El gobierno de los monopolios, gerente local de los grandes grupos económicos concentrados, implementa medidas y resoluciones, veta o promulga leyes, toma decisiones en materia de política internacional, etc., etc., persiguiendo un solo objetivo: el de sostener la función histórica del Estado al servicio de la dominación de una clase minoritaria sobre la inmensa mayoría del pueblo trabajador. La burguesía, entonces, se vale del Estado para sostener la explotación de las masas productoras de toda la riqueza.
Hoy, el gobierno de Cambiemos ha realizado una avanzada de graves e imprevisibles consecuencias para el pueblo argentino. Se oficializó el Plan de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que a partir de ahora podrán, a pedido del Ejecutivo, intervenir en asuntos que hasta ahora le estaban vedados, (en tiempos de democracia burguesa) y que involucran ni más ni menos que la seguridad interior, más allá de los vericuetos legales que se buscan sostener para negar los verdaderos planes del gobierno. Veamos:
1- Las Fuerzas Armadas serán utilizadas en el llamado combate contra el terrorismo internacional.
2- Podrán prestar servicios en la lucha contra el narcotráfico.
3- Operaciones establecidas en el marco de resoluciones de la ONU.
4- Custodia de los llamados Objetivos Estratégicos, que forman parte de una lista que va a confeccionar el Poder Ejecutivo Nacional.
Son de mayor importancia para nuestro análisis los puntos 1 y 4.
El primero es un claro complemento a la tristemente famosa “Ley antiterrorista” que, bajo la acusación de “terrorismo” abre las puertas al procesamiento judicial hacia la protesta política. Pero aquí no contamos sólo con la vaguedad de lo que este Estado considera “terrorismo”, sino que el punto cuatro, al hablar de “objetivos estratégicos” utiliza una amplitud en la que pueden ir desde las zonas de frontera hasta la custodia de los recursos naturales, sin dejar de incluir en ese listado a las empresas transnacionales monopolistas que pueden verse perjudicadas en el desarrollo de los procesos productivos por conflictos obreros.
Es decir que se habilitaría la participación de las Fuerzas Armadas en la represión de la protesta social. Lo cual se constituye en un acto de gravedad extrema si tenemos presente la historia reciente de nuestro país, cuando a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976 el Estado argentino se transformó en un Estado Terrorista y clandestino, y cuyo accionar costó 30.000 desaparecidos y miles y miles de presos y exiliados, en el marco de la represión ilegal.
Como señalamos, el Estado burgués hace uso de todos los medios a su alcance (económicos, ideológicos, militares, legales e ilegales) para sostener su dominación. Si tenemos en cuenta el alto grado de conflictividad social que es sostenido en virtud de la resistencia de las masas y sus organizaciones en contra de los planes del gobierno, no requiere demasiado análisis ni se resiste a la más elemental interpretación una medida como la que está tomando el gobierno de Cambiemos.
Frente a la resistencia popular contra las medidas económicas orquestadas por el Fondo Monetario Internacional, que acarrean más ajuste y miseria para nuestro pueblo, la burguesía endurece su posición y llama a la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior.
Veamos: las Fuerzas Armadas no son fuerzas de seguridad. Esta últimas, integradas por la Policía Federal, las policías provinciales, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía de la Ciudad, son aquellas que hasta ahora podían intervenir en materia de seguridad interior, y de hecho intervinieron en infinidad de manifestaciones, cortes de ruta, bloqueos de empresas y otras acciones de resistencia popular reprimiendo a mansalva y ocasionando heridos y muertos en las filas proletarias. Es decir, todas las fuerzas, las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad, están armadas y pertrechadas para reprimir al pueblo trabajador, en defensa de los intereses de la burguesía monopolista.
El gobierno, desbordado y a la deriva, navegando por las aguas turbulentas de la crisis política, implementa un nuevo recurso con este decreto hostil que pretende darle a las fuerzas armadas un nuevo protagonismo en el marco de la propia democracia burguesa.
La ley 24.059, referida a la seguridad interior, establece que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en el restablecimiento de la normal situación se seguridad interior, colaborando con las fuerzas de seguridad y bajo las órdenes del Presidente de la Nación, previa declaración del Estado de Sitio. El decreto lanzado por Macri estos días en cuanto al tema que nos ocupa, soslaya esta alternativa, y le da vía libre al Ejecutivo para convocar a los militares cuando considere. Por ejemplo, que algún “objetivo estratégico” se encuentre en peligro. Entre ellos, como dijimos, pueden figurar el patrimonio y las instalaciones de las empresas depredadoras como las mineras, que explotan a los trabajadores y se llevan la riqueza nacional, que le pertenece al conjunto del pueblo argentino.
El gobierno necesita incrementar el brutal ajuste. Su proyecto de gobierno es más hambre y miseria para nuestro pueblo. Pero saben perfectamente que sin represión, ese ajuste no pasa, ese ajuste choca de frente contra los intereses de las amplias masas trabajadoras que no están dispuestas a aceptar estas políticas. Precisamente por eso recurren a esta reforma que les de mayor libertad de acción, desde el punto de vista legal, para el uso del monopolio de la violencia.
Consideramos que el pueblo trabajador y las organizaciones de masas no van a dejar pasar así como así esta medida atroz del gobierno de los monopolios.
El pueblo argentino ha sostenido resistencias heroicas frente al avance de los grupos hegemónicos, como ha quedado demostrado en incontables gestas como el Cordobazo, el Rosariazo, el Correntinazo, la lucha contra la dictadura genocida, las marchas y concentraciones en defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo.
Para ello, será necesario para los trabajadores y el pueblo, organizar medidas de autodefensa, pues como se dice habitualmente, la mano viene dura. El ajuste feroz continuará y las consecuencias en términos de crisis económica serán severas para el conjunto de los trabajadores y sus familias.