La devaluación dispuesta por el gobierno nacional el 14 de agosto significó un agravamiento descomunal de las condiciones de vida del pueblo.
La disparada inflacionaria pulverizó aún más los ingresos de las familias trabajadoras, tanto de los sectores registrados como el de la economía informal. La situación social de millones de compatriotas sufrió un nuevo y furibundo ataque producto de la política de la burguesía monopolista en su carrera incontrolable por la concentración y centralización del capital.
En ese marco se han producido los denominados «saqueos». Sin duda alguna, facciones del capital monopolista están fogoneando esta situación con el único fin de ganar terreno y posiciones en la disputa política con otras facciones; comenzaron utilizando a sectores lúmpenes de la sociedad para, con esas acciones, incentivar a porciones de la población empobrecida y pauperizada por sus propias políticas.
Debe decirse que, a diferencia de 2001, los hechos no han contado con la adhesión de las amplias masas trabajadoras.
Al mismo tiempo, también debe decirse que la conmoción social no puede sorprender a nadie. Cuando se arrincona a las masas con el nivel de impunidad y desprecio que muestran la burguesía y todas sus fuerzas políticas, las reacciones son inevitables aunque sean para paliar la dramática realidad y como una expresión más de la profunda crisis política, social y económica que atraviesa la Argentina.
Precisamente, los hechos desnudan hasta dónde la crisis política de la clase dominante provoca que nadie controle a nadie, que cada facción actúe por la propia. La burguesía en la Argentina no es capaz de garantizar estabilidad alguna.
Sobre ese escenario transcurren los acontecimientos. Las pruebas más fehacientes son las contradicciones expuestas por la propia fuerza de gobierno (con una vocera presidencial acusando al candidato Milei y un ministro de seguridad declarando que no tiene certeza de tal afirmación); la declaración de Patricia Bullrich pidiendo el estado de sitio (en un remedo grotesco de la experiencia del gobierno de la Alianza); el propio Milei justificando los hechos y luego desdiciéndose; o hasta la reaparición fantasmagórica de Raúl Castells “haciéndose cargo” de los «saqueos», en una actuación que confirma la calaña de ese personaje.
Pero semejante grado de crisis política no implica que la burguesía pierda la iniciativa. Hay quienes instalan más discurso represivo, quienes aprovechan electoralmente los sucesos, quienes quieren desprestigiar y aislar las luchas y demandas del pueblo trabajador, etc. En definitiva: utilizan la crisis para preparar el terreno de un mayor ajuste que necesita la oligarquía financiera.
Nuestro Partido señala claramente que la línea táctica a seguir es denunciar a la clase dominante y sus fuerzas políticas como responsables de la actual situación, al mismo tiempo que no debemos desviarnos de las tareas políticas de acumulación y organización de las fuerzas centrados en la clase obrera, como condición para que la misma avance en el terreno de la lucha política contra su enemigo de clase y pueda erigir una programa que unifique las demandas y necesidades del resto del pueblo explotado y oprimido.
Paralelamente, como ya lo hemos expresado luego de las elecciones, sostenernos en el terreno de la lucha de clases que más conviene a nuestros intereses inmediatos y mediatos. No dejarnos desviar de las demandas y conquistas de nuestra clase y nuestro pueblo organizando más el enfrentamiento y la lucha desde la independencia política absoluta respecto de las fuerzas y las políticas de la burguesía monopolista.