“Primero mata, después averigua”. Esta frase era muy utilizada en la época de la Revolución Mexicana, y sintetizaba el grado de violencia de dicha gesta que llegó a superar el millón de muertos, arrancando con la sublevación de los indios yaquis en 1910 donde más de 10.000 indígenas esclavos fueron asesinados; y todo lo que conllevó la Revolución Mexicana que bien describiera John Reed en México Insurgente.
Dicha revolución, que fue campesina, pero que en definitiva acomodó los tantos de una puja interburguesa, dejó los lastres de una violencia ejercida desde los gobiernos estatales (provinciales) sobre las poblaciones y las disidencias de un carácter netamente autoritario como el espejo constante de un sistema presidencialista ubicado muy por encima del parlamentarismo burgués que fungía un papel de simples figuras decorativas, antros de corrupción y políticas del compadrazgo, sustentado en una tremenda represión, siendo un hito histórico la Masacre de Tlatelolco donde mataron en una noche en 1968 a 2.000 estudiantes, y lo del Jueves de Corpus en 1971 donde grupos paramilitares junto a la policía y ejército asesinaron a centenares de estudiantes e inventaron las desapariciones políticas (en ese tiempo desaparecieron a 534 militantes).
La utilización del doble discurso, el control más estricto sobre la libertad de prensa, donde el famoso “periodicazo” (así se le decía a las notas periodísticas que expresaran impacto político) era de hecho uno de los rasgos más temidos por el poder. Las escalofriantes cifras así lo delatan. Desde el crimen del periodista Manuel Buendía (que vaticinó un día antes de publicar la conexión del narcotráfico y el poder en 1984) hasta la fecha, van 80 periodistas asesinados y 14 desaparecidos, en un contexto de la más cruda represión a diversos sectores del pueblo como estudiantes, docentes, campesinos, y aborígenes de diversas etnias.
Con el impulso de los carteles de la droga a partir del 2000 en México, y con la total connivencia del Estado, más precisamente desde el 2006 año en el que asume Felipe Calderón, hasta finalizado su gobierno, se cometieron 116.000 crímenes vinculados a la impunidad de los carteles del narcotráfico. Organizaciones declaradamente paraestatales pues su poder y alcance político y militar difícilmente se pueda separar de las fuerzas de seguridad y de toda la súper estructura jurídica y legal tanto nacional, estatal y municipal.
Esta situación sólo es comparable a las más atroces de las dictaduras golpeando de lleno al corazón del pueblo, por los crímenes, por la creación de un mercado de vendedores minoristas de droga (que según algunas estadísticas superan el millón de personas en todo el país) producto de la marginalidad y la miseria, “asfixiando” al pueblo mexicano.
Todo esto en un contexto donde la oligarquía financiera, que también se apoderó del Estado en México, y que no está fuera del negocio sideral del narcotráfico, y que sin ninguna duda puja en el terreno de la concentración económica como en todos los aspectos de la ganancia, máxime si tomamos en cuenta que México tiene 3.800 km de frontera con el principal consumidor de drogas del planeta, Estados Unidos. El narcotráfico es parte de la oligarquía financiera.
Pero como venimos afirmando desde nuestra visión internacional, la lucha de clases en el mundo cada día se tensa más, y es la hora de los pueblos.
El querido pueblo mexicano venía luchando y “sorteando” esta situación; y bastó un “hecho más” que ya no lo sería. La emboscada con 6 estudiantes muertos y el secuestro de otros 43 que realizó la policía por orden del intendente y luego se los entregó a un cartel de la droga, hizo estallar la ira acumulada, y el pueblo salió a las calles masivamente, poniendo en jaque al poder político y militar, al narcotráfico, y a los que se le crucen enfrente, generando una crisis política de dimensiones nunca antes vista desde la gesta de la Revolución Mexicana, por la profundidad política de cómo están sucediendo los hechos pues las más amplias mayorías movilizadas y enfrentadas al régimen a viva voz exclaman: “Enrique Peña Nieto no es el presidente de los mexicanos. Es el presidente del narcotráfico”.
Al grado tal llega la crisis que certeramente ante la afirmación gubernamental de que los jóvenes secuestrados ya fueron asesinados, el pueblo no les cree y reclama: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.