Después del discurso de la Presidenta Kirchner ante la Asamblea Legislativa acerca de “reglamentar” la protesta callejera, legisladores de distintas fuerzas comenzaron a presentar proyectos sobre el tema.
La cuestión pone sobre la mesa, en principio, dos cuestiones. Una, que las fuerzas de la burguesía (en la que incluimos al gobierno y su oposición parlamentarista) demuestran no poder “controlar la calle”, como a ellos mismos les gusta decir; otra, y producto de la primera, que la iniciativa nace con una debilidad política inconmensurable.
Sin embargo, muchas fuerzas y organizaciones populares ven en estos anuncios y discursos una escalada represiva que, de no analizarse en el contexto político en el que se intentan llevar a cabo, se puede considerar imparable. Desde ya, cuando el Estado burgués monopolista no logra contener con el engaño, lo hace con la represión; ésta puede ser más o menos contundente y efectiva dependiendo no sólo de la voluntad de la burguesía sino de la situación de la lucha de clases y de cómo nos paremos los que enfrentamos al sistema, dado que siempre el problema es fundamentalmente político.
En la situación actual de la lucha de clases en la Argentina, la legitimidad de la protesta es mayoritaria. Es un terreno conquistado durante muchos años. No se trata de decir “reprimimos” y se hace sin más trámite y, por lo tanto, las leyes o reglamentaciones que se impulsen tienen que lidiar con este escenario político. Con un movimiento de masas en alza, cuando la acción directa es el método que se impulsa a lo largo y ancho del país y que atraviesa a todos los sectores sociales, el problema de la represión se enfrenta con una limitación política infranqueable.
¿Puede el sistema reglamentar algo cuando en diciembre y en enero media ciudad de Buenos Aires y gran parte del Gran Buenos aires se manifestaba en piquetes por los cortes de energía eléctrica?; ¿quién se animaría reprimir semejante protesta?
¿Puede un fallo judicial obligar a los maestros a volver a clase cuando las bases docentes están mostrando una decisión inquebrantable sosteniendo su reclamo y su lucha?; ¿cómo se los obligaría, a punta de bayoneta?
¿Qué impidió ejercer la represión a los trabajadores de Valeo en Córdoba cuando la fábrica estaba tomada por más de quince días y las fuerzas policiales se encontraban en la puerta de la fábrica?; ¿fue acaso un problema de que no se contaba con la fuerza militar o no se contaba con la fuerza política para llevar adelante esa acción?
Producida la represión en Pampa del Indio en Chaco, durante los cortes del mes de febrero, ¿se atemorizó a los manifestantes o los mismos, con una organización de autodefensa ejemplar, repelieron a la policía causando decenas de bajas?
Estos ejemplos no son los únicos ni queremos decir que la represión no será llevada adelante en ningún caso. Lo que sí afirmamos es que en el contexto político en el que la burguesía debe llevar adelante las iniciativas represivas, lo haga o no, siempre estará limitada políticamente, lo que debe ser analizado correctamente para no arribar a conclusiones equivocadas que terminan sobredimensionando la capacidad política de la burguesía para reprimir.
La experiencia que el movimiento de masas viene realizando indica que la masividad y la organización de la autodefensa de masas son parte indisoluble de la táctica para enfrentar una represión débil y endeble producto de la crisis y la debilidad políticas de las instituciones del sistema, donde están incluidas las instituciones represivas.
Haciéndonos fuertes en estos conceptos políticos podremos lograr que las iniciativas del enemigo se vean condicionadas por la acción de las fuerzas populares, lo que a su vez redundará en la consolidación de las organizaciones políticas del pueblo y en el afianzamiento del doble poder.