Cuando se trata de los intereses monopolistas, todos los argumentos son buenos si de beneficios se trata.
Resulta que más de un millón de jubilados condenados a recibir ingresos de hambre tienen derecho a incrementarlos entre el 55% y 69%.
El gobierno, mantiene ilegalmente (es decir, contra las leyes que el mismo Estado de los monopolios ha creado) esos haberes aplastados, a pesar de que el poder judicial ya se ha expedido por otorgarles los aumentos correspondientes. Aunque la Corte suprema de justicia no dice nada más y deja actuar. Aquí no hay sedición que deba ser penada por incumplimiento de orden judicial.
Al no cumplir el poder ejecutivo con el mandato de la justicia, se generan juicios contra el Estado.
¿Quién promueve la llamada “industria” del juicio?
Lo peor de esta realidad es que los trabajadores activos son los que generan esos recursos que incrementan los ahorros sociales para el sustento de los jubilados y pensionados y que éstos mismos los crearon con sus esfuerzos durante más de 30 años, como mínimo, de trabajo. Aunque parezca una verdad obvia, supuestamente el dinero pertenece a los trabajadores y jubilados, y sin embargo el Estado echa mano impunemente de dichos fondos que tiene a su alcance en una acción netamente dictatorial y promonopolista emanada de los despachos de las empresas transnacionales.
El motivo es claro. Dichos recursos tienen otros fines.
Veamos: El aumento a los jubilados, de acuerdo a la legislación vigente, significaría unos $ 14.136 millones anuales más para el presupuesto nacional.
Mientras tanto, se destinan $ 55.305,6 millones de pesos para el pago de la deuda pública. Se prevén $ 186.056,8 millones de amortización de deuda para el año que viene.
Se destinan más de $ 30.000 millones para subsidios a empresas (sólo los que el gobierno reconoce abiertamente, ya que hay cientos de mecanismos ocultos mediante los cuales se beneficia a los monopolios con recursos del Estado, tales como cesión de terrenos, exenciones impositivas, créditos blandos –a tasas inferiores a las internacionales, cuya diferencia las paga el Estado-, promociones para la venta de sus productos financiadas por el Estado, dólar alto para exportaciones, facilitación del contrabando mediante la ausencia de controles, etc.).
Como frutilla del postre, cabe agregar que el ANSES ha tenido un superávit de $ 23.069 millones con los cuales se podría pagar tranquilamente el aumento que correspondería a los jubilados y pensionados.
Un ejemplo más que claro de las prioridades que el gobierno “nacional y popular” de Cristina Fernández Vda. de Kirchner al servicio de los monopolios tiene en cartera. Los negocios se hacen a costa de las vidas y el sufrimiento de los mayores, como en este caso, y del pueblo en general como es el caso de la totalidad del destino que se les da a los recursos provenientes del sacrificio y el trabajo de la población.
Blanco sobre negro otro motivo más para incrementar las luchas contra los genocidas monopolistas y sus gobiernos de turno.
(*) Los datos fueron sacados del presupuesto 2013 elevado por el P.E. al Congreso.