El día de hoy se realiza un “homenaje” a las “víctimas” del “terrorismo” del ERP y Montoneros. O sea: un homenaje a los milicos, a los torturadores y a los grupos parapoliciales. El acto está, organizado por Victoria Villarruel, candidata a vicepresidenta de Milei, desnudando el verdadero concepto de “libertad” que defienden estos candidatos: la libertad de represión.
Un acto como éste, en plena legislatura porteña, hubiera sido imposible en otro contexto, pero lo cierto es que la burguesía insiste en recomponer a las FF.AA. como institución, en el marco de una preventiva campaña anticomunista. Y decimos la burguesía, porque el patrimonio de revivir viejos trapos fascistas no le corresponde tan solo a la llamada “derecha”, entiéndase los Milei y las Bullrich, que prometen una represión desenfrenada.
No, no, no. El peronismo también tiene su cuota, y como siempre le correspondió, una importante pero silenciosa cuota. Esto viene de aquellos tiempos en que Milani fue incorporado al gobierno de CFK, pero lo cierto es que durante el último gobierno se han manifestado nuevos e importantes guiños al ejército: desde su utilización durante la pandemia, como fuerza asistencialista al mejor estilo aparato de alguna intendencia, construyendo obra pública para lavar su imagen, hasta la reciente reestructuración del plan de defensa nacional que coloca como eje central la “defensa de las cadenas de valor” como “nuevo concepto de frontera”.[1]
La reivindicación de los DDHH, los juicios a las juntas militares, a los torturadores, la recuperación de hijos y nietos; en fin, el famoso nunca más, fue una victoria de nuestro pueblo, conquistada a fuerza de movilizaciones y lucha antirrepresiva durante largas décadas.
Alfonsín no quiso enjuiciar a la junta militar, sino que se vio forzado a hacerlo por la presión popular: movilizaciones cotidianas, de masas; tanto estudiantes como trabajadores salieron juntos a pelear por ese famoso nunca más.
Años más tarde, en las postrimerías del 2001, la burguesía se veía acorralada para retomar la gobernabilidad y confianza a las instituciones. En ese contexto es que deben dar un paso atrás y reconocer muchísimos reclamos históricos del pueblo trabajador: entonces aparecen las paritarias; se generalizan los planes sociales para los sectores desocupados (que luego fueron siendo cooptados por el sistema punteril de los movimientos sociales); es en ese marco que Néstor Kirchner se dio una política específica para cooptar e institucionalizar a las organizaciones de DDHH.
Así arrancó un nuevo relato, en el cual no fue la movilización masiva del pueblo trabajador quien sentenció a la última dictadura militar, sino tan solo un círculo, esencialmente institucional, del progresismo ilustrado. Por extensión, se aplicó a la construcción de todo un relato más extensivo: no fue la clase obrera quien derrotó a la dictadura militar desde la resistencia fabril clandestina, sino “las organizaciones de DDHH” y los sindicatos (recordemos de paso que no fue sino hasta varios años entrada la democracia que la CGT reconoció la existencia de desaparecidos en dictadura).
El objetivo de esto no era otro más que montarse sobre la justa reivindicación de los DDHH que supo construir nuestro pueblo movilizado, pero no para reivindicar los DDHH, sino para garantizar la dominación política mediante el engaño.
Un ejemplo interesante sobre cómo se elabora este relato es la película 1985, que representa el juicio a las juntas militares. Allí, la movilización popular y la represión ejercida por el propio gobierno de Alfonsín mientras se llevaban a cabo los juicios están completamente ocultas. Pareciera ser que toda la movida fue netamente institucional, de arriba para abajo, cuando en realidad, fue producto del enfrentamiento de nuestro pueblo, de la lucha de clases.
Cooptadas las principales organizaciones de DDHH; montada toda una política institucional para ello, el problema de los DDHH pasó a ser selectivo: por un lado, la violación a los DDHH por parte de los gobiernos peronistas de turno fue cada vez más ocultada. Situaciones como el reciente asesinato de Facundo Molares, donde las organizaciones institucionales de DDHH estuvieron completamente ausentes para no opacar la fiestita electoral de las elecciones PASO, que tuvo lugar tres días después, son ejemplo de ello.
