Se conocieron declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández, por primera vez luego del atentado del 1º de septiembre.
Además de referirse al mismo, hizo mención a la necesidad de acuerdos con la oposición. Sobre todo, en lo que respecta a la economía y, en particular, a la inflación.
Sobre ello afirmó: “Es lo más fácil discutir de números…En cualquier otra cosa, la política, la religión, es lo que cada uno piensa y siente, pero la gran ventaja que te da la economía es poder discutir sobre números”.
Se confirma así que, por un lado, las fuerzas del sistema están en conversaciones que fueron apareciendo como versiones durante la semana. Por otro lado, la intención de hablar “de números”, como dice la vicepresidenta, es la intención de los representantes de la clase dominante por ponerse de acuerdo sobre cómo seguir adelante con el ajuste. Ponen como el problema fundamental la inflación (que lo es, y vaya que lo es para la población asalariada) pero desde la perspectiva de cómo domarla desde los intereses de las empresas monopolistas.
Si bien la inflación ha servido como herramienta de aplicación del ajuste en marcha, la dinámica que la misma ha tomado (como expresión de la anarquía del capital) hace que los proyectos de negocios que el capital monopolista ha emprendido e intenta emprender se vean afectados desde la previsibilidad de sus ganancias, pero fundamentalmente, desde la perspectiva de una estabilidad política que hoy ninguna de las facciones de la clase dominante está en condiciones de garantizar por sí sola. De allí la necesidad de acuerdos entre las mismas.
Pero cuando la vicepresidenta menciona lo fácil que es ponerse de acuerdo “con los números” omite mencionar que lo que en economía puede cerrar en política hay que poder sostenerlo.
Cualquier plan antiinflacionario que se pretenda llevar a cabo implica una vuelta de tuerca más a los ingresos y las condiciones de vida de las familias proletarias. Implica más pérdida del poder adquisitivo y, como ya se deja entrever en algunos “planes” que se tiran al ruedo, el congelamiento de salarios y el aumento de la productividad laboral como condiciones indispensables.
Que la facción “nacional y popular” de las fuerzas burguesas admita la necesidad de sentarse con los hasta hace un momento sus enemigos acérrimos se explica, primero que nada, entendiendo que dicha facción es representante de los intereses monopolistas más allá de los discursos de barricada. Los tres años del actual gobierno así lo ratifican, aunque todavía ciertos sectores de su base electoral no quieran asumirlo.
El otro factor para entender esta iniciativa dialoguista es enmarcar la crisis estructural del capitalismo en nuestro país dentro de la crisis mundial del sistema.
Dicha crisis planetaria, lejos de superarse, muestra cada vez más crudamente sus efectos sobre inmensas masas de población del planeta. Muestra que la lucha intermonopolista mundial no tiene quien la pueda controlar; cada facción imperialista persigue la eliminación del contrario sea a través de la guerra, de las medidas que se imponen para que los Estados burgueses beneficien a tal o cual facción, del rescate abierto a las corporaciones, etc.
Todo ello bajo la impronta de descargar sobre las espaldas de las masas asalariadas del planeta todo el peso de su crisis con aumento de la inflación, cierres de empresas, restricciones de todo tipo al consumo de energía. Un escenario en el que mientras crece la luca intermonopolista crece el deterioro del nivel de vida de los pueblos. Y crece a la vez la resistencia de los mismos contra esas medidas.
Este marco de inestabilidad económica y política que se desarrolla en el planeta (que lejos de superarse amenaza con un agravamiento aun mayor) es el marco en el que la burguesía monopolista que actúa en nuestro país, ligada íntimamente a la oligarquía financiera mundial, debe ensayar más medidas que van contra los intereses de la clase obrera y demás sectores explotados y oprimidos.
Cualquier plan de estabilización económica que se intente lleva esa intencionalidad como un sello indeleble, por más discurso de ocasión que busque adornar las medidas de sometimiento.
Como dijimos en las declaraciones de nuestro Partido luego del atentado, no hay discurso de unidad nacional que valga. Tales discursos de unidad para superar la crisis tienen a las masas asalariadas como convidadas de piedra. Nuestro camino sigue siendo el de desenmascarar estos intentos de nuevos engaños y redoblar las tareas y los esfuerzos para seguir preparando las fuerzas desde abajo que estén en condiciones de enfrentar lo que la burguesía monopolista y sus fuerzas políticas de todo color están tramando en contra de nuestros intereses.
No creer, no confiar ni un punto ni una coma a las propuestas que provienen de los que son parte inseparable del sistema. Sus partidos, sus sindicatos, son elemento esencial como herramientas para impulsar este nuevo engaño por lo que es indispensable redoblar la lucha política e ideológica en el seno de la clase de vanguardia para construir su partido y todas las herramientas de lucha necesarias pera el enfrentamiento contra el enemigo de clase.