Pocos explican por qué la decisión sobre el pago a los mal llamados fondos buitres fue tomada en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se trata de una condición puesta por los prestamistas al momento de acordar los préstamos; la misma comenzó a regir entre finales de los 80 y principios de los 90.
Los defensores de la facción burguesa en el gobierno hablan de la “herencia recibida”; léase, la culpa es de los que estuvieron antes. Los que están en el bando de la facción burguesa que se opone al oficialismo, ni nombran el tema.
Los kirchneristas que denuncian la “herencia” se olvidan que las renegociaciones de deuda que hizo su gobierno, así como el contrato con Chevron sobre Vaca Muerta, contemplan la jurisdicción de los tribunales de Nueva York en caso de litigio; otra “herencia” recibida, como las leoninas leyes mineras dictadas en los 90, han sido cumplidas a rajatabla sin ninguna queja.
Los opositores que no mencionan la cuestión de la jurisdicción de la justicia norteamericana están de acuerdo con esa disposición, pero saben cabalmente que es políticamente cuestionable nombrar el asunto.
En definitiva, unos mienten y los otros esconden la verdad. Toda la clase burguesa en su conjunto concibe el tema como “política de Estado” y allí, más allá de las declaraciones para la tribuna, ninguno se pisa el poncho. Toda la clase burguesa nos demuestra que la cuestión tantas veces alardeada de la soberanía del país es solamente una frase de ocasión que es levantada cada vez que se necesita utilizarla para intentar encolumnar al pueblo bajo supuestos intereses nacionales que, en realidad, son los intereses de la clase dominante.
No es viable una política soberana ejercida por gobiernos que son representantes del gran capital financiero internacional, que juegan para uno u otro bando de esa oligarquía. Sus intereses están antagónicamente enfrentados con los intereses de la clase obrera y del pueblo, por lo que es imposible conciliar un “interés nacional” o una lucha por la soberanía con gobiernos que bailan al compás del gran capital internacional. Mientras las políticas las dicten los monopolios, que deciden sobre las vidas y bienes de todos los argentinos, no habrá soberanía.
La única posibilidad de lograr la soberanía está en las manos del propio pueblo trabajador con sus luchas, con su movilización, conquistando la dignidad de su vida transitando el camino hacia la destrucción del Estado al servicio de los monopolios y, sobre sus ruinas, construir el Estado revolucionario.
La soberanía del pueblo radica en la capacidad de poder decidir su propia vida y construir su futuro siendo dueño efectivo, en forma social, de todo lo existente en los territorios de nuestro país. Entonces sí no habrá que someterse a ninguna justicia extranjera porque verdaderamente la soberanía estará en manos del pueblo argentino pues será ejercida cada día y en cada decisión soberana que se tome, a favor de los intereses de la clase obrera y el pueblo.