Acorralada por la creciente desconfianza que las instituciones del Estado despiertan en las grandes masas populares, el convencimiento de que los intereses para quienes se gobierna son distintos y contrapuestos a los intereses del pueblo, la presidenta salió a decir que «las políticas económicas se deciden en la Casa Rosada y en el Parlamento de la Nación».
Su declaración es un certificado de pobreza política y no expresa otra cosa que la debilidad en la que está sumida toda la arquitectura política de la burguesía en el país, la cual no acierta a dar una puntada que logre engañar a obreros, trabajadores en general y pueblo que no creen en lágrimas de cocodrilo y que empecinadamente luchan, avanzan y se organizan contra las políticas que, con el fin de obtener las mayores ganancias a favor de los monopolios, los agreden diariamente.
En la historia de la pueblos, todos los gobernantes que entregaron las riquezas de las sociedades a un grupo minúsculo que se beneficia a costa del hambre y la miseria de las grandes mayorías, lo han hecho en nombre de los “intereses nacionales” o diciendo defender los intereses de los más humildes o los principios religiosos más puros.
Ningún gobernante que, a cambio de suculentos beneficios personales y de clase, ha entregado el presente y el futuro de los hombres y mujeres que construyen con sus manos las riquezas y todo lo existente en un país, ha entregado el patrimonio diciendo que venía a gobernar para los ricos, los poderosos y a exprimir al pueblo.
Aunque lo afirme en su discurso, aunque pretenda esconder su intención, aunque intente confundir, Sra. Presidenta, las decisiones de las políticas económicas y orientativas del rumbo del país opuesto al interés nacional y popular, se toman en las oficinas de los monopolios para beneficio exclusivo de los monopolios que acercan los proyectos de sus negocios a los funcionarios gubernamentales, congresistas y ejecutivos, que luego defienden con el aparato de justicia y seguridad a su servicio.
En tal caso, los parlamentos, nacional y provinciales, los ejecutivos, nacional y provinciales o municipales, y el aparato de justicia y seguridad que velan por los intereses monopolistas, no son más que extensiones de las oficinas de las empresas monopolistas y todos componen el conjunto del Estado al servicio de lo más concentrado de la burguesía que sólo es capaz de proyectar negocios inmediatos rifando, destruyendo, y oponiéndose a un verdadero proyecto nacional que sirva a los intereses del pueblo.
La única política que se decide a favor de estos intereses nacionales y populares es la que se discute, ejecuta y defiende en cada lucha obrera, de trabajadores y pueblo en general, la cual se generaliza, se profundiza en la práctica de la democracia directa y busca unificarse en la materialización de un movimiento revolucionario capaz de llevar adelante un proyecto que reivindique los intereses populares contra la ignominia de los monopolios y sus gobernantes.