El derrumbe del gimnasio en Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ocasionó la muerte de una persona, heridas en varias, y la desaparición de, al menos, dos que todavía buscan entre los escombros los rescatistas, es una muestra más de lo que genera esta sociedad basada en el lucro.
Diariamente nos taladran la cabeza con el problema de la inseguridad. El gobierno de Macri ha instalado cámaras de video en múltiples puntos de la ciudad, otros gobiernos municipales lo imitan, existen proyectos para prohibir que viajen dos personas en motocicletas. Todo, según dicen, con el fin de combatir la inseguridad.
El mismo sistema político y económico que diariamente genera miles y miles de excluidos, marginales sin posibilidades de trabajar, miseria extrema, odio social ante la injusticia obscena de la riqueza cada vez más concentrada de la minoría ociosa contra las privaciones más generalizadas de la mayoría de la población laboriosa, el contraste violento de la ganancia gigantesca contra la superexplotación del trabajo asalariado, pretende “solucionar” los problemas sociales derivados de esa situación, reprimiendo, matando, encarcelando y aislando a la delincuencia que minuto a minuto genera y reproduce el sistema por los motivos citados.
Con ello se justifican negocios millonarios como el de las cámaras de video que luego pretenden utilizarse para controlar las protestas sociales.
Para ellos, en eso radica el combate a la inseguridad.
Pero de la inseguridad que, además de la delincuencia marginal, sufre la población trabajadora como la falta de posibilidades, el negocio de la droga que los mismos capitales introducen en los barrios y demás sectores de la sociedad, la policía delincuente, la justicia injusta que siempre actúa a favor de los poderosos, nadie se ocupa.
Más bien, el sistema fomenta, con el fin de la ganancia en donde el menor costo y el mayor precio de venta rigen toda la actividad económica. Es el caso de la obra en construcción de la que hablamos que, por privilegiar la disminución de costos para la obtención de una gran diferencia económica, terminó matando gente. Ésta no es la única. Se suceden cientos de estos casos a lo largo y ancho del país con mayor o menor consecuencia.
Ocurre con el tránsito de vehículos, como pasó ayer en Dock Sud, Pcia. de Buenos Aires con la nena de 14 años que fue atropellada a pocos metros de su colegio. ¿No había presupuesto para que policías, dirigiendo el tránsito, ordenaran y protegieran las vidas de cientos de personas que deben cruzar por calles supertransitadas por camiones, colectivos y otros vehículos?
Ocurre en el banco, como le pasó a Carolina Piparo, cuando no se destina infraestructura para la seguridad de la gente que va a extraer dinero, porque la empresa no quiere asumir ese costo. Y en tantos otros ejemplos de la vida cotidiana en donde cada día, nos debemos enfrentar con las carencias, peligros y atentados a la vida que nos impone este sistema.
Sin embargo, el Estado no destina inspectores que regulen, protejan y defiendan la situación de los pobladores. Los inspectores cobran coimas y siguen la lógica que les marcan las empresas y los funcionarios. El Estado no está para proteger a la población. Este Estado está para controlar el pago de impuestos, el cobro de multas, el éxito de los negocios de las grandes empresas, el encubrimiento de los chanchullos de los monopolios, etc.
Y podríamos seguir con los ejemplos.
La población se harta de estas situaciones y es por eso que Macri, ayer, tuvo que salir huyendo del lugar del derrumbe porque la gente lo increpaba.
La cuerda se tensa y va llegando al límite de su resistencia.