Si las instituciones del sistema no sirven al sistema, la burguesía tiene como herramienta el decreto presidencial para llevar adelante las resoluciones que ajustan sus necesidades al sostenimiento de la tasa de ganancia.
Lo anterior confirma que toda «legalidad» es una cuestión sujeta al interés de la clase que domina o que es dueña del Estado. No tiene nada que ver con una supuesta justicia equitativa o moral que vela por la vida y los derechos de cada individuo.
El «tema de las ART» tal como se conoce, es un ejemplo más de lo que decimos ya que fue resuelto por el presidente Macri mediante un decreto, pues por ley aún no salía, y corría peligro de no salir.
Qué se modifica, entre otras cosas, con este decreto.
En criollo, se le saca al trabajador el derecho de iniciar juicio luego de cobrar lo que la ART considera que tiene que cobrar. A partir de este decreto si el trabajador está disconforme con lo que dictamina la Comisión Médica a la que tendrá que presentarse obligatoriamente y quiere iniciar juicio, la ART suspende el pago hasta la finalización del juicio. Asimismo, si el trabajador acepta el pago de la ART, ya no tiene derecho a iniciar juicio.
Con este decreto en las manos, que cuenta con el aval de la CGT preocupada porque el decreto puede ser cuestionado a través de una decisión judicial de inconstitucionalidad, las ART no sólo dejan de pagar millones mediante una resolución de tipo administrativa «médica» basada en su poder desigual frente a un trabajador, sino que arbitra sobre qué es una enfermedad profesional.
Un viejo tema que aún no han resuelto y que desde hace años, desde su creación, se presentaba como una debilidad del sistema que no les permitía hacer el volumen de negocios esperados, dado lo cual iban aumentando las primas que se les cobra a las empresas, las cuales fueron desde el 1,5% de la masa salarial hasta alcanzar hoy, en algunos casos, el 15%, lo cual incrementa el costo laboral que los empresarios trasladan a sus precios, a fin de no achicar su tasa de ganancia, perdiendo así “competitividad”.
El decreto profundiza la transferencia de capitales a las aseguradoras y otras empresas ganadoras, afectando directamente a los trabajadores.
Pero, así como la burguesía sostiene la «legalidad» mediante la arbitrariedad de las decisiones que toma a través de sus propias instituciones o por fuera de ellas, los trabajadores imponen su legalidad mediante la lucha de clases.
Es así, que esta palabra «legalidad», a la que tanto culto se le rinde desde las mentes obtusas pequeñoburguesas de políticos medrosos del sistema, que creen que todo se resuelve en el parlamento y en la «justicia» del Estado, y se desgañitan pidiendo, «exigiendo» que se cumpla la ley, una vez más se pone en tela de juicio en el terreno de la lucha de clases, verdadera arena en donde se enfrentan como gladiadores, es decir a muerte, las clases sociales antagónicas del sistema: por un lado la burguesía, los dueños del capital, y por el otro, los proletarios y el pueblo sufriente despojados de todo medio de vida.
El carácter político de las decisiones del Estado, obliga a una respuesta política, no sólo gremial, de parte de los trabajadores.
Se hace más necesaria que nunca la materialización de una fuerza nacional que unifique en un solo haz a trabajadores y sectores populares que enfrente estas políticas de ajuste del gobierno. La burguesía ha dado un paso en los papeles, los trabajadores y el pueblo, emitirán su dictamen en las fábricas, empresas y en las calles.