reciben salarios millonarios y desconocen esa realidad. El «no pasa nada» es un discurso impuesto desde la institucionalidad para vencer la resistencia del pueblo a las políticas de hambre y cercenamiento de libertades políticas, pero queda claro que cuando el pueblo encuentra el camino de organización y lucha independiente pasa todo y la rebelión se enciende, y esta es la única salida para derrotar la opresión que pretenden.
Pero en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes lo que hay es una “normalidad” sin normalización.
La normalización, o democratización universitaria, es un pedido de la comunidad hace ya casi 20 años: la conformación del Consejo Superior, el órgano de cogobierno universitario y la elección del rector de forma democrática, ya que siempre ha sido utilizado el IUPA cómo una caja chica del gobierno provincial de turno. (Ver notas anteriores al pie de página)
Mientras el gobernador tapaba el sol con un dedo, el mismo día, la gestión del autopercibido rector Gerardo Blanes, quién llegó al cargo por la mano del gobernador Weretilneck y quién, tras elecciones que “ganó“ sobre fraude electoral, convocó a una asamblea del Consejo Superior… de forma virtual. En la nueva sesión los temas fueron informados a los consejeros fuera de término, y además corren por vías ajenas a las verdaderas problemáticas de la comunidad universitaria. Esto generó un enorme malestar y se gestó una convocatoria a presenciar la proyección de la sesión en el hall central del instituto, con los consejeros opositores allí presentes.
La virtualidad no es una casualidad ni tampoco había nadie enfermo: Blanes no quería encontrarse con toda la comunidad que lo enfrentó en aquella jornada histórica del 30 de marzo dónde se autoproclamó rector en la cocina de un hotel privado, luego de haber enviado matones a golpear estudiantes y trabajadores de la casa de estudios.
Lo que se encontró la comunidad en ésta sesión fue que la gestión había aprobado, a espalda de la comunidad y de forma oculta, meses atrás, inclusive antes de “ser elegidos gestión” (recordemos que fueron partícipes de una fraude electoral escandaloso dónde no respetaron ni sus propias leyes, reglamentos y estatutos), un reglamento dónde constataba que podían sesionar de forma virtual y que la gestión se tomaba la potestad de “apagar las cámaras o silenciar los micrófonos” en caso de que no se atuvieron a “a la orden el día” o que hubieran carteles y pancartas; hecho para cercenar y censurar a la oposición, confeccionado a espaldas de la comunidad con la intención de reprimir y disciplinar la lucha.
El conflicto ya lleva tres meses desde entonces, y la gestión de Blanes y su séquito continúa, de forma ilegal, usurpando la dirección de la universidad, con una justicia que está al tanto pero mira para otro lado y operadores mediáticos libertarios ensuciando la justa lucha. Claramente el gobernador les ha dado tiempo, logrando que su propia justicia adicta patee la situación entre el fuero provincial y el federal, dejando la institución en manos de una calaña de paracaidistas siniestros e inescrupulosos.
Contra todo pronóstico de que “NO PASA NADA”, la comunidad organizada en asambleas resolvió rápidamente acciones contundentes: la situación no se soporta más. Es demasiado el manoseo por parte de todo el poder político y judicial de la provincia.
Por supuesto ésto sólo generó una explosión: automáticamente después de la sesión, de la que los consejeros de la oposición se retiraron, se resolvió hacer una permanencia en el rectorado de la institución.
Allí habían trabajadoras, que la gestión ¡dejó encerradas! para que no se abra la puerta y no puedan ingresar estudiantes. Las trabajadoras fueron obligadas a salir por un balcón que conecta con la Fundación Cultural Patagonia que se encuentra, prácticamente, en el mismo edificio (una especie de salvoconducto cuando la situación se pone tensa). Estuvieron encerradas por al menos una hora.
Para preservar las instalaciones, estudiantes y trabajadores procedieron a cerrar las aulas que tenían llave (porque hubo quienes se llevaron las llaves a su casa por órdenes de la gestión, dejando aulas abiertas con equipamiento valioso), y a colocar un candado en uno de los ingresos, y dejando una comisión de seguridad en la otra. Se organizaron relevos para sostener la permanencia permitiendo el descanso de quienes habían pernoctado allí. Y ante la decisión de la gestión de decretar asueto, se decidió en asamblea administrar las llaves para que quienes lo desearan pudieran continuar con sus clases y prácticas.
Al día siguiente la gestión declaró asueto porque, según ellos, “no estaban garantizadas las condiciones de seguridad del personal”, y la organización declaró el contra asueto, con permanencia en la universidad todo el día y cortes de calle intermitentes en la aledaña a la universidad. Durante la permanencia se organizaron comisiones, se taparon todas las cámaras que la gestión utiliza para controlar a la comunidad y se intervinieron, por primera vez en la historia de la universidad, todas las paredes de la misma; con dibujos, frases e inclusive pintadas de denuncia con aerosol: se puso con nombre y apellido a todos los cómplices del fraude electoral y de la gestión de facto. Lamentablemente esto no se pudo sostener el jueves, ya que el miércoles por la noche se levantó el corte de calle y la permanencia, y las autoridades dejaron el edificio cerrado.
El día 17 un fiscal logró convocar una mediación en Ciudad Judicial con la gestión para llegar a un acuerdo. Allí se levantaron las medidas de fuerza y se movilizó toda la comunidad a Ciudad Judicial, dónde se apersonó Blanes y cia dos horas tarde, y no dieron respuestas. La audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el martes 23 con acuerdo de no agresión entre las partes hasta entonces.
El próximo martes 23 a las 10:30hs., la comunidad de IUPA en lucha está convocando a movilizar a Ciudad Judicial.
Ahora la gestión está intentando ver cómo criminalizar la protesta a partir de la “vandalización” de las paredes de la universidad, que rápidamente se apresuró a tapar con pintura gris.
Se trata de una gestión corrupta que tampoco asiste a las mesas paritarias a pesar de que las convoca la Secretaría de Trabajo, por lo cuál ya les han abierto un sumario y multas ¡que pagan los contribuyentes!
La recomposición salarial es urgente: las familias de los y las trabajadoras no pueden llegar a fin de mes sin endeudarse. Se recurre al crédito para cubrir necesidades básicas cómo la alimentación. Mientras tanto, las autoridades universitarias reciben salarios millonarios y desconocen esa realidad. El «no pasa nada» es un discurso impuesto desde la institucionalidad para vencer la resistencia del pueblo a las políticas de hambre y cercenamiento de libertades políticas, pero queda claro que cuando el pueblo encuentra el camino de organización y lucha independiente pasa todo y la rebelión se enciende, y esta es la única salida para derrotar la opresión que pretenden.
El «no pasa nada» es un discurso impuesto desde la institucionalidad para vencer la resistencia del pueblo a las políticas de hambre y cercenamiento de libertades políticas, pero queda claro que cuando el pueblo encuentra el camino de organización y lucha independiente pasa todo y la rebelión se enciende, y esta es la única salida para derrotar la opresión que pretenden.