El 4 de agosto se firmó el acta acuerdo entre los dirigentes de ATE y el gobierno del MPN, tras el cual, el gremio de los estatales levantó el paro por tiempo indeterminado que había decretado el miércoles de la semana anterior, después de una reunión para discutir el incremento salarial del segundo semestre que, para ATE, debía compensar la inflación anual, calculada por el sindicato en un 48%.
Al término de la anterior reunión, la propuesta de los representantes gubernamentales, les pareció insatisfactoria a los dirigentes, quienes a su término y, ante las cámaras de los medios de comunicación regionales, se mostraron indignados y muy combativos, a tal punto que, amenazaron con sitiar la Casa de Gobierno y los ministerios.
Pero a los habitantes del Neuquén les sonaba extraño un lenguaje tan beligerante por parte de un gremio que históricamente aceptó sumas en negro y por única vez, que en más de una oportunidad levantó una medida de fuerza por el choripán y la coca.
Sin embargo, la farsa duró apenas una semana y los dirigentes de ATE fueron fieles intérpretes de las enseñanzas de otros próceres del sindicalismo provincial, como la maestra Marta Mafei y el también estatal Julio Fuentes que, gracias a sus dotes de conductores, hoy dan cátedra en la city porteña.
Durante los días que duró el conflicto, se movilizó una cantidad importante de trabajadores estatales que realizaron medidas de acción directa en toda la provincia. Hubo marchas, cortes de ruta y bloqueos de edificios públicos.
El martes 2 se sumaron a la huelga los docentes de ATEN y los trabajadores del sindicato ceramista; en la capital, juntos hicieron una movilización y cortaron los puentes que comunican Neuquén con Río Negro.
Tal grado de confrontación hacía pensar que esta vez sí se iba a luchar hasta conseguir un salario digno para los estatales. Pero la ilusión fue efímera.
Al día siguiente volvieron a reunirse los dirigentes de ATE y los del MPN (o del gobierno, que en el califato neuquino son la misma cosa). Allí acordaron el pago de una suma en negro y por única vez de $2.500 y volver a reunirse a partir del lunes 8 para negociar el incremento a partir del mes de agosto.
Aunque es lo habitual en la conducción de ATE, es imposible no mencionar su falta de solidaridad de clase para con los gremios que los apoyaron, los que ahora deberán luchar por sus reclamos en soledad.
Si se tiene en cuenta que desde que asumió el gobierno de los gerentes, los medios de «des» información se esfuerzan por mostrar como triunfos de la burguesía los despidos en los sectores más débiles de los trabajadores y por hacernos creer que la clase obrera está a la defensiva, dicho acuerdo podría parecer medianamente aceptable.
Pero si se considera que, muy por el contrario, en los últimos dos años, los obreros de las empresas monopólicas le infringieron una derrota tras otra a los capitalistas, cosa que los medios del sistema se ocupan de ocultar, la conclusión a la que se arriba es diametralmente opuesta.
Así planteadas las cosas, surgen algunas preguntas: ¿se justificaba una medida tan radical para después aceptar una suma en negro y promesas de un gobierno que se caracteriza por borrar con el codo lo que escribe con la mano? ¿El propósito de la huelga era la recomposición salarial o se disputaba con el gobierno por algo más?
Hace algunos meses la conducción de ATE presentó en la Legislatura un proyecto de ley para reformar la Ley 611 (ley mediante la cual se creó el ISSN), cuyo principal objetivo es hacer que la representación gremial sea mayoritaria en la administración del Instituto y, por ende, de su presupuesto. Más recientemente, el gobierno nacional emitió el decreto que reglamenta la Ley de Reparación Histórica para Jubilados; el mismo establece un plazo de 120 días para que la Nación llegue a un acuerdo con todas las provincias y compensar las asimetrías que pudieran existir en el sistema previsional (edad para jubilarse, porcentaje de aportes, años de servicio, haber inicial y movilidad de haberes).
Si esto llegara a concretarse, se produciría la armonización del sistema previsional o, lo que es lo mismo, se establecerían en la provincia las condiciones que establece el ANSES para jubilarse.
Es decir que, la caja jubilatoria quedaría separada de la caja asistencial y estarían dadas las condiciones para que los dirigentes de la CTA (no los trabajadores como afirman ellos), se queden con los recursos de esta última.
Alguno puede pensar que esto no es más que una especulación pero, la historia nefasta de los dirigentes sindicales y el descreimiento creciente hacia instituciones burocratizadas y antidemocráticas como la CTA, hace que los trabajadores, por lo menos, dudemos de sus intenciones.
Por otra parte, los burócratas de ATE y sus socios de ATEN, tal vez no tuvieron en cuenta que no les va a ser fácil retroceder después de haber movilizado a los trabajadores y realizado las medidas de acción directa de la semana anterior, las que generaron expectativas de lograr un salario que les permita acceder a mejores condiciones laborales.