Derechos de trabajadores y pueblo vs. “democracia representativa”

El discurso del poder, ya sea que se emita desde los medios masivos de comunicación, desde las instituciones políticas, judiciales o legislativas, o desde los ámbitos educativos y culturales en general, nos dice y repite que la “democracia representativa” es la forma de gobierno más perfecta y beneficiosa para la vida de los pueblos y que debemos respetarla a rajatabla.

Sabemos que el significado de “democracia” según el origen de la palabra (etimología) es: demos (pueblo), kratia (poder), o sea poder del pueblo. Repasemos cuánto de voluntad del pueblo hay en la “democracia representativa”.

Los “representantes” son aquellos candidatos que fueron elegidos mediante el voto para ejercer las funciones de gobierno y legislativas. Estos últimos son los que deciden en votación quiénes serán los jueces que impartirán justicia.

Hasta allí, entre la “democracia representativa” y el jardín del edén aparentemente no habría  diferencia. Pero detrás de todo esto está la clase dominante que basa su poder en la obtención de ganancia la cual se genera con el trabajo organizado y masivo de millones de proletarios, de la cual se apropia “legalmente” por el derecho que le da la tenencia de los títulos de propiedad de todos los medios de producción existentes (tierra, fábricas, empresas, bancos, máquinas, herramientas, medios de transporte, … en suma, de todo lo que se pone en movimiento en el país para producir, incluida la mano de obra de esos millones de trabajadores que se ven obligados a trabajar diariamente para la clase explotadora). Y, como si esto fuera poco, también se adueña de todos los recursos que recauda el Estado y dispone de los mismos como si fueran legalmente propios. Entonces la “democracia representativa” no sólo deja de ser el poder del pueblo sino que se transforma en una trampa para el pueblo.

El mecanismo es sencillo: la burguesía, con muchos recursos monetarios organiza partidos políticos cuyos candidatos, con el fin de ganar el voto popular y convertirse en “representantes” para ejercer la presidencia, gobernación o intendencia, convertirse en legisladores o concejales, o bien, asumir el sitial de jueces al ser elegidos por los “representantes”, prometen lo que el pueblo quiere, necesita y aspira alcanzar.

Una vez elegidos, hacen lo que conviene a los mejores negocios de sus verdaderos mandantes que no son quienes los eligieron, la masa de votantes, sino la parte de los tenedores de los títulos de propiedad de todos los medios de producción cuyo grupo político ganó, para lo cual es necesario defraudar todas las expectativas del pueblo quien los había votado depositando en ellos toda la confianza para decidir, ejecutar y legislar a favor de sus intereses.

Cuando el fraude a dicha confianza es consumado por esos “representantes”, según nos dicen ellos mismos, la “democracia representativa” debe respetarse y esperar a que terminen su mandato para volver a elegir a otros. Todo esto en el estricto marco de la ley. Con ello, los derechos del pueblo a “gobernar a través de sus representantes” quedan sepultados debajo de los intereses minoritarios del sector burgués impuesto por virtud de su poder monetario.

Esta es la trampa: Si existe fraude consumado en el no cumplimiento de las promesas y en la dirección contraria a las mismas de la política gubernamental y decisiones legislativas y judiciales, hay que cerrar los ojos, taparse los oídos y apretar los dientes hasta que se cumpla el mandato y volver a elegir… Y así en forma reiterativa, gobierno tras gobierno hacen, todos, lo que conviene a la parte más concentrada y poderosa de la clase dominante, la burguesía monopolista.

Los derechos del pueblo vulnerados, pisoteados, bastardeados y arrancados en forma engañosa, perversa y dictatorial por los “representantes” que ya no son más tal cosa y que pasan a ser enemigos de las aspiraciones populares, no pueden reivindicarse porque, la ley protege el fraude y la traición de los funcionarios. Y si la cosa se desborda, están los organismos represivos para poner orden. ¡Hermosa cosa la “democracia representativa”!

¡Es que hay que respetar la Constitución!, nos dicen a coro desde los púlpitos institucionales. Pero la propia Constitución que ellos mismos, los “representantes” aprobaron y que hoy está vigente, pone el derecho del pueblo por encima de las resoluciones políticas que los “representantes” tomen, ya sea desde el gobierno de turno, o desde el Congreso o Corte Suprema de Justicia, al decir en el preámbulo que el objeto es “…constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino…”

Es decir que, en esa letra, los objetivos surgidos de las necesidades y aspiraciones del pueblo están por delante de los mecanismos del funcionamiento de las instituciones y de la existencia de éstas. Son los supuestos representantes quienes se deberían subordinar al interés supremo del pueblo y no éste a la estabilidad del gobierno que lo traicionó. De tal forma que si el gobierno de turno va en contra de los intereses de las mayorías populares que todo lo producen, tenemos el derecho inalienable de no sólo oponernos sino de derrocar a quienes no cumplen ese mandato. Y ésa es la ley suprema que ellos mismos no respetan.

Luchar en contra de los gobiernos de turno que traicionan la voluntad popular no es sólo un derecho sino una obligación para con nosotros mismos y para con las generaciones venideras de trabajadores y pueblo laborioso, aunque tal derecho esté escrito o sea borrado de los documentos por quienes se monten en el poder sobre la base de su capital.

La “democracia directa” con sus organizaciones de base proletarias y populares, levantando las banderas de las aspiraciones y necesidades populares, que se viene poniendo en práctica en cada lucha del pueblo no sólo garantiza que los representantes ocasionales puedan ser removidos de su función en forma inmediata si no cumplen debidamente la responsabilidad para la que fueron elegidos sino que pone en movimiento permanente para proponer colectivamente, planificar y ejecutar todas las decisiones políticas y legislativas a la amplia masa mayoritaria de trabajadores y pueblo quienes constituimos la fuerza productiva y constructiva de esta sociedad contra la minoritaria, parasitaria y nefasta burguesía monopolista que nos gobierna.

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