La inflación galopante que no para de crecer desde hace años y la devaluación de principios de 2014 licuaron brutalmente el poder adquisitivo del pueblo trabajador. El discurso del gobierno monopolista de Cristina Kirchner responsabiliza a “los monopolios” y grandes capitalistas que especulan y “obligan” al gobierno a tomar medidas antipopulares. Esta “esquizofrenia política” que practica el gobierno nacional lleva a algunos intelectuales a la miserable tarea de justificar este discurso y, aun más, proponer “soluciones” para que el gobierno aplique en su “cruzada” contra los poderosos.
De esta forma, vuelven a desempolvarse medidas como la nacionalización de la banca y del comercio exterior, el control de las ganancias empresariales y otros dislates por el estilo. Estas medidas deberían ser aplicadas por un gobierno que le cobra impuesto a las ganancias al salario de los trabajadores y no le cobra impuestos a la renta financiera, pero este detalle pareciera no tenerse en cuenta a la hora de elaborar propuestas de este tipo.
Monopolios, Estado y gobierno, en la etapa de Capitalismo Monopolista de Estado, son partes de un todo que significa cómo se conforma hoy la estructura del sistema capitalista en el mundo. Los monopolios se han hecho del control de los Estados, manejan todas sus áreas y estructuras en función de sus negocios; los gobiernos son el brazo ejecutor de las políticas que establecen los intereses monopolistas y no pueden gobernar por fuera de esas estructuras estatales. Primero, por sus intereses de clase ya que hablamos de gobiernos burgueses y segundo porque gobernar un Estado capitalista no puede hacerse por fuera del carácter explotador y opresor de ese sistema. Sería como estar en medio del océano y creer que en vez de nadar se pudiera correr.
Este no es un fenómeno de nuestro país sino del capitalismo en su conjunto que, por supuesto, en cada país toma su característica propia. Las contradicciones en el seno de los Estados y de los gobiernos son contradicciones interburguesas; se imponga una u otra facción, el poder del Estado sigue en las mismas manos e intereses, nunca neutrales o a favor de las mayorías, sino de la minoría oligárquica que se imponga en cada etapa.
La “expropiación” a Repsol de sus acciones en YPF (con un pago de casi 8.000 millones de dólares) para luego entregar servido en bandeja un negocio multimillonario al monopolio Chevron, parece que no alcanzara para demostrar que cualquier medida que proponga nacionalizar o estatizar significa pasar de un interés monopolista a otro.
Las propuestas que se elaboran en esa dirección niegan la lucha irreconciliable contra el Estado burgués monopolista y no son más que intentos de retrasar la lucha de la clase obrera y el pueblo contra su enemigo de clase.