Es sobre esa cooptación política e institucional de la mayor parte de las estructuras de DDHH que se empezaron a levantar otros negociados, esta vez no políticos, sino económicos. El caso más famoso quizás sea el de Schoklender.
Pasó inclusive dentro del sistema de pensionados en el marco de la Ley de reparación histórica a ex presos y detenidos durante la dictadura militar: los distintos gobiernos de turno utilizaron la reparación histórica de manera discrecional, pero no para dársela a gente que no le correspondía, sino justamente para negársela a aquellos compañeros y compañeras que no estaban alineados con el gobierno de turno.
Esta es una de las leyes que quiere derogar la candidata a vice, Victoria Villarruel. Para que nos demos huna idea, hay 24.000 expedientes estancados en el poder judicial. Detrás de cada expediente hay casos de compañeros y compañeras que sufrieron cárcel y tortura a los 12 o 13 años, simplemente por haber presenciado algún acto de las fuerzas represivas, por estar en el “lugar incorrecto”, o por ser hijos de trabajadores organizados.
Hay sobrevivientes que han sufrido las peores vejaciones de la tortura, con severas secuelas psíquicas; hay sobrevivientes que jamás pudieron trabajar de forma regular, ya que quedaron excluidos del sistema de trabajo por la cárcel y sus secuelas.
Mientras el kirchnerismo trabó sistemáticamente la asignación de pensiones, para hacer política punteril, se montaron un discurso sobre los DDHH como si fuera patrimonio propio. Tanto abusaron del uso discrecional de este discurso, evitando referirse a las violaciones que ellos mismos cometen, y al personal que ellos mismos tuvieron dentro del gobierno (como Milei), que muchos sectores de la sociedad; muchos hijos de nuestra clase obrera, se empezaron a cansar y empezaron a reconocer en el concepto DDHH una muletilla progresista utilizada para justificar cualquier acto represivo del oficialismo. Así fueron manchando el nombre de la lucha por los DDHH en nuestro país: eso también es una forma de fortalecer al aparato represivo.
Agotada esta herramienta como forma de engaño, la burguesía está buscando relanzar la imagen de las fuerzas represivas. Entonces, pretenden instalar que el problema de la seguridad se resuelve con más fuerzas represivas; que la inestabilidad política del país es por los cortes de la Av. 9 de Julio -que, en realidad, no afectan absolutamente en nada a la gobernabilidad y la reproducción del capital en Argentina, ya que están completamente controladas por las instituciones del sistema-. Y muchos trabajadores absorben ese discurso ¿Lo hacen porque son fachos? No, lo hacen porque es el único discurso político que han recibido para tratar de encontrarle una salida a la angustiante situación social que vivimos.
Al contrario de como opina cierto progresismo y cierta izquierda, resulta completamente lógico que esto suceda cuando la clase obrera carece de conciencia política. Entonces, se sale a buscar salidas institucionales, razonando bajo la lógica propia de las clases dominantes, que son quienes no solo tienen el control político y económico de la sociedad, sino también el cultural.
Así, la ausencia de una alternativa política que denuncie y organice de frente estas políticas burguesas que pretenden apropiarse de nuestra historia y desfigurar el verdadero sentido de la lucha por los DDHH, termina germinando estos “monstruos” de la “derecha”. Los mismos quienes decidieron callar frente al asesinato de Facundo Molares, para luego vociferar que “votando en blanco se le hace juego a la derecha”, son quienes han generado las condiciones para que un día como hoy haya sectores de la burguesía a los que se les ocurre organizar un “homenaje” a sus perros guardianes: sádicos, torturadores y asesinos.
Debemos ser implacables en condenar la dictadura militar y sus verdugos, así como para denunciar el uso oportunista que el reformismo hace de los DDHH. En este sentido, cualquier posición a medias tintas, es, justamente, lo que se dice “hacerle el juego a la derecha”.
[1] Ver https://prtarg.com.ar/2023/04/01/el-anticomunismo-preventivo-de-la-burguesia-en-la-argentina/