Los monopolios utilizan el Estado burgués para garantizar su rentabilidad

Hace algunas semanas  comentamos en un artículo de esta página, el “blindaje” a Vaca Muerta, pacto social firmado por el gobierno neuquino, empresarios y sindicalistas, con el fin de limitar las medidas de fuerza de los trabajadores. La semana pasada se conoció una reunión entre el fiscal general de Neuquén, José Gerez,; Alejandro Díaz, CEO de la AmCham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina) y Martín Kindl, director del IAPG (Instituto Argentino del Petróleo y el Gas) donde se agrupan las empresas del sector. El objetivo de dicha reunión fue poner en marcha un “blindaje penal” para afrontar futuros conflictos sociales en la mencionada región.

En el día de ayer las terminales automotrices dieron a conocer un reclamo para que el gobierno nacional “compense” la aplicación de las retenciones a la exportación; lisa y llanamente, las empresas exigen que lo que se les cobre por las retenciones a la exportación, les sea devuelto.

Monopolios exigiendo desembozadamente “paz social”, que la justicia se adapte a sus intereses, que les devuelvan impuestos, que se les subsidien las “pérdidas” por la devaluación (como ocurrió con el caso de las empresas de gas).

Monopolios, más allá de las leyes y resoluciones que los gobiernos dictan, utilizando los resortes del Estado burgués para garantizar su rentabilidad.

Capitalismo monopolista de Estado puro y duro. Sin maquillaje. Con toda la impunidad que confiere tener la certeza que éste es SU ESTADO.

Habría miles de ejemplos concretos más para graficar cómo los monopolios se han apropiado del Estado y cómo, esos mismos monopolios, son los que dictan y orientan las políticas del actual gobierno.

El manejo de los ejecutivos, los parlamentos, la justicia, las fuerzas represivas, la burocracia estatal en todos sus niveles son una característica esencial del Estado burgués, el que en la época de los monopolios toma un carácter aún más específico debido a la concentración y centralización de capitales; por lo tanto, el Estado pasa a ser coto de caza de los intereses monopolistas, altamente trasnacionalizados por otra parte, en el que cada sector burgués monopolista lleva agua para su molino, en detrimento del conjunto social e incluso de sectores de su propia clase.

Una capa cada vez más minúscula de la clase dominante es la que toma las decisiones a través de sus representantes directos en todo el andamiaje del Estado.

Ante esta realidad que es incontrastable y objetiva, que existe más allá de la voluntad de las clases, dado que es un proceso irreversible del modo de producción capitalista, se presenta la visión del populismo y el progresismo que dicen luchar contra los monopolios y su Estado, intentando ocupar espacios del mismo, en una especie de colonización del Estado monopolista para, desde adentro, reformarlo y, en definitiva, volver al capitalismo de Estado; es decir, volver a un capitalismo en el que se puedan negociar y/o conciliar con los monopolistas en el espejismo de que el Estado dejaría de lado ese carácter.

La visión revolucionaria, la que se fundamenta en la concepción marxista del Estado y los aportes fundamentales realizados por Lenin, marca que el Estado es el instrumento de dominación de la clase dominante que garantiza la vigencia del modo de producción capitalista; y que en la época de los monopolios el carácter explotador y opresor del aparato estatal se concentra cada vez en menos manos, como consecuencia ineludible de la concentración y centralización de capitales, por lo que volver a un Estado “pre” monopolista significaría desmontar dicha concentración y centralización capitalista, algo que además de imposible (por las propias leyes objetivas de cómo se da el desarrollo del modo de producción capitalista) es absurdo dado que implicaría que los monopolios aceptaran dejar de ser monopolios.

Los revolucionarios luchamos por la toma del poder político para destruir al Estado burgués monopolista y, por ende, a los monopolios capitalistas para desde allí sentar las bases de la construcción de una economía socialista en la que, esencialmente, lo producido socialmente del mismo modo es distribuido, poniendo por delante los intereses de las mayorías productoras de la riqueza social terminando con todo vestigio de dominación capitalista.

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