A fines del siglo XIX se produjo lo que la burguesía denomina “la conquista del desierto”; para los pueblos originarios en cambio, este hecho no fue más que una guerra de exterminio cultural y físico.
Los sobrevivientes de aquella matanza que no fueron esclavizados y regalados a la clase dominante para trabajar como sirvientes o en tareas rurales y continuaron viviendo al sur del Río Colorado, fueron desalojados de las tierras fértiles y empujados hacia zonas desérticas. A partir del cambio de hábitat debieron modificar su medio de vida, dejando de ser agricultores para convertirse en criadores de ganado seminómades.
Con el descubrimiento del petróleo en las primeras décadas del siglo XX, el desierto, ahora ocupado por los pueblos aborígenes, comienza a ser codiciado por la burguesía para explotar los hidrocarburos que se encuentran en su subsuelo; se inicia así, una segunda conquista del desierto y, los habitantes de este territorio inhóspito, volvieron a ser perseguidos, violentados sus derechos y, en algunos casos, asesinados. Igual que la primera vez, los encargados de realizar dichas tareas, son las fuerzas represivas legales e ilegales del estado al servicio de la clase dominante.
En la Provincia de Neuquén, ante esta situación, las comunidades mapuche reaccionaron de distintas maneras.
Algunas decidieron negociar con las empresas petroleras y les cobran, en concepto de servidumbre, por el uso de sus tierras. No obstante, la relación entre las comunidades y las petroleras no es idílica, las primeras, a sabiendas que los hidrocarburos constituyen un recurso finito y que el territorio quedará inservible a causa de la contaminación, luchan por obtener el mayor rédito posible, lo que es resistido por las empresas, fieles a su política de depredación y maximización de las ganancias.
Otras comunidades en cambio, decidieron seguir ocupando el territorio conservando sus costumbres ancestrales. Pero esto choca de frente con los intereses de la oligarquía financiera quien descarga sobre ellas, toda su violencia de clase por medio de las instituciones del Estado. Para ello, cuentan con la connivencia, por acción u omisión, de organizaciones sociales y políticas, supuestamente populares.
Una de estas, es la comunidad Winkul Newen, ubicada en el paraje Portezuelo Chico, entre las localidades de Cutral Co y Zapala, a unos 30 kilómetros de esta última. Desde el año 2.000 aproximadamente, mantiene un conflicto con el monopolio petrolero Apache, debido a la grave situación de contaminación del territorio que ocupan por la explotación de un yacimiento de petróleo en el mismo.
Desde el inicio de la disputa, los integrantes de la comunidad fueron víctimas en reiteradas ocasiones de ataques con golpes y balas, efectuados por patotas contratadas por la patronal o pertenecientes al sindicato petrolero.
A finales del 2012, las actividades en el yacimiento se encontraban paralizas por la negativa de la comunidad a permitir que se continuara contaminando el territorio, que provocó la muerte de animales y el fallecimiento, primero de una bebé y posteriormente, de Cristina Lincopán, lonko (jefe) de la comunidad. Según las autoridades sanitarias, ambas se habrían producido por causas naturales, pero no explicaron el origen de esas causas, lo que hace presumir que las muertes, de animales y seres humanos, se debieron a los continuos derrames de petróleo y otras sustancias químicas, en la tierra y el agua y la formación de gases tóxicos en el aire.
El 28 de diciembre de ese año, llegó al territorio de la comunidad Winkul Newen, la Oficial de Justicia Pelayes para hacer cumplir la orden de desalojo dictada por la Jueza Ivonne San Martin, la cual habilitaba a Apache a ingresar y continuar con la explotación del yacimiento.
Cabe destacar que algunos empleados estatales, como los policías, no son trabajadores “comunes”, son el brazo ejecutor de las políticas represivas que lleva adelante el estado en defensa y representación de los intereses de la clase dominante. La misma función es cumplida por los oficiales de justicia.
Tal es así, que la Oficial de Justicia Pelayes, en el hecho mencionado, exigió la presentación del título de propiedad de las tierras que ocupa la comunidad, sabiendo que los pueblos indígenas habitan los mismos desde tiempos inmemoriales sin ninguna documentación que acredite su propiedad, y no sólo eso, además, afirmó que el desalojo se iba a realizar “por las buenas o por las malas”.
Lógicamente, los miembros de la comunidad se negaron a abandonar el territorio, ante lo cual, la oficial de la justicia de la burguesía intentó llevar a cabo el desalojo por la fuerza, haciendo avanzar a las topadoras y, con el apoyo de guardias de seguridad de la empresa Prosegur y de policías, ambos contratados por la patronal. Al mismo tiempo, se cerraron el acceso y la salida del territorio con vehículos de la seguridad privada y del sindicato de los petroleros. La comunidad resistió de la única forma que podía, arrojando piedras, una de las cuales le pegó en la cara a la oficial Pelayes provocándole una herida. Una vez atendida en un centro de salud, ésta realizó la denuncia y, como consecuencia de ello, el mismo día, en horas de la noche, fueron detenidos y alojados en la comisaria, Relmu Ñanco y Martin Maliqueo de la comunidad Winkul Newen y Mauricio Rain de la comunidad Wiñoy Folil, cuando se encontraban en la sede de la Confederación Mapuce de Zapala buscando asesoramiento legal.
En un principio se los acusó por “lesiones graves y daños”, delito que es excarcelable; posteriormente y, sin incorporar nuevos elementos a la causa, la carátula cambió a “intento de homicidio”; como es lógico suponer, el motivo del cambio es que este delito es no excarcelable. Queda claro que, al no poder comprarlos ni amedrentarlos, buscaron una alternativa para dejar libre el camino de la depredación.
Hasta aquí, la situación podría caracterizarse como normal, como una confrontación más en la lucha de clases, sin embargo, la posición asumida por organizaciones sociales y políticas que se autodefinen como representantes de los intereses de los trabajadores y el pueblo es, por lo menos, contradictoria.
En primer lugar, sobresale la actitud tomada por los dirigentes de SEJUN (sindicato de los trabajadores judiciales). Estos, con el argumento de ejercer la defensa de una “compañera” de trabajo agredida, apoyaron la causa en contra de los mapuches, acusados de intento de homicidio. ¿Cómo es posible que dirigentes elegidos por los trabajadores actúen de esta manera?
El resto de los dirigentes gremiales, tanto de la CGT como de la CTA asumieron una posición de complicidad, ya que, omitieron referirse al hecho. La única excepción la constituyó el sindicato docente de Zapala, que les brindó su acompañamiento.
La Multisectorial contra el fracking por su parte, si bien realizó charlas, movilizaciones, visitas a las comunidades afectadas por la contaminación provocada por la actividad petrolera, entre otras actividades contra la hidrofractura, tampoco se expresó al respecto.
Cabe preguntarse si los dirigentes de estas organizaciones dimensionaron las posibles consecuencias de la posición adoptada. ¿Qué pasará si estos compañeros son condenados sólo por arrojar piedras? ¿No piensan que se sentaría un precedente peligroso para cualquiera que decidiera luchar por sus derechos porque podría ser acusado mediante una causa armada por el enemigo de clase? ¿Si en lugar de un oficial de justicia, el lesionado hubiera sido un policía, también lo habrían considerado un compañero?
Hechos como estos, refuerzan nuestra convicción de que para enfrentar a la burguesía con posibilidades ciertas de obtener el triunfo, es necesario auto organizarse por fuera de las instituciones estatales y paraestatales, de manera horizontal y democrática, sin dirigentes rentados que hacen de la militancia un medio para lucrar. En esa lucha, que es por el poder, la clase obrera y el pueblo explotado deberán ocupar la primera línea de combate.