Las políticas de Estado del gobierno macrista acentúan día tras día su condición de clase. Ya que son parte de la burguesía monopolista que detenta el poder del Estado e integran y expresan a sus diversas facciones y a sus negocios en el seno del gobierno. Sin embargo las agudas disputas por los grandes negocios, la concentración y la centralización del capital que dominan en el seno de la superestructura del Estado, no invalidan el hecho que a pesar de ello, la acción de gobierno como expresión de clase, se unifiquen en la reducción salarial, el aumento de la productividad y la instrumentación institucional de los mecanismos para implementar todo esto en beneficio de los negocios del poder monopolista, es decir profundizar la superexplotación y las condiciones de sometimiento. Es claro como el agua, que las reformas previsionales, las fiscales, la modificación de los convenios laborales, la reducción de personal y “gastos sociales” en el Estado, los despidos, la instrumentación de mayores mecanismos represivos, los ajustes y los mecanismos inflacionarios, obedecen sin dudas a los planes de los monopolios que se abalanzan sobre los negocios que pretenden realizar.
Pero en la aplicación de estas y otras decisiones económicas en contra de la clase obrera y el pueblo, el gobierno no puede renegar de la acción política. Parten de los intereses económicos, para implementar sus políticas, que al mismo tiempo que reflejan los intereses encontrados y las pujas por los negocios en su seno, están sujetas a una lucha de clases cada vez más aguda, que no solo no pueden sortear, sino que es la causa de sus empantanamientos, su carencia de claridad, sus idas y venidas, su debilidad política que deriva de su ingobernabilidad. El enfrentamiento de los de abajo en contra de las políticas de los de arriba es pues la causa de su desesperación a la hora de llevar “sus políticas al terreno real”.
La mina de Rio Turbio es un claro ejemplo de ello. El negocio está instrumentado por el grupo Corporación América cuya cara visible en nuestro país es Eurnekian quien de la mano de varios “inversores” multinacionales ha concentrando paquetes accionarios de varias petroleras hasta apropiarse de todos los recursos de la región minera. Prevé producir 1.200.000 toneladas anuales de carbón, más la puesta en funcionamiento de una central termoeléctrica para alimentar usinas a gas para la producción y venta de electricidad. Ésta que es la principal apuesta de este grupo monopolista, incorpora también la exportación de gas y carbón a Chile. Este negocio incluye la implementación de una línea férrea que diariamente lleve en sus 40 vagones el carbón tras la cordillera de Los Andes hasta completar las 50.000 toneladas mensuales. Con locomotoras nuevas marca Mitsubishi las primeras 30.000 toneladas fueron entregadas en enero de este año. Sin embrago, las restantes entregas, están paralizadas por el paro de los trabajadores.
Aunque desde hace años la mina de Rio Turbio es motivo de disputas intensas entre diversas facciones monopolistas. Desde hace años la lucha de los mineros se prolonga y se agudiza, más aún después del desastre de los 14 trabajadores muertos por un “accidente”. Con la asunción del macrismo, la Corporación América apuntala las posibilidades de hacerse con este negocio. El abandono de las obras del grupo Isolux-Esuco que la dejó terminada en un 60%, más las presiones y los aprietes sobre las demás empresas que tercerizan su producción, las denuncias de corrupción y sobreprecios, el encarcelamiento de un directivo de la UIA, del intendente, de varios funcionarios municipales y empresarios, son parte de la guerra que ventila la situación de apropiación total del negocio que Corporación América con el Estado y el gobierno de Macri a su servicio llevan adelante. No es casual que Aranguren Hable de “saneamiento y reestructuración”, se llene la boca sobre “la corrupción” y de pasada mencione la siempre presente “sustentabilidad”.
Sin embargo, en donde más pesar tienen los monopolios es en el enfrentamiento a los trabajadores y el pueblo de Rio Turbio que saben, que todas estas políticas solo buscan profundizar la superexplotación con menor salario y más productividad. Porque una cosa es el ataque mafioso a los núcleos más débiles de la burguesía, otra es enfrentar las masivas movilizaciones y la voluntad de no dejarse avasallar por estas políticas de hambre y miseria que los trabajadores y la amplitud de ese pueblo, desde su estado asambleario y el ejercicio de la democracia directa llevan adelante.
En noviembre del año pasado Aranguren había dicho “en la mina de Rio Turbio no se pueden pagar salarios tan altos… está sobrepoblada de trabajadores. Debería reducir su plantel en por lo menos 1000 trabajadores incluyendo al personal jerárquico, la reducción de salarios debería ser entre el 30% y 50% si es que queremos poner la mina en marcha”.
En días pasados -en la primera semana de febrero- el señor Aranguren en su visita a las instalaciones y en la reunión con una delegación de trabajadores y del pueblo dijo “la única manera de que nuestro gobierno revea la posibilidad de retomar a los 500 despedidos es modificando de cuajo el convenio colectivo de trabajo. Si no, no tenemos problema en echar a otros 500 trabajadores más”. Todo un síntoma de desesperación que más que una amenaza contra los obreros es un bumerang que tiene por resultado una agudización de enfrentamiento que empantana la prosecución del negocio y desnuda la incapacidad política de lograr el negocio y el sueño de grandes ganancias a costa del trabajo ajeno.
Ya desde la decisión de enfrentar la represión y los intentos de ocupación de la mina por la gendarmería, los obreros y el pueblo de Rio Turbio hicieron saber a principios de este año que no hay marcha atrás. Sin embargo, el miércoles pasado, en un golpe de mano desesperado, nuevamente la gendarmería de Bullrich, la de la Corporación América, la del Estado al servicio de los monopolios como órgano represivo y con la prensa oficial acicateando la represión, se hizo presente en Rio Turbio. Fue recibida con el repudio generalizado expresado en una masiva movilización y el estado asambleario del pueblo y con la asamblea de más 1500 trabajadores de la mina quienes no solo tomaron las palabras de Aranguren como una declaración de guerra sino, que frente a la gendarmería se aprestaban a redoblar la decisión asumida en enero. Ayer, frente a este estado de lucha la gendarmería tuvo que retirarse. De nada sirvieron las operaciones de prensa con encapuchados apareciendo en las redes y los medios amenazando con vos viscosa oscuras intenciones, ni las culpas a los K, ni la parafernalia con las detenciones, ni las acusaciones a sindicalistas, ni siquiera la impresentable y oportunista reincorporación de uno de ellos. Dicho por las propias asambleas, es un hecho que se avecinan más enfrentamientos y mayor masividad.
En los hechos el gobierno de los Ceos no sabe qué hacer. El mismo empantanamiento que en el INTI, el mismo fracaso político, las mismas incongruencias. La agudización de sus contradicciones y su debilidad son proporcionales al carácter de la lucha de clases. La voluntad de no dejarse avasallar y la unidad de los trabajadores y el pueblo camina por una senda real y concreta. En este marco la necesidad de un proyecto revolucionario es insustituible. Las locomotoras están avanzando a picos de enfrentamientos muy agudos y las ideas revolucionarias y de poder del pueblo no deben quedar ajenos a esta realidad.