Potosí, es “famosa” por su Cerro Rico. En el siglo XVI, el coloniaje sometió a decenas de miles de aborígenes al servilismo para la explotación de plata; luego, en la fundación de la república de Bolivia en 1825, fue el pilar de recursos económicos, provenientes de la explotación minera.
Hoy, con una tasa de pobreza extrema del 50%, es uno de los departamentos más indigente, olvidado y desprotegido de Bolivia, y escenario de históricas luchas populares.
En los últimos 20 días, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) -organización conformada por representantes de distintas instituciones de las clases populares de la región, con el fin de luchar por los derechos de la ciudadanía Potosina y sus recursos naturales- y los trabajadores mineros, han decretado la huelga en el departamento, bloqueando todas las rutas de la región.
El reclamo formal es el incumplimiento por parte del actual gobierno de lo pactado en el 2009, donde se comprometía a “la construcción de un aeropuerto internacional, la instalación de una fábrica de cemento y otra de vidrio, la construcción de hospitales y la preservación del legendario Cerro Rico”. Pero la incorporación al paro de mineros y otros sectores de trabajadores, a punta de dinamita, ampliaron el pliego de demandas y llenan de espíritu clasistas la lucha, fortaleciendo así, las consignas cargadas de un sentimiento de fraude y engaño histórico.
La respuesta de la burguesía y su gobierno no se hizo esperar. Lanzo la represión, persecución y el encarcelamiento. El presidente Morales acuso a los rebeldes de “golpismo”, de estar «destrozando» la economía del país y sabotear su “proceso de cambio”. Llamó al partido de gobierno (MAS) a movilizarse y sitiar Potosí y denunció de que detrás del alzamiento estaban los chilenos, en un claro intento de azuzar los sentimientos chauvinistas provenientes de la centenaria disputa por la reivindicación boliviana de la salida al mar, y así desprestigiar la lucha potosina.
Todo para ocultar el llamado “paquetazo extractivista” que entrega a las grandes mineras (Glencore, Xstrata, Pan American, San Cristóbal) y petroleras (Repsol, Petrobras, Total Fina, Elf , British Gas) todos los recursos naturales y no perdonar siquiera a las áreas protegidas del país (donde se pretendía conservar algunos espacios de naturaleza, biodiversidad y bosques). Tampoco respeta los derechos de los pueblos indígenas, a los que se les niega y vulnera sus derechos constitucionales a la autodeterminación y la consulta; sino que a la vez y a favor de los intereses de los agronegocios (Nidera, Monsanto, Molinos Rio de la Plata, Grobocopatel) también arremete con un conjunto de medidas dirigidas a expandir la frontera agrícola, quemar y desmontar grandes extensiones de bosques y biodiversidad, e introducir cultivos extensivos en desmedro de los intereses del pueblo y a favor de la burguesía monopolista.
Estos son los hechos que desenmascaran el “verso” del “proceso de cambio” y la razón de fondo de la lucha del pueblo, que, en medio de un amasijo de contradicciones clasistas, resiste la arrogante y salvaje política de la oligarquía financiera y sus gobiernos, al tiempo que busca la salida a 500 años de expoliación, dominación y sojuzgamiento político e ideológico.