En el día de ayer, 8 de noviembre, condenaron a César Arakaki y Daniel Ruiz, militantes del PO y el PTSU respectivamente, a penas de 3 años y cuatro meses y tres años. La sentencia del juicio es por la represión del 18 de diciembre del 2017, cuando las fuerzas represivas desalojaron Plaza Congreso frente a una extraordinaria movilización de 300 mil personas que buscaban impedir la sanción de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Macri.
Se trata de una clara posición del Estado burgués para condenar y disciplinar lo que fue la mayor movilización de masas contra el ajuste del gobierno anterior, con una importantísima participación de la clase obrera y su ejercicio, todavía incipiente, de la autodefensa.
Es bueno recordar que tras la represión se generalizaron cacerolazos y piquetes en todo el país. Por esos días, el gobierno de Macri tambaleaba frente a la movilización popular, y la posibilidad de un estallido que acabe rápidamente con el gobierno constituía una amenaza real, que se respiraba en el aire y tomaba forma concreta.
En ese contexto la burguesía se alineó en defensa de una institucionalidad que les permitiera profundizar el ajuste que estaba en curso, y que el gobierno actual ha profundizado. Recurrió a los sindicatos, organizaciones sociales, medios de comunicación y a todas sus herramientas institucionales para desmovilizar llamando a “esperar las elecciones” de octubre del 2019.
La represión del 18 de diciembre contó con unos 200 detenidos y decenas de imputados, siendo la mayor parte de las causas desestimadas y archivadas, salvo las de Cesar Arakaki, Daniel Ruiz y Sebastián Romero, quien cumple condena en arresto domiciliario.
Cabe destacar que Daniel Ruiz ya pasó 13 meses recluido en el penal de Marcos Paz sin condena, frente a lo cual su declaración fue contundente “Era de esperar que me condenaran para justificar los 13 meses de cárcel que pasé en Marcos Paz»» y para dar un mensaje a los empresarios que impulsan la reforma laboral (…)”.
Nada dice hoy «el progresismo» que firmó la paz social para darle continuidad al gobierno de Macri. Se han olvidado de la represión a jubilados, de cómo las fuerzas represivas ingresaban a locales arrojando gas pimienta o el caso de un joven atropellado deliberadamente con motos de policía, cuando éste ya se encontraba en el suelo.
El actual gobierno de los Fernández que tanto se la pasa hablando de la pesada herencia macrista ha manifestado una continuidad en el plan político represivo, como forma necesaria de la burguesía para profundizar su plan económico: más ajuste y flexibilización laboral.
La mejor muestra de ello es el ajuste todavía más pesado que ha realizado sobre los jubilados.
En tan solo una semana ha salido esta condena, que se suma a las gestiones de Aníbal Fernández para colaborar con el Estado chileno en la represión a mapuches y la extradición a Colombia de Facundo Molares, donde le esperan las peores vejaciones a los derechos humanos. Para colmo, el argumento del Juez Ríos todavía no se conoce, se dará a conocer recién el 4 de febrero ¡Es que la tienen que dibujar de cara a las elecciones!
Desde nuestro partido repudiamos este fallo que forma parte de un plan de la burguesía en cercenar las libertades políticas a nuestro pueblo para avanzar en la flexibilización laboral; en sus planes de hambre y miseria.
Defendemos el derecho a la autodefensa de masas, que ese día fue ejercida por el pueblo trabajador, frente a la represión del Estado y sus instituciones (desde las fuerzas represivas hasta el poder judicial y los dos ejecutivos de turno) en una carrera por ajustar todavía más nuestras condiciones de vida